Este documento analiza la Ley de Educación Nacional, una oportunidad histórica para revisar y revalorizar la educación como derecho social garantizado por el Estado. Además, recomienda crear tres instituciones políticas clave para estructurar un sistema educativo más justo y democrático: una Escuela de Gobierno de la Educación, un Sistema de Medición de la Equidad Educativa y una Defensoría del Derecho a la Educación.