Este documento contribuye con el debate en el Congreso de la Nación por la sanción una ley nacional de acceso a la información pública. Para ello, presenta algunos aprendizajes derivados de la implementación del Decreto 1.172/03, que regula el acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. Además, recoge una serie de recomendaciones para que la ley sancionada garantice, entre otras cuestiones, el principio de informalidad; una legitimación activa amplia; el establecimiento claro y taxativo de las excepciones; la creación de una autoridad de aplicación autónoma y autárquica, y de una autoridad receptora de denuncias, y la habilitación de una vía judicial rápida.