Se necesita ir gradualmente a una mayor institucionalización de las transferencias y correspondencia fiscal en las provincias

La transa (legislativa) que viene

Por Rubén Chorny para Urgente24

El Pacto Fiscal firmado por la gran mayoría de las provincias con el Estado nacional implica desjudicializar el reparto de fondos y darle un corte al conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones por el fondo del conurbano, para lo cual se acordó un resarcimiento a la administración de María Eugenia Vidal equivalente al que resulta de eliminar el tope congelado desde hace 15 años en $650 millones.

En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se les giró más plata entre 2005 y 2016 (de 7,7 a 8,7% del PBI), pero el porcentaje de la recaudación tributaria nacional se contrajo del 37,7 a 33,9%, que si se excluye el efecto del blanqueo se incrementaría a 35,8% en 2016. La estrategia macrista, luego del pacto suscripto a priori con las provincias, sería ir a una reforma integral del régimen de coparticipación, pero pari passu con la aprobación de las leyes impositiva y previsional, además de la laboral.

Las provincias recibieron entre 2005 y 2015 más transferencias de recursos de la Nación, pero con menos porcentaje de la recaudación. La coparticipación es la instancia legislativa que se abre luego del pacto fiscal.

La política fiscal del Gobierno nacional y las provincias deberá sortear en 2018 el desafío de cumplir las nuevas reglas fiscales que, en materia de gasto, deuda, empleo público y transparencia establece el Proyecto de Nueva Ley de Responsabilidad Fiscal.

Sin embargo, ninguna de estas medidas cumple con el gran desafío pendiente de avanzar en una reforma integral del régimen de coparticipación, la que deberá estar estrechamente vinculada a las capacidades, competencias y funciones de los actores involucrados.

La transacción a la que arribaron los mandatarios provinciales, la gobernación bonaerense y la Casa Rosada para zanjar el conflicto judicial por el reparto de los recursos federales sirvió, en parte, de resarcimiento al Primer Estado Argentino por los años que estuvo congelado el fondo del conurbano, pero lejos está de representar apenas un punto de partida para que se aborde en el Congreso el régimen de coparticipación.

La comparación año contra año, que es más representativa pues contiene información de períodos similares, arroja un crecimiento aún mayor, pasando de 46,9 a 57,4 (+10,5 p.p), como consecuencia de que 15 provincias mejoraron la información publicada y tan sólo 4 bajaron su desempeño: Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Chubut.

Sin embargo, una de las claves del encauzamiento de la política fiscal giró en torno del Fondo del Conurbano Bonaerense, que venía exhibiendo una reducción sistemática: era del 9,6% del Impuesto a las Ganancias en 1996 y, de no modificarse el tope de $650 millones, sería sólo 0,1% el año próximo.

En caso de eliminarse el tope actual, como reclamara la provincia de Buenos Aires ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recuperaría $64.226 millones a costa del resto de las jurisdicciones, lo que torna al problema de difícil resolución.

Se trata de una frazada corta que puede destapar más déficit fiscal o compensarse con una transferencia del Tesoro nacional que salga de alguna partida, o modificarse el Presupuesto ya enviado al Congreso, aunque una forma de contribución sería institucionalizar y distribuir automáticamente las transferencias discrecionales que anualmente realiza a la provincia de Buenos Aires, que aunque no serían recursos adicionales, al menos garantizaría a la provincia recursos por ahora inciertos.

Actualmente, la existencia del Fondo del Conurbano, lejos de beneficiar a la provincia de Buenos Aires, la perjudica. Por caso, si se eliminara la afectación del 10% del Impuesto a las Ganancias para este fin y esos recursos pasaran a la masa coparticipable, en 2018 Buenos Aires percibiría $6.798 millones, disminuyendo en idéntica cuantía lo que perciben las demás jurisdicciones, plantea Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico de CIPPEC.

Entre 2005 y 2016, las transferencias totales a las provincias en su conjunto, tanto las automáticas -coparticipación, leyes especiales y Fondo Federal Solidario (FFS)- como las discrecionales giradas por la Nación, redujeron su participación en los recursos tributarios nacionales, según un estudio realizado por la ONG, que se titula “Relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias: la película”.

Si bien en los últimos dos años la restitución del 15% de la masa coparticipable a las provincias mejoró la institucionalidad del sistema, al incrementar los recursos de carácter automático, no logró revertir el proceso de centralización de los recursos en el orden nacional que se dio entre 2005 y 2012.

A saber:

-Las transferencias totales de la Nación a las provincias equivalían a 57,6% de los recursos provinciales en 2005, contrayéndose a 50,8% en 2016 (una caída de 6,8 puntos porcentuales).

-Por coparticipación redujeron su participación de 44,2% a 40,8%, mientras que las transferencias discrecionales cayeron de 13,4% a 8,5%.

-La incidencia del Fondo Federal Solidario, creado en 2009, osciló entre 1,5% y 3% de los recursos totales provinciales en sus 7 años de existencia.

-Las transferencias automáticas representaron 28 % en 2016, manteniéndose en el mismo nivel de 11 años atrás, aún contando los recursos del FFS. Por su parte, las discrecionales cayeron de 8,8% a 5,7% en igual período.

Gobierno unitario

Entre 2005 y 2012 se materializó un proceso de concentración de recursos fiscales en manos del gobierno nacional, en paralelo a una mayor discrecionalidad en la distribución de los fondos nacionales, exacerbando las inequidades generadas históricamente por la falta de correspondencia entre recursos centralizados y gastos descentralizados.

A partir de 2013 se advierte una mínima recuperación de la participación de transferencias automáticas a provincias en el total de los recursos nacionales, que no alcanza para revertir el proceso”, describe el autor del documento.

“Si bien la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los acuerdos ulteriores entre la Nación y las provincias en 2016 constituyeron un avance al restituir a los gobiernos subnacionales fondos de distribución automática, la cuestión de fondo no ha sido resuelta”, considera.

“Complementando una mayor institucionalización del régimen de transferencias y menor discrecionalidad, es necesario un mayor grado de correspondencia fiscal con mayores potestades tributarias para los gobiernos provinciales”, enfatiza Agosto.

“No obstante, cualquier iniciativa de esta naturaleza debería ser gradual y en simultáneo con un proceso de fortalecimiento de las capacidades tributarias locales”, agrega.

Fuente: Urgente24

Autor


Walter Agosto

Investigador principal de Desarrollo Económico

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