Ley de asignación familiar universal y equitativa

Proponemos modificar el actual esquema de transferencias para corregir la sus sesgos regresivos y reducir la infantilización de la pobreza.

Ley de asignación familiar universal y equitativa

El 45,6% de los niños/as menores de 18 años en aglomerados urbanos de la Argentina vive en la pobreza, frente a un 24,2% referido al resto de la población. Este fenómeno es conocido como infantilización de la pobreza.

El Estado transfiere ingresos a las familias a través de un subsistema contributivo (Asignaciones Familiares), otro no contributivo (Asignación Universal por Hijo-AUH), y la deducción del impuesto a las ganancias. Este esquema de transferencias es fragmentado e inequitativo. El valor de las prestaciones no siempre es progresivo, los criterios para percibirlas son heterogéneos y solo la AUH presenta exigencias para efectivizar parte del pago. Hay un gran porcentaje (25,5%) de familias con niños/as que no recibe ningún apoyo monetario. Más de la mitad de estos niños/as no fueron alcanzados a pesar de cumplir los requisitos normativos, y este porcentaje es mayor en los sectores más pobres.

Proponemos modificar el actual esquema de transferencias para corregir la fragmentación y la  inequidad actuales en pos de revertir los sesgos regresivos y la infantilización de la pobreza, al reorientar el gasto. Esta propuesta está basada en tres escenarios. El de máxima busca garantizar que todas las familias cuenten con los ingresos suficientes para no vivir en pobreza. Alcanzar esta meta implica una inversión incremental anual de $61.123 millones de pesos corrientes, lo cual representa un 0,58% del PBI estimado a 2017 y 1,54% del gasto público total estimado a 2017. El escenario intermedio implica una inversión incremental de $48.245 millones de pesos corrientes, lo cual representa un 0,46% del PBI estimado a 2017 y 1,11% del gasto público total estimado a 2017. Por último, la propuesta de mínima implica una inversión incremental total de Mínima: $14.516 millones de pesos corrientes, lo cual representa un 0,14% del PBI estimado en 2017 y 0,37% del gasto público total estimado a 2017.


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