El pacto fiscal reconoce que se necesita una nueva ley de coparticipación pero no establece un plazo

¿Pacto fiscal o nueva ley de coparticipación?

Existen desequilibrios en la asignación las potestades tributarias y las responsabilidades de gastos entre la nación y las provincias. Los gastos se descentralizan en los gobiernos de provincias y municipios pero los recursos se centralizan en el nivel nacional. Este desbalance vertical es compensado por trasferencias, que además buscan resolver el desequilibrio horizontal, entre provincias ricas y pobres, con diferentes capacidades fiscales.

La Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 es la base del régimen de transferencias. Existen además regímenes especiales complementarios derivados de la coparticipación o de impuestos específicos –como los destinados al financiamiento educativo y al fondo del Conurbano- y otras trasferencias discrecionales. Las transferencias automáticas son las de los recursos de la coparticipación, las leyes especiales y el Fondo Federal Solidario (FFS). El resto se consideran discrecionales, que pueden financiar gastos corrientes o de capital.

Entre 2005 y 2016 las transferencias giradas por la nación a las provincias aumentaron de 7,7% a 8,7% del PBI. Sin embargo, los fondos dirigidos a las provincias redujeron su peso tanto en la recaudación nacional como en la provincial. Pasaron de representar 37,7% de los recursos tributarios nacionales en 2005 a ser 33,9% de ellos en 2016. Las automáticas fueron 28 % de los recursos tributarios nacionales en 2016, igual que once años atrás, aunque incluyendo los recursos del FFS creado en 2009. Por su parte, las discrecionales cayeron de 8,8% en 2005 a 5,7% el año pasado.

Las transferencias a las provincias también redujeron su participación en el total de los recursos provinciales. Pasaron de representar 57,6% en 2005 a 50,8% en 2016. Las automáticas pesaban 44,2% y el año pasado fueron 42,3%, mientras que las discrecionales cayeron de 13,4% a 8,5%.

La centralización de recursos data de principios de los ‘90, cuando las provincias cedieron recursos para financiar el rojo de la seguridad social. Luego, a principios de la década pasada, se agudizó por la creación de impuestos no coparticipados o coparticipados parcialmente (retenciones, impuesto al cheque).

La restitución a las provincias del 15% mejoró la institucionalidad del sistema al incrementar los recursos de carácter automático, pero no logró revertir la centralización previa. El reciente pacto fiscal entre la nación y las provincias redistribuye recursos entre ambos niveles (afecta el 100 % del impuesto al cheque a la ANSES, elimina el art. 104 del impuesto a las Ganancias, establece compensaciones a las provincias).

Es positivo en términos de devolución de recursos para las provincias. Sin embargo, resta aún resolver si estas compensaciones serán parte del régimen de coparticipación actual o de uno paralelo. En cualquier caso, si bien se garantiza que los fondos serán de remisión diaria y automática, continúa pendiente el debate de una nueva ley de coparticipación. El nuevo acuerdo fiscal lo reconoce, pero no establece un plazo para alcanzar ese objetivo, por lo cual no alienta demasiadas expectativas.

Autor


Walter Agosto

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