La política no puede ganarles espacio a los funcionarios de carrera

En el marco de las recientes negociaciones con los gobernadores por un pacto fiscal, el Gobierno anunció un proyecto de modernización del Estado que incluiría un límite al crecimiento del empleo público, la revitalización de los concursos, la jerarquización de la alta dirección pública y el fortalecimiento de la gestión por resultados para acelerar los procesos burocráticos.
Según GPS del Estado, el monitor del Estado realizado por CIPPEC, luego de siete años de crecimiento continuo, en 2016 el empleo público se contrajo levemente (-0,4%) a nivel nacional.
En cambio, en las provincias y municipios la expansión del empleo estatal continuó, aunque a menor ritmo (fue de 1 % y 2,5%, respectivamente, el año pasado). El 79% de los empleados públicos del país trabaja en las provincias y municipios (mayormente son docentes, médicos, enfermeros policías). Esto tiene su correlato en las cuentas públicas: el gobierno nacional destinó en 2016 menos del 10% de su presupuesto a pagar salarios, frente a un promedio de 52% en las provincias y 64% en los municipios. Estos números muestran que para romper la inercia de crecimiento del empleo público es necesario contemplar las economías regionales y generar y articular consensos básicos con sectores políticos y gremiales.
Los directivos públicos, por su parte, son los funcionarios de carrera que operan como vasos comunicantes entre las autoridades políticas y la burocracia. Son responsables de gestionar estratégica y operativamente la organización estatal. En los últimos 16 años, la designación de estos directivos fue discrecional.
De casi 700 cargos directivos nacionales, actualmente el 97% está nombrado en forma transitoria, exceptuando los concursos y los requisitos formales. Si bien los criterios de confianza política no necesariamente implican corrupción, la politización de los funcionarios públicos choca con el concepto de burocracias profesionales que dan coherencia y continuidad a las políticas públicas. Para modernizar el Estado, la política no puede ganarles espacio a los funcionarios de carrera. Limitar la discrecionalidad del poder político ayuda a prevenir el cortoplacismo de la coyuntura y asegura la continuidad de políticas.
Pero no solo se debe contemplar un ingreso meritocrático a la administración pública, sino también una formación continua. No alcanza con fetichizar los concursos. También hay que gestionar la tensión entre el mérito y la confianza que coexisten entre los perfiles técnicos y políticos dentro de cualquier oficina pública. Por esto es que las reformas requieren de mucha muñeca política para generar y articular consensos básicos que permitan una progresiva institucionalización del sistema de empleo público. Es posible: Chile, Perú y Brasil lo lograron.
Modernizar el Estado implica dotarlo de un aparato que implemente políticas públicas de calidad. De lo contrario, seguiremos alimentando un Estado anabólico, cuya estructura continúa creciendo, pero con músculos que carecen de fuerza para orientar en forma estratégica y efectiva la provisión de bienes y servicios públicos.

Autor


Gonzalo Diéguez

Director de Gestión Pública

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