El proyecto de ley “Régimen de Integración Socio-Urbana y Regularización Dominial”, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, es un paso trascendental para dar respuesta a un problema que afecta en nuestro país a 3,5 millones de personas que viven en las 4.228 villas y asentamientos relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) con la participación de organizaciones sociales.
La ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación a los inmuebles en los que se asientan todos los barrios populares relevados para integrarlos urbanamente. Define, además, que la Agencia de Administración de Bienes del Estado será el sujeto expropiante y que el Ministerio de Desarrollo Social creará el Programa de Integración Socio-Urbana.
Los problemas que se deben abordar en estas intervenciones son más que la regularización dominial de los terrenos. Por eso, durante la discusión del proyecto en comisiones se le introdujeron cambios que lo mejoraron. Uno de ellos fue la incorporación de la definición de integración urbana, definida como las acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental y el fortalecimiento de las actividades económicas, entre otras.
