Las ciudades son el lugar concreto donde la inversión se traduce en desarrollo. Según los últimos datos del Banco Mundial (2020), en ellas se genera más del 80% del producto bruto interno mundial. El resultado de las estrategias de atracción de inversiones y su posterior impacto en el desarrollo de una economía no depende solo de las condiciones macroeconómicas, sino también de la calidad institucional y la gestión local. Los gobiernos subnacionales, a través de sus regulaciones, servicios, procesos administrativos y capacidades institucionales, inciden de manera directa en las condiciones que enfrentan empresas y emprendedores. 

La mayoría de los marcos conceptuales disponibles para analizar el clima de negocios han sido desarrollados a escala nacional, lo que dificulta su aplicación en el ámbito municipal. Al mismo tiempo, muchas ciudades avanzan en iniciativas concretas de mejora sin contar con herramientas sistemáticas que permitan ordenarlas, medirlas y compararlas.  

En ese contexto, CIPPEC llevó adelante un proyecto, desarrollado junto al Center for International Private Enterprise (CIPE), dedicado a analizar y fortalecer la eficiencia regulatoria subnacional, tomando en cuenta las experiencias de cuatro ciudades del país de distinta escala y perfil productivo (Córdoba, Rosario, Salta y Tandil).

El 7 de septiembre, CIPPEC presentó los resultados de este estudio que constituye un punto de partida para la contribución a la mejora del entorno de inversiones local. En el evento estuvieron presentes los intendentes Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan) y Rodrigo Aybar (Tres de Febrero). También, Mariela Bercovich, presidenta de Córdoba Acelera. El jefe de Gabinete Juan Manuel Chalabe (Salta) y los secretarios Pablo Ferreyra (Coordinación de Gabinete y Hacienda, Concordia), Darío Spampinato (Educación, Producción y Trabajo, Lomas de Zamora), Juan Sanguinetti (Hacienda, San Isidro), Érica Díaz Fior (Economía y Hacienda, San Juan), Diego Martin (Desarrollo Productivo e Innovación, Tandil), Hernán Lorenzo (Trabajo y Producción, Tres de Febrero) y Enio Vittorini (Gobierno, Legal y Técnica, Vicente López) también participaron de la reunión. 

En el inicio del encuentro, Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, destacó: “Es fundamental que Argentina mejore el clima de negocios desde los municipios, reduciendo barreras y costos para inversores grandes y pequeños. En ese sentido, impulsamos una iniciativa con el fin de identificar problemas y generar información útil para la toma de decisiones”. 

David Groisman, director de Estado y Gobierno de CIPPEC, explicó: “En Argentina, el 80% del producto bruto se genera en ciudades. Y hay 2300 municipios. Las inversiones que les llegan activas la economía, el desarrollo y el empleo. Mejorar el clima de negocios no sólo requiere minimizar los trámites; también, un mejor diseño de ellos”. 

Eficiencia regulatoria: una variable determinante 

La calidad institucional del entorno en el que se desenvuelve la actividad económica de un país tiene impactos concretos en la radicación de inversiones, la productividad y la formalidad. Cuando las regulaciones son claras y previsibles, y los procedimientos administrativos son ágiles y transparentes, el sector productivo encuentra mejores condiciones para producir, expandirse y, por lo tanto, crear empleo de calidad.  

Argentina se encuentra entre los países con mayores barreras a la hora de iniciar y desarrollar un negocio. Abrir una empresa y comenzar a operar formalmente requiere un total de 4,496 horas, duplicando el promedio de Latinoamérica ubicado en 2,005 horas (Índice de Burocracia Adam Smith Center, 2025). Por su parte, el Doing Business elaborado por el Banco Mundial (2021) ubica al país en el puesto 126 de un total de 190 economías según su facilidad para hacer negocios.  

Pero mucha de esta evidencia se construye a nivel nacional dejando de lado la dimensión territorial. Las condiciones regulatorias y administrativas que enfrenta una empresa en la práctica se configuran no solo a nivel nacional, sino también en el territorio concreto donde se radica, tramita las habilitaciones correspondientes para operar y paga sus tributos. Con más de 2.300 gobiernos locales con potestades sobre habilitaciones, uso del suelo, tasas e inspecciones, la eficiencia regulatoria subnacional se convierte en una variable clave.  

El estudio de CIPPEC entiende a la eficiencia regulatoria como el grado en que las regulaciones minimizan costos y cargas administrativas, son claras, transparentes, y brindan previsibilidad para la creación, operación y expansión de las empresas, abarcando tanto el contenido formal de las normas como su funcionamiento efectivo. Sobre esa base, define cinco dimensiones —carga administrativa y tributaria, calidad regulatoria, capacidad institucional, digitalización y acceso a la información, y transparencia y trazabilidad— y las aplica mediante un estudio de caso comparado en cuatro ciudades seleccionadas por su relevancia económica y la diversidad de sus perfiles productivos: Córdoba, Rosario, Salta y Tandil. 

La estrategia metodológica combinó el análisis de la normativa local vigente, índices internacionales de referencia (PMR de la OCDE, Índice de Libertad Económica, Global Business Complexity Index, Índice de Burocracia del Adam Smith Center, entre otros) y entrevistas semiestructuradas con funcionarios municipales, cámaras empresariales y representantes del sector productivo.  

El documento no evalúa la gestión de los gobiernos locales analizados ni construye un ranking entre ciudades, como tampoco aborda la dimensión macroeconómica de las decisiones de inversión. 

Cuatro hallazgos principales 

1. No se trata solo de la cantidad de trámites, sino de la falta de claridad y adecuación del marco regulatorio. La ausencia de segmentación de requisitos según el tipo o la escala de la actividad, sumada a la acumulación de normativa sin procesos formales de derogación y a la desactualización o ausencia de instrumentos de planeamiento urbano, genera ambigüedad sobre las reglas aplicables, dificulta su cumplimiento y eleva los costos de entrada y operación para las empresas.
2. El reclamo tributario se concentra en el nivel de gobierno que menos explica la carga efectiva. De los 150 tributos identificados en el país, 82 corresponden al nivel municipal, pero de los seis que explican el 85% de la recaudación consolidada, uno solo es municipal y aporta apenas el 2,6% del total. El problema tributario municipal es de estructura y no de nivel: una minoría de tributos concentra cerca del 90% de la recaudación local y muchas tasas carecen de contraprestación identificable.
3. La digitalización sin simplificación previa de los procedimientos puede generar mayor complejidad. Digitalizar trámites