Si finalmente las toman como gasto corriente, deberían bajar otras partidas presupuestarias. Hasta ahora la discusión se desarrolló a nivel técnico, pero en algún momento requerirá una definición política. Las provincias dicen que la Ley de Financiamiento Educativo choca con los estrictos límites a la suba del gasto corriente que fija la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Pero para compatibilizar ambas normas, reclaman flexibilizar la segunda, para lo cual proponen que los aumentos salariales sean considerados una inversión y no un gasto. Está claro que esta segunda visión favorece a los distritos que están al borde de incumplir los parámetros vigentes. No es un tema menor, porque Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, al margen de este planteo, están reclamando algún tipo de asistencia adicional que les permita cumplir con los pagos de su deuda.