En la Argentina, los hogares liderados por mujeres tienen más probabilidades de caer en la pobreza

El 3 de junio de 2015, frente al Congreso de la Nación, las mujeres reclamaron por el fin de los femicidios. No fue la primera marcha de mujeres en la historia, pero sí marcó un punto de inflexión para la actualidad de las argentinas: la agenda femenina empezaba a hacerse visible de una manera masiva. Los políticos tomaron nota de los reclamos y ese movimiento, ahora, se refleja tanto en la cámara alta como en la baja, aunque aún no se haya alcanzado la paridad de géneros.

“A fines de noviembre, Diputados aprobó la Ley de Paridad de Género en las listas electorales, que se aplicará por primera vez en las elecciones de 2019. Si bien hemos mejorado, en ambas cámaras se está lejos de llegar al 50 por ciento de representatividad para cada género. En el Senado las mujeres alcanzan el 43 por ciento, mientras que en Diputados solo el 38 por ciento”, aclara Matías Pellegrini, director del área de Análisis Político de Directorio Legislativo. Esta fundación, que monitorea el funcionamiento de las cámaras, asegura en su análisis de las sesiones ordinarias de 2017, que solo 4 por ciento de las leyes promulgadas están relacionadas a la temática de género.

“Lo que hoy vivimos es gracias a la construcción del movimiento de mujeres, más de 30 años de una dinámica de movilidad social que viene dando discusiones muy intensas. Son los movimientos sociales los que logran marcar agenda. A fines de los ’90s, estos fueron los que pusieron luz sobre lo que pasaba con los sectores oprimidos; son las mujeres las que en tiempo de crisis se ponen al frente. Ahora, desde la marcha de Ni Una Menos, juntas consensuamos una agenda común y se la marcamos al Gobierno”, asegura Gabriela Estévez, diputada por el Frente para la Victoria (FpV-PJ), quien presentó diversos proyectos vinculados a la paridad y a la violencia de género en áreas como el deporte o el Poder Judicial, e incluso una reforma a la Ley de Protección Integral de las Mujeres para que incluya la violencia política contra el género.

“Esta es una oportunidad y la tenemos que aprovechar, porque durante muchos años no fue así. El Gobierno se vio en la obligación, estos temas no eran parte de su agenda. En el anterior se dictaron leyes como la de identidad de género, el matrimonio igualitario y la de violencia contra las mujeres; todas ellas son de vanguardia”, continúa la legisladora.

En concordancia con el discurso del presidente Mauricio Macri del 1º de marzo, Brenda Austin, diputada por Córdoba de Cambiemos, también cree que estos temas estaban en la marginalidad, pero le reconoce al Gobierno una postura activa. “Ganamos centralidad en la política, la Ley de Paridad generó consecuencias, los bloques mayoritarios entendieron que son temas que nos preocupan a las mujeres. A esto se suma que, en el Congreso, se está discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Ya no se apela a meter los temas debajo de la alfombra, sino que se discute seriamente; se dejó de dividir en múltiples comisiones para que nunca se llegue a tratar”, afirma Austin.

Aborto legal

Es la séptima vez que se presenta en el Congreso una ley para legalizar el aborto, pero esta es la primera que se logra pasar a plenario y estar camino a comisiones (se discutirá en las de Legislación Penal y en General, Familia y Salud). “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, exige el lema del proyecto, y legisladoras de distintos partidos se han unido para que este debate no caiga. “Hay que romper el tabú, los falsos paradigmas, la simplificación entre elegir el derecho a la vida o no. Debemos discutir sabiendo que el aborto clandestino existe. Hay que pensar el rol del Estado: ¿debe ser penalizador o tiene que impulsar políticas reproductivas? También notamos una posición de retraso en salud sexual reproductiva. El Presidente habló del embarazo adolescente y las resistencias para efectivizar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI)”, enfatiza la representante de Cambiemos.

Por su parte, Laura Belli, presidenta de Economía Feminista, describe: “En la Argentina, solo se explica la mortalidad materna por los abortos ilegales. Legalizarlo es un tema de derechos, hace a la integridad física que recae en las mujeres. En Uruguay, por ejemplo, lograron bajar la tasa de mortalidad materna a cero luego de volverlo legal. Nuestros vecinos son la excepción, porque, cuando miramos el mapa, del meridiano para abajo están los países con normas más restrictivas en cuanto a la interrupción del embarazo. Hay que tomar esta oportunidad gestada por los muchos movimientos de mujeres: en las calles, en los medios; los legisladores ya no pueden mirar para otro lado”.

