Área de Instituciones y Gestión Pública
Toda sociedad moderna aspira al progreso social con equidad, para lo cual es necesario lograr mantener largos periodos de crecimiento económico y, a medida que más países cumplen estos objetivos interdependientes, los aprendizajes al respecto comienzan a ser más contundentes. Al menos en lo que refiere a las sociedades occidentales, es ya un hecho aceptado que el desarrollo social y el progreso económico no son posibles sin un marco institucional democrático y eficaz sobre el cual sostenerlos. Dicho marco tiene varios pilares fundamentales, algunos de los cuales son objeto del trabajo de CIPPEC.
Los sistemas de justicia se remontan al origen mismo de las sociedades humanas. Es inherente a todo conjunto social organizar procedimientos para dirimir los conflictos entre las personas. La modernidad, a su vez, trajo consigo la consolidación de sistemas legales que protegen a los ciudadanos en su relación con el Estado, es decir de los individuos que logran hacerse de los mayores recursos de poder, ya sean económicos, militares, culturales o sociales. Se trata, por supuesto, de un camino que no fue rápido ni lineal, pero que eventualmente derivó en la división de poderes republicanos que hoy caracteriza a las democracias. Esta separación otorgó a los jueces la capacidad de marcar límites a quienes manejan el Estado, así como de hacer cumplir debidamente las leyes que la política establece y ejecuta. En la Argentina, donde el estancamiento que duró décadas debilitó enormemente al Estado, estamos aún lejos de cumplir con el ideario que la Constitución Nacional prevé para nuestro sistema judicial. La Justicia tiene serios problemas en su organización y en su capacidad de hacer cumplir las leyes, y los ciudadanos tienen muy diferentes posibilidades de acceder a ella, de acuerdo principalmente a sus posibilidades económicas. Esto cuestiona de raíz la legitimidad del sistema democrático, debilitando así el requisito básico que éste necesita para lograr cumplir su potencial de desarrollo social.
También la falta de transparencia en el manejo del Estado atenta contra la legitimidad de la democracia. En la Argentina venimos de años de profunda descomposición al respecto, y la ciudadanía parece no tener ya esperanza en cuanto a que el manejo honesto de los recursos estatales sea posible. El sistema democrático se justifica en el ideal de que el gobierno es de todos y para todos, y es por lo tanto imperante que el Estado logre legitimar el uso que hace de los cuantiosos recursos que recolecta de la sociedad. Para esto, es necesario poder acceder a la toda la información referente a las actividades del Estado. La diferencia del acceso a la información pública entre los países más avanzados en la materia y la Argentina es enorme. Las consecuencias de lo que puede parecer una cuestión algo abstracta son sin embargo enormes: sin transparencia no hay legitimidad; sin legitimidad no hay disposición a la contribución del financiamiento del Estado; y sin un Estado bien financiado no hay posibilidad de aplicar las políticas económicas y sociales que llevan a los niveles de equidad deseados.
También en la construcción misma de las reglas del juego político yace la legitimidad del sistema democrático. Son las instituciones políticas las que concretizan los criterios de representatividad en mecanismos concretos de distribución del poder. Una distribución injusta de los atributos de gobierno debilita la aceptación pública de las instituciones fundamentales de gobierno. Una legislatura que no logra representar cabalmente las diferentes voluntades y visiones de sociedad carece de fuerza para llevar adelante su tarea. Es así que en el diseño de los sistemas electorales, en las reglas de la competencia política y en el establecimiento de las condiciones para conformar agrupaciones partidarias, que se sostiene otra parte fundamental de la legitimidad de una democracia.
Por último, todo país moderno y de dimensiones más que mínimas, encuentra en los gobiernos locales el núcleo potenciador del aprendizaje democrático. Es en los municipios donde el ciudadano tiene más posibilidades de afectar el derrotero de las políticas públicas, y es en ellos donde el ideal del autogobierno abre algún resquicio de posibilidad. En la Argentina contamos con más de dos mil gobiernos locales, que de a poco comienzan a ejercer y reclamar sus capacidades de brindar soluciones a los problemas públicos. Fortalecer a los municipios es fortalecer a la democracia, y el camino a recorrer promete intensos desafíos de aprendizajes.
CIPPEC intenta hacer un aporte a este proceso, a través de los Programas de Justicia y Transparencia.
