Los nuevos datos de la pobreza publicados por el INDEC muestran la profundidad con la que la conjunción de la recesión actual con la alta inflación afecta a los hogares con menos recursos: 32% de las personas que viven en el país (alrededor de 14 millones de personas) no cuentan con ingresos suficientes para acceder a los bienes y servicios necesarios para llevar una vida digna. Esto implica un aumento de 6,3 puntos porcentuales respecto de igual período de 2017: en el segundo semestre de 2017, 25,7% de los habitantes del país se encontraban en situación de pobreza.
Más alarmante aún, la pobreza sigue concentrándose en mayor proporción en los hogares con niñas, niños y adolescentes. La infantilización de la pobreza también se profundizó: el 46,8% de las personas de menos de 15 años de edad se encuentra en situación de pobreza mientras que, en el segundo semestre de 2017, esta cifra era de 39,7%. Dicho de otro modo, entre 2017 y 2018, casi un millón niños y adolescentes cayeron en la pobreza.
Las recesiones económicas afectan a toda la sociedad, pero inciden especialmente en los hogares con menores recursos. Además, las proyecciones de crecimiento para el corto y mediano plazo no ofrecen un panorama auspicioso. El crecimiento económico constituye una condición importante (aunque no suficiente) para disminuir la pobreza. Ante su ausencia, hay que potenciar, con los recursos existentes y otros que se puedan reasignar, el accionar del Estado y su potencial redistributivo.
En este ejercicio resulta crucial priorizar a los hogares más vulnerables: los que nunca salieron de la situación de pobreza, los que se encuentran en una situación de pobreza crónica. Según datos de un proyecto sobre pobreza crónica de CIPPEC y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo técnico del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), para estos hogares, la infantilización de la pobreza se acentúa: casi la mitad de las personas que se encuentran en una situación crónica de pobreza son niñas, niños y adolescentes de menos de 15 años. Además, las familias en situación de pobreza crónica sufren privaciones en múltiples dimensiones, más allá del ingreso. Por ejemplo, solamente tres de cada diez hogares en pobreza crónica tienen acceso a cloacas.
El Estado (especialmente el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso) tiene el mandato y la capacidad para administrar los efectos negativos de la situación macroeconómica y proteger a los más vulnerables. Es imprescindible que avance en políticas que intervengan en tres ejes cruciales: políticas que potencien la participación en el mercado de trabajo y que protejan los ingresos de quienes no puedan hacerlo; el desarrollo de las habilidades a lo largo del ciclo de vida; y el acceso a un hábitat digno. Estos tres pilares deben articularse con una estrategia macroeconómica que potencie el crecimiento inclusivo.
La pobreza compromete los derechos de las personas y obstaculiza las posibilidades de un desarrollo económico sostenible para el país. Hay que redoblar urgentemente los esfuerzos para evitar que se incrementen los niveles de pobreza. Pero también se debe avanzar en políticas de mediano y largo plazo que vayan más allá de paliativos temporales para integrar a los que, aún en contextos económicos favorables, no pueden salir de la pobreza.
Reducir la pobreza debe ser una política de Estado, apoyada por consenso entre todos los candidatos y candidatas a la Presidencia de la Nación, pero también por otros actores, como los sindicatos, los movimientos sociales, el sector privado y los medios de comunicación. Se trata de un problema estructural e histórico de la Argentina, que actualmente es especialmente acuciante. El diálogo, la participación y el compromiso de los diferentes y diversos sectores que componen a la sociedad son primordiales para generar resultados contundentes y duraderos. Las dificultades para lograr este consenso son grandes. Sin embargo, el costo de no actuar es aún mayor y conlleva el riesgo de comprometer el presente y el futuro del país.
