Sólo cuatro provincias -Córdoba, Chubut, Santa Fe y Tucumán- cumplen con la obligación de informar públicamente el uso de sus presupuestos educativos, según lo impone la ley de financiamiento educativo, sancionada el año último.

Otras seis -San Juan, Santa Cruz, Chaco, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego- no difunden la información en sus páginas web, mientras que las catorce restantes presentan datos desactualizados o incompletos.

Así lo indica el tercer informe del monitoreo de la ley de financiamiento educativo, que puso en marcha el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), con el respaldo de organizaciones civiles, entre ellas la Fundación Diario LA NACION.

El trabajo señala, además, que ocho de las 15 jurisdicciones que establecieron por ley o en sus constituciones provinciales un piso mínimo del presupuesto para asignar al área educativa no cumplieron con esa meta en los últimos diez años.

La obligación de hacer pública y transparente la información sobre la ejecución presupuestaria de los gastos asignados a la educación está contemplada en el artículo 16 de la ley de financiamiento educativo, que obliga a difundir públicamente el detalle de los recursos en sus páginas web.

"La ley es reciente, pero las provincias que no tienen la información disponible tienen que empezar a hacer algo, para poder realizar los seguimientos parciales del presupuesto en el momento. Y es importante destacar el ejemplo de las provincias que cumplen perfectamente", consideró Axel Rivas, director del área de Educación del Cippec.

Entre las provincias que cumplen parcialmente con el mandato de transparentar los recursos hay situaciones disímiles. Por ejemplo, Entre Ríos, Neuquén y la ciudad de Buenos Aires ofrecen información sin actualizar; Río Negro y Salta dan datos actualizados, pero sin el detalle de la finalidad y la función de los recursos, y La Pampa y San Luis informan sobre el presupuesto, pero no cómo se ejecuta.

En deuda

"Si no está la información es por alguna cuestión técnica, y a la mayor brevedad va a estar disponible en la Web", dijo a LA NACION Carlos Landriel, ministro de Educación del Chaco, al ser consultado por la falta de información disponible sobre el presupuesto educativo de su provincia.

El informe señala que "el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo requiere un gran compromiso social y político, dado el esfuerzo fiscal que implica". Y menciona que la mayoría de las provincias se comprometió a asignar un porcentaje mínimo de su presupuesto -entre el 20% y el 33 %, según los casos- al área educativa. Sin embargo, ocho de ellas -Chaco, Chubut, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego- no lograron alcanzar ese umbral en los últimos diez años.