1.- Aumentar el conocimiento, la conciencia y la responsabilidad del gobierno frente a las necesidades jurídicas insatisfechas de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
2.- Fomentar una mayor transparencia en el sistema judicial, a partir del fortalecimiento de la capacidad de organizaciones de la sociedad civil para analizar y monitorear el sistema.
3.- Identificar y articular la demanda de servicios jurídicos de los sectores más desfavorecidos, capacitando líderes comunitarios y fortaleciendo su interés en que mejore el funcionamiento del sistema.
4.- Aumentar y mejorar la oferta de servicios jurídicos gratuitos a través de un mayor compromiso social de los abogados y la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil.
5.- Consolidar los principios del Estado de derecho, los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la justicia entre los sectores más vulnerables.
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