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Con el acceso no alcanza

El proyecto de ley de acceso a la información pública enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo es una buena noticia. Pero la accesibilidad a la información pública es sólo un aspecto para tener cuenta.

El proyecto de ley de acceso a la información pública enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo es una buena noticia. CIPPEC viene subrayando la necesidad de contar con una ley que regule el acceso a la información pública desde 2006. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar por unanimidad a la acción de amparo promovida por CIPPEC donde destacó "la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia".

 

Sin embargo, la accesibilidad a la información pública es sólo un aspecto para tener cuenta. Es indispensable discutir el antes y el después, el cómo y el para qué se produce información pública. El antes y el cómo implican pensar en la calidad de la producción de los datos públicos. El después y el para qué implican que la información esté disponible, de manera tal que se facilite su uso (preferentemente en formatos ágiles y digitales). Pero también debe cumplir con otros principios que ayuden a empujar el concepto de datos abiertos.

 

En primer lugar, es crítico asegurar la etapa previa al acceso, que es la de "producción" de información pública. Esto es, la existencia de información requerida de calidad, actualizada y que cumpla con estándares mínimos en su relevamiento y sistematización. La producción de información mejor y más eficiente afecta la calidad de la gobernabilidad y el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Para ello es necesario conocer las capacidades existentes en las agencias de estadística y hacer mejor uso de los datos que tenemos: verificar, editar, sistematizar y estandarizar datos y procesos de recopilación para lograr estadísticas representativas.

 

Pero también es indispensable mejorar el entrenamiento y conocimiento de nuevas herramientas para la recolección de datos y el análisis por parte de los funcionarios públicos. De este modo, hace falta promover la inclusión de metodologías innovadoras que generen información sistémica, pública y relevante.

 

Un asunto especialmente sensible es cómo se produce información pública de calidad sobre políticas públicas (específicamente planes y programas). Tomando el caso de las políticas sociales: sólo el 73% de los planes presenta objetivos cuantificables y medibles y sólo el 55% define una matriz de monitoreo. Esto deja a estas iniciativas en bajas condiciones de mostrar información que ni siquiera se produce. De hecho, ni siquiera existen requisitos formales y homogéneos para planificar y diseñar políticas públicas que sean evaluables.

 

En segundo lugar, además del acceso, es crítico incluir los criterios de la no discriminación, sostenibilidad y reusabilidad de la información pública para facilitar y promover la circulación de los datos a escala nacional.

 

Tenemos que hablar de no discriminación porque es indispensable que las personas o grupos sin distinción alguna pueda utilizar, reutilizar y redistribuir la información a la que acceden. El acceso a la información no debe estar restringido a determinados usos ni sujeto a copyright ni discriminar con base en conocimientos técnicos o capacidades tecnológicas de los usuarios. Además, es necesario mirar la reusabilidad, esto es, que los datos estén disponibles en formatos que permitan su reutilización, redistribución e integración a otros datos, para facilitar el uso interactivo de la información. Finalmente, es crítico mirar la sostenibilidad de la información pública: los datos tienen que mantenerse actualizados, se debe conservar una periodicidad de actualización y contar con procesos estandarizados sobre los formatos de publicación.

 

La ley y su debate son pasos ineludibles en la construcción de una mejor democracia. Es momento de pensar a largo plazo y aumentar la exigencia para garantizar producción, acceso y uso de información pública de calidad.