28/3/2012

Contradicciones del federalismo fiscal
Existen marcadas diferencias en la situación socioeconómica de las provincias que determinan las posibilidades de cada Estado provincial de recaudar y ejecutar su gasto público. Por su parte, el gobierno nacional tiene algunos mecanismos para equiparar estas diferencias y así promover cierta igualdad para todos los habitantes, independientemente del lugar donde vivan.

El principal mecanismo teóricamente destinado a este fin y mediante el cual el gobierno nacional envía automáticamente fondos a las provincias es la coparticipación. Estos montos están definidos sobre la base de coeficientes establecidos en una ley de 1988. Así, en el 2009 se transfirieron $ 52.000 millones; en el 2010, 82.000 millones y en el 2011, 107.000 millones. Sin embargo, existen otros caminos paralelos al laberinto de la coparticipación a través de los cuales la Nación acerca fondos a las provincias, por ejemplo, mediante el envío de transferencias corrientes, de capital o mediante la ejecución de gasto de forma directa con fondos de su propio presupuesto.

En materia de recursos propios (recaudación tributaria sumada a otros ingresos provinciales, como por ejemplo regalías), las provincias que mejor se ubican al observar los ingresos corrientes per cápita son las de la región sur: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Chubut, no así Río Negro, que se ubica en el medio del ranking. Por su parte, las norteñas Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Salta son las que menos recursos corrientes per cápita generan.

Al observar las transferencias por coparticipación y otras automáticas por habitante que envía el gobierno nacional a las provincias, los ciudadanos más beneficiados son los de provincias poco pobladas: Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. Algunas de ellas coincidentemente son jurisdicciones que poseen altos índices de vulnerabilidad social, pero otras podrían ser consideradas "provincias ricas" dado que tienen altos niveles de ingresos propios. Los habitantes de las provincias más pobladas como los porteños, bonaerenses, mendocinos, cordobeses y santafesinos son, por el contrario, los que menos transferencias automáticas reciben. Si bien algunos de estos índices son cuestionables, vale aclarar que la Nación poco puede hacer para modificarlos, dado que, como se dijo, están establecidos en leyes que poseen más de 20 años y que es muy difícil modificar.

Sin embargo, el gobierno central cuenta con otros mecanismos que permitirían saldar parte de estas diferencias y dar a todos los ciudadanos un piso mínimo de igualdad. Por una parte, transfiere fondos a las provincias para efectuar gastos corrientes y de capital (en el 2010 envió $ 39.000 millones, un 14% del presupuesto de ese año). Por otra parte, ejecuta directamente de su propio presupuesto diversos programas de gasto nacional en el territorio de las provincias. Algunos de estos programas poseen criterios de distribución que dan espacio a la discrecionalidad, y en ocasiones hasta profundizan las diferencias entre provincias.

Al sumar este gasto no automático y en parte discrecional del gobierno nacional sobre la base de datos del 2010 y el 2011, surge un curioso patrón de provincias más y menos favorecidas. Si bien los ciudadanos más beneficiados parecen ser los porteños –que habrían recibido $ 22.554 per cápita–, vale tener en cuenta que a la Ciudad se asignan gastos de administración de los programas que no son fáciles de asignar geográficamente. Llamativo es, en cambio, que el segundo puesto lo lleven los santacruceños (con $ 14.200), siendo Santa Cruz una provincia de ingresos medios y bajo nivel de pobreza. Muy por detrás siguen los riojanos, con $ 6.270. En el otro extremo, los que menos recibieron fueron los santafesinos ($ 1.125 per cápita), los bonaerenses ($ 1.303), los salteños ($ 1.323) y los puntanos ($ 1.346).

Río Negro se ubica siempre a mitad de la tabla: en el 2011 la provincia recibió de forma automática $ 5.308 en promedio por cada habitante, algo más que los entrerrianos, que recibieron $ 5.223 por habitante, aunque estos últimos sean casi el doble. A su vez, sus vecinos pampeanos reciben bastante más: $ 7.800. Y los vecinos del sur, en Chubut, algo menos, con $ 4.363 por habitante.

Si se observan las transferencias no automáticas en el 2010, por cada rionegrino se enviaron $ 1.548, aunque nuevamente por cada pampeano se transfirió más ($ 2.268) y por cada chubutense menos ($ 619). Sin embargo, el gasto flexible del gobierno nacional en las tres provincias pareciera intentar ser un poco más equitativo, dado que Río Negro recibió $ 1.317 por habitante, La Pampa $ 1.852 y Chubut $ 1.505.

Si los fondos enviados por la Nación tienen en este caso cierta lógica, en otras regiones no resultan todo lo "federales" que deberían ser. Por citar algunos ejemplos, sólo observando el gasto directo de la Nación en las provincias, en el 2011 los puntanos recibieron $ 727 per cápita, mientras que los chubutenses, que son casi la misma cantidad, recibieron $ 1.500. Entre Ríos recibió casi tres veces más fondos que Salta, a pesar de tener sólo 10.000 habitantes más. Las provincias del Noreste también son tratadas de manera desigual: Formosa es la que más recibe, con $ 2.700 per cápita; Chaco, con el doble de población, recibió unos $ 1.500, mientras que Misiones, con similar número de habitantes y condiciones sociales que Chaco, recibió $ 655 por cada habitante. Así, existen numerosas muestras de la falta de un criterio igualador al momento de distribuir los fondos.

El análisis de estas transferencias y los ejemplos de algunas contradicciones que aparecen en nuestro federalismo fiscal resultan útiles para recordar que el reparto de los recursos públicos, especialmente de los programas dirigidos a mejorar la situación social y la infraestructura de las provincias más rezagadas, debería responder a criterios objetivos como necesidades básicas insatisfechas (NBI), falta de acceso a servicios básicos y nivel educativo, entre otros, de la mano de un sistema confiable de estadísticas. Esto podría ser un buen comienzo para apuntar hacia la equidad distributiva y la igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino.

Luciana Díaz Frers y Estefanía Casadei, directora y analista del Programa de Política Fiscal de Cippec
Sección: Política Fiscal | Fuente: Río Negro