“No siempre más plata es más resultado”, dice un analista, y da la pauta para indagar un dato que puede ser alentador o exponer deudas y debilidades, según los hilos de los que se tire. El dato es: en comparación con los países de la región, el Gobierno destina un porcentaje mayor de su PBI al gasto público social. Y del total de ese dinero -14,3% del producto bruto-, el 80% va directamente a solventar los gastos de protección social -jubilaciones, asignaciones familiares, seguro de desempleo-, cuando la mayoría de sus vecinos le dedican un tercio de ese porcentaje.
La información se desprende del Panorama Social de América Latina 2018 , elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a partir de los datos correspondientes al período 2000-2016, más proyecciones para 2017. El trabajo se maneja en base a porcentajes sobre PBI, sin referencias a montos específicos.
La proporción de gasto que destina el Gobierno a la protección social es solo comparable con Brasil, que también le asigna casi el 80% de su total. La diferencia es notable con el resto de los países, donde ese porcentaje se ubica, en promedio, en el 26,7%. El piso de gasto en este grupo de países -que no incluyen ni a la Argentina ni a Brasil- lo marca Nicaragua, con 5,2%, y el techo Colombia, con 46%.
“La Argentina es uno de los países de la región con mayor gasto social -y, específicamente, gasto en protección social- debido a la combinación de dos factores muy positivos: el alto grado de envejecimiento de la población y la amplia cobertura de los programas”, explica a LA NACION Rafael Rofman, líder del Programa para la Educación, la Salud, la Protección Social, el Trabajo y la Pobreza del Banco Mundial. “Lo primero es bueno porque es el resultado directo de mejoras en los dos mejores indicadores de progreso social que existen: la mortalidad y la fecundidad. Lo segundo, porque quiere decir que nuestra sociedad se preocupa mucho por proteger a los más vulnerables”, agrega.
De todos modos, Rofman no pierde de vista la contracara del sistema, que es caro y demanda una asignación de recursos lo más eficiente posible. “En ese sentido, en la actualidad tenemos algunos problemas en el sistema previsional, con regímenes que otorgan beneficios especiales a algunos grupos o duplicaciones y es ahí donde es importante concentrar la atención”, sostiene.
“En la Argentina, tanto como en Uruguay y Brasil, hay una preocupación de la política pública por sobre los demás países de la región; más semejante a lo que acontece en los países europeos”, apunta, desde Chile, Rodrigo Martínez, oficial superior de Asuntos Sociales de la división de Desarrollo Social de la CEPA. Aún así, Martínez señala que el porcentaje de PBI destinado al gasto social todavía están lejos del que tiene los países desarrollados. “Y aquí aparece una doble restricción: tenemos menos recursos para políticas que requieren más recursos, porque tenemos desafíos más grandes que afrontar: mayores brechas para reducir en pobreza, educación, salud”.
“Para entender el porcentaje de gasto social a nivel de PBI es importante conocer la trayectoria histórica de Latinoamérica”, dice José Florito, coordinador del Programa de Protección Social de Cippec. “En la Argentina tuvimos desde principios del siglo XX un Estado de bienestar incipiente que se consolidó en el período de entreguerras con la experiencia del primer peronismo, que legó un sistema de protección generoso e integral”, añade.
En el documento de la Cepal se advierte que mientras el 78,3% del presupuesto del gasto social del Gobierno central argentino se aboca a cubrir las necesidades de protección social, queda apenas un 21,7% para repartir entre las categorías educación (11,1%), salud (6,4%), protección del medioambiente (0,43%), vivienda (3,8%) y actividades recreativas, cultura y educación (0%).
Si bien admite que la Argentina tiene una “priorización de la protección social en desmedro de otras áreas críticas como educación o salud”, Florito señala que eso no significa que se gaste poco en esas áreas. No hay que perder de vista que, al igual que Brasil, Argentina es un país federal donde la salud y la educación se encuentran a cargo de los gobiernos provinciales y, por lo tanto, la inversión en estas áreas se ve subrepresentada en los gastos del Gobierno central.
Para el economista Jorge Paz -que es, además, asesor de Unicef e investigador del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde)- es positivo que el Estado priorice el gasto orientado a los sectores sociales por sobre otros como el gasto en defensa o seguridad y apunte así a “nivelar el campo de juego”. Sin embargo, señala que esta estructura revela una serie de prioridades entre el corto y el largo plazo que se explica por el elevado nivel de pobreza del país. “Es más urgente comer que aprender y, claramente, el Gobierno saca dinero de lo segundo para aplicarlo a lo primero”, sintetiza.
Paz entiende que sin este fuerte impulso del Estado al gasto social la situación de la gente que recibe los beneficios sería peor, especialmente la de “los más pobres entre los pobres”. Sin embargo, señala que “hay evidencias de que no todo lo que se destina a la protección social llega a la gente que necesita”. Según detalla, hay errores de exclusión (gente que necesita y no recibe), de inclusión (quienes no necesitan y reciben) y problemas de “balde agujereado”, es decir, plata que queda en el camino, como por ejemplo la necesaria para mantener la burocracia encargada de la logística.
Según la lectura de Roxana Mazzola, experta en Políticas Sociales y directora del Centro de Estudios y Desarrollo de Políticas (Cedep), parte importante del gasto social que hace el Estado argentino responde a una “inercia institucional” relacionada con derechos como las jubilaciones y las asignaciones familiares, que están fijadas y actualizadas por ley. Sin embargo, señala, esta actualización automática no llega a compensar el nivel inflacionario.
Para Mazzola el modo en que se utiliza el dinero asignado al gasto social altera notablemente el impacto que tiene y, según detectó, en los últimos años hubo una tendencia a enfocar cada vez más el gasto en “asistencia social de emergencia” y no tanto en políticas sociales complementarias que generen un a mayor integración e inclusión de todos los sectores socioeconómicos. “Cuando tenés una merma de ingresos laborales en múltiples sectores lo que tratas de evitar una explosión social y el a-b-c en esos casos es intensificar la transferencias de ingresos”, apunta.
Esto se ve, por ejemplo, en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en sus diez años de existencia “pasó de tener un carácter híbrido entre asistencia y seguridad social a tener un carácter solo asistencial y caritativo. Pasó a naturalizarse que el Estado solo debe intervenir en los márgenes y focalmente para contener a los desplazados y, al mismo tiempo, desprenderse del conjunto de temas laborales y de la agenda social”, sostiene.
Fuente: La Nación
