Las informaciones dadas a conocer hace unas semanas por el Ministerio de Educación nacional y otros organismos sobre la evolución de la inscripción de alumnos en todo el país y en los distintos niveles de la enseñanza, confirman un diagnóstico adverso con relación al funcionamiento de la escuela pública.  

Las informaciones dadas a conocer hace unas semanas por el Ministerio de Educación nacional y otros organismos sobre la evolución de la inscripción de alumnos en todo el país y en los distintos niveles de la enseñanza, entre los años 2002 y 2006, confirman un diagnóstico adverso con relación al funcionamiento de la escuela pública.

Se aprecia un proceso de deterioro continuo, cuantitativo y cualitativo, que resulta decepcionante. Se torna así necesario y urgente adoptar políticas enérgicas que permitan salir del laberinto en que se encuentra el sistema educativo que, de seguir así, sólo promete una decadencia que afectaría severamente el futuro del país.

Seleccionando los datos principales de una compleja realidad, se plantean varias cuestiones. En primer lugar, una declinación de la matrícula en todos los niveles de la enseñanza estatal. La reducción alcanza al 10 por ciento en el lapso arriba señalado, aunque no es uniforme en todas las jurisdicciones. La mayor se observa en la provincia de Buenos Aires (346.000 alumnos menos con relación al año 2003) y el área más preocupante de abandonos se presenta en el conurbano bonaerense (256.000 alumnos dejaron las aulas).

En segundo término, algo menos de un tercio de la declinación registrada en las inscripciones no implica abandono de la escuela sino traspaso de estudiantes de escuelas oficiales a establecimientos del sector privado. Esa transferencia no sólo se ha dado en los niveles inicial, primario y secundario, sino también universitario en la última década. La decisión de cambio no se ha producido sólo con chicos de clase media o alta, sino que la han adoptado numerosas familias de menores recursos.

Si se tiene en cuenta el prestigio que supo tener la escuela oficial, este cambio en las decisiones familiares debe ser analizado con franqueza y objetividad. De acuerdo con lo observado en estos años, con las declaraciones de funcionarios y especialistas entrevistados y con las razones expuestas por muchos padres, esa tendencia se fue afirmando a causa de la discontinuidad de las clases en las escuelas del Estado afectadas por las huelgas docentes, que han impedido el cumplimiento de los 180 días de clases fijados legalmente, y el mayor ausentismo de sus profesores, todo lo cual supone horas perdidas para el aprendizaje. Pueden agregarse, además, problemas de disciplina y deficiencias de infraestructura en los establecimientos estatales.

En tercer lugar, los alumnos matriculados en las escuelas privadas no son todos los alumnos que dejaron la escuela estatal. Hay un número que deja el secundario para ocupar lugares de trabajo precarios y que, más tarde, podrán revisar esa decisión y completar la enseñanza media en escuelas de adultos. Eso es lo deseable y hay que alentarlos para que lo hagan. Por fin, otro conjunto significativo no estudia ni trabaja y se ubica en una zona de riesgo que lo empuja a la indigencia, la exclusión o el delito. Este es un problema que obviamente requiere la mayor atención y que el Estado busca ahora resolver con el programa Jóvenes con más y mejor trabajo, lanzado recientemente por el Ministerio de Trabajo.