Respecto a lo que hacen los organismos descentralizados dentro de sus respectivas áreas de política, es posible distinguir una serie de funciones principales que les son asignadas por sus estatutos de creación, las cuales implican un diverso grado de intervención del Estado y de aplicación de su potestad regulatoria y coercitiva. Entre ellas se encuentran las funciones de archivo y preservación (museos, bibliotecas, bancos de datos); registro y certificación (documentación personal, patentes); control/auditoría (organismos que monitorean y realizan controles); investigación y desarrollo (centros de investigación); regulación (organismos que delimitan el alcance y funcionamiento de la actividad privada); pago de subsidios y becas (becas para investigación, subsidios para el fomento de actividades culturales, deportivas); provisión de servicios (hospitalarios, protección de derechos, culturales,viales); producción de bienes (industria manufacturera); y cuasi-judiciales (resolución de controversias sobre cuestiones tributarias).

Los OD con funciones de regulación son los que tienen mayor presencia tanto en términos organizacionales (30%) como presupuestarios (41% del gasto devengado por todos los OD en 2016). Las funciones de regulación han sido las más extendidas entre los organismos autónomos de la administración pública en distintos países siguiendo el modelo norteamericano de agencias regulatorias independientes (Peters, 2011). En Argentina, estos organismos se expandieron de forma rápida durante la década del ’90 en el marco de los procesos de privatización y descentralización del Estado. Les siguen los OD con funciones de provisión de servicios (fundamentalmente por la cantidad de hospitales con esta forma jurídica) y de investigación y desarrollo.