Hay que repensar el empleo público a partir de fuertes consensos políticos y gremiales

El director del programa de Gestión Pública de CIPPEC, Gonzalo Diéguez, llamó a “repensar el modelo de empleo público” a partir de “fuertes consensos” con los partidos políticos, los actores gremiales y las burocracias actuales.
El Gobierno está por lanzar un proyecto de ley para reformar el empleo público a nivel nacional. Según trascendidos periodísticos, el proyecto establece que los ingresos sean por concurso y los ascensos por mérito, además de reinstaurar una carrera administrativa y un plan federal de capacitación. Para ello, se ofrecerían retiros voluntarios y se buscaría el aval de los gobernadores. Hay actualmente tres millones y medio de empleados públicos en el país, de los cuales 700 mil son nacionales y 220 mil dependen de la administración central.

“Aún no es un proyecto de ley pero, en principio, viene en línea con lo que ha trabajado el Gobierno en 2016 y este año: los compromisos del acuerdo federal para la modernización”, consideró Diéguez. En 2016, por primera vez en siete años, el empleo público nacional se expandió solo 0,5% en términos interanuales y desestacionalizados. En los siete años previos, el empleo público nacional venía creciendo a un ritmo sostenido de 4% anual. “El estancamiento del empleo público nacional en 2016 contrasta con el crecimiento -a menor ritmo, pero crecimiento al fin- del empleo público en las 24 provincias y en los más de 2600 municipios”, evaluó el director de Gestión Pública de CIPPEC.

Las declaraciones de Diéguez se dieron en el marco de una extensa entrevista radial realizada por Jorge Lanata, junto con Martín Tetaz, Diego Leuco, Marina Calabró y Jesica Bossi en el programa “Lanata sin filtro”, por radio Mitre.

“La Nación ya no está creando empleo público pero las provincias y especialmente los municipios, sí”, enfatizó. El Estado nacional bajó de 11 puntos a 8 puntos su gasto en salarios como proporción del gasto público total. Pero en las provincias, en promedio, el gasto público en salarios es 55% del total y en los municipios, más del 62% en promedio del gasto público está destinado a pagar sueldos de empleados públicos, precisó el especialista.

Las provincias explican casi un 50% del empleo público total y los municipios explican otro 30%, mientras que solamente entre el 19% y 20% del total está concentrado en el Estado nacional. “Poner sobre la mesa la importancia del empleado público para el federalismo económico y las economías regionales es absolutamente necesario para  pensar una reforma posible y no solo deseable”, enfatizó Diéguez, quien además detalló que, en términos de sectores, Educación, Seguridad y Salud son los que han tenido incrementos significativos en los últimos cinco años.

Informalidad

En otro orden, Diéguez planteó que en el sector público nacional, el 30% de los empleados está contratado bajo ciertas reglas de informalidad. Es decir, están contratados por alguna modalidad de contrato de locación de obras o servicios; son monotributistas y no forman parte de la planta permanente del Estado. Por otra parte, “muchas personas, sobre todo en las provincias, que están en condiciones de jubilarse, por razones económicas, continúan prestando servicios en el Estado, especialmente en el sector docente”, sostuvo.

Recomendaciones de políticas públicas

“Romper con la inercia del empleo público no parece fácil teniendo en cuenta federalismo fiscal y las economías regionales.”, opinó Diéguez, quien recomendó empezar a poner el foco en la calidad del empleo público. Para ello, llamó a  volver a trabajar verdaderamente con los sistemas de carrera, de mérito y de concurso, para que las personas que ingresen a trabajar en las reparticiones estatales lo hagan en función de capacidades probadas.
En 2015 había solamente cinco personas concursadas en el Estado nacional (todas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología). Desde entonces, el Ministerio de Modernización llamó a trecientos concursos.

“El plan de sistema de concursos es progresivo”, dijo Diéguez, quien además consideró que “llamar a concurso a dos mil o tres mil cargos en el corto plazo es poco factible de realizar”. “Los concursos se están revitalizando progresivamente en el sector público nacional, pero en la mayoría de las provincias y municipios brillan por su ausencia”, subrayó.

“La ley, en primer lugar, debería comenzar por restituir la carrera administrativa”, advirtió el experto, quien además recordó que ya existen normas que plantean claramente criterios de reclutamiento y selección en base a ciertos tipos de méritos, pero no se aplican. “Luego, habría que repensar el modelo de empleo público de manera integral: la formación y capacitación; la rendición de cuentas; los mecanismos de evaluación de desempeño”, agregó.

“Desde CIPPEC, planteamos analizar una reforma que no solamente sea deseable sino también posible”, dijo el director de Gestión Pública de CIPPEC. En Chile, Perú o Brasil, se han aplicado reformas con fuertes consensos políticos con el sistema de partidos y con los actores gremiales y las burocracias existentes. “Es muy poco realista pensar una reforma posible sin esos acuerdos básicos”, enfatizó. Con respecto a los trascendidos del proyecto oficial, consideró que “pareciera que, al menos en una primera etapa inicial, los principales ejes rectores o compromisos del acuerdo federal por la modernización van en ese sentido, aunque la ruta crítica a recorrer es extensa y compleja”.

“Se trata de un trabajo de carpintería fina que consiste en ver cómo se desarma una bomba atómica”, ilustró. “El empleo público es un mosaico muy heterogéneo, muy complejo, que marca una agenda de discusión ambiciosa. Esto tiene que ver con una agenda de discusión del desarrollo y no solamente del crecimiento económico del país, con una discusión sobre la institucionalización de ciertos procesos en el Estado”, agregó.

“En los últimos cinco años el empleo público operó como una suerte de amortiguador social, especialmente en las provincias y municipios, sobre todo en las regiones geográficas del NOA, NEA y la Patagonia. Discutir el empleo público separado de la coparticipación y de la dinámica de las economías regionales parece poco realista”, concluyó.

Autor


Gonzalo Diéguez

Director de Gestión Pública

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