Paridad salarial

Aunque sorprenda, el reclamo de igualdad salarial es del siglo pasado, y no se ha resuelto aún. En este derecho, el país modelo es Islandia, que a principios de este año se transformó en el primero en cerrar por ley la desigualdad salarial: allí, ahora es ilegal. En dicha nación, las empresas con más de 25 empleados deben auditar los sueldos de todos sus integrantes, incluyendo los complementos salariales. Las que estén en orden recibirán un certificado emitido por el Gobierno, las que no, serán sancionadas económicamente. ¿Qué sucede en la Argentina? “Todavía falta mucho para equiparar la brecha: ganamos un 27 por ciento menos que los hombres. A esto se suma que las tareas de las mujeres más pobres suelen ser en empleos no registrados, que son los primeros que se pierden, no tienen paritarias y les paga un patrón. En este segmento, la brecha salarial es del doble que en el empleo registrado”, responde Julia Strada, integrante del Centro de Economía Política (CEPA).

El nuevo proyecto que el Ejecutivo presentó durante los primeros días de marzo reconoce esta discriminación salarial, pero –advierte Candelaria Botto, coordinadora de voluntarios de Economía Feminista– “no establece cómo el Estado debe intervenir para controlar esto; sucede lo mismo con las guarderías, de las que nadie se hace cargo”. Otro tema incluido en el texto es que plantea la extensión de la licencia por paternidad (hoy es de dos días) a 25 días (su par anterior disponía que fuera de 15), aunque, refuerza Botto, “igualmente el tiempo sigue siendo menor al de la mujer”.

“A nivel mundial, las mujeres se encuentran en situación de pobreza más frecuentemente que los varones. En la Argentina, los hogares liderados por mujeres tienen más probabilidades de caer en situación de pobreza que los encabezados por varones. Además, 41 por ciento de las mujeres en edad activa no cuenta con ingresos propios (frente a 16 por ciento de los varones en esta situación). A esto debemos sumar que a las mujeres les cuesta más salir a buscar trabajo por las responsabilidades que tienen en sus hogares. En el país, solo 56 por ciento son económicamente activas (frente a 81 por ciento de los varones) y la brecha aumentó en los últimos años para las jóvenes”, agregaGala Díaz Langou, directora del programa de Protección Social de Cippec y co-chair del taskforce de Equidad Económica de Género del Think 20 (T20), uno de los grupos de afinidad del G20.

El cupo

“Ahí van las locas del cupo”, les decían cuando caminaban rumbo a sus despachos. Era el final del la década del ’80 y las mujeres de los distintos partidos se habían unido para conseguir un logro para el género: querían la Ley de Cupo, que finalmente fue sancionada en 1991 con el número 24.012. “En aquel entonces, el proyecto, de Margarita Malharro de Torre y María Teresa Merciadri, no se trataba. Lo que pasaba era que había pocas mujeres en la cámara. Entonces, las dos autoras convocaron a Florentina Gómez Miranda y como, por su edad, estaban más allá del bien y del mal, se juntaban de varios bloques e iban a los despachos a buscar a los legisladores. Cuando les preguntaban de parte de quién, ellas solo decían ‘unas señoras’, no se identificaban para no ser evadidas. Entendieron que el cupo era una cuestión transversal, querían dejar su legado”, recuerda Alicia Migliore, integrante de la Red de Mujeres Radicales y secretaria del comité central de Córdoba del partido.

“La Ley de Cupo fue de avanzada, incluso lo fue nuestra Ley de Voto Femenino. A esto se suma la actual de paridad, pero aún falta: queremos estar en las tomas de decisiones, porque creemos que estamos subrepresentadas en los cargos ejecutivos, sobre todo cuando sentimos que quienes están en ellos no nos representan”, lanza Estévez, al tiempo que Migliore manifiesta: “El problema es que los hombres siguen haciendo las listas. Nosotras tenemos ‘el poder delegado’ y no es así. Luego de sancionada la Ley de Cupo, en 1994, Merciadri tuvo que denunciar al país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que se efectivizara la norma. Este reclamo recién se ganó en 1999, fue el gobierno de De la Rúa el que tuvo que reconocer la obligatoriedad de la ley. También hubo casos de candidatos que se bajaron de las listas por no ver su nombre debajo del de una mujer”.

“Los proyectos que se tratan en el Congreso son todos de avanzada y vanguardia. Por ejemplo, tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, una canasta de anticonceptivos que es la más variada de América latina y el Caribe. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay algo que, como país, no logramos mejorar: la brecha entre la legislación (que se destaca en la región y en el mundo) y su aplicación. Esto último lo hacemos mal, de manera despareja, con baja tasa de puesta en práctica”, advierte Pamela Martín García, asesora parlamentaria en el Senado de la Nación, consultora en Asociación Civil FUSA y voluntaria en la ONG Centro de la Mujer (Cedem).

Con mayor apertura gracias a la lucha de las mujeres, fuera y dentro del recinto, este 2018 parece perfilarse con una marcada mirada feminista. Por lo pronto, la legalización del aborto ya se discute en el Congreso y este movimiento parece no detenerse.

Autor


Gala Díaz Langou

Directora de Protección Social

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