La inversión en infraestructura es crucial para promover el crecimiento con equidad en la Argentina. Por un lado, la infraestructura contribuye a lograr una mayor cohesión social, calidad de vida y responsabilidad ambiental. Por el otro, el desarrollo de redes de infraestructura eficientes posibilita una mejor conectividad y mayor productividad.

Actualmente, cerca de la mitad de la población argentina no accede a servicios cloacales y más de un 15% no accede a la red de agua potable en sus hogares. El desbalance energético alcanzó un récord histórico de más de US$ 6.000 millones, los cortes al servicio eléctrico aumentaron dos veces y media desde 2003 y los subsidios al transporte y la energía ascienden a alrededor del 5% del producto. Una de cada diez llamadas de telefonía móvil no puede ser completada en la ciudad de Buenos Aires y la velocidad de la banda ancha de internet es casi un 40% más lenta que en los países líderes de América Latina y el Caribe.

El próximo gobierno enfrentará, por lo tanto, un desafío de magnitud histórica: cerrar la brecha de infraestructura. Redes de transporte deficientes, una situación crítica en el sector energético, cobertura deficiente de servicios de agua y saneamiento y un sistema de telecomunicaciones ineficiente demandan una estrategia decidida de reforma e inversión masiva en el sector de infraestructura económica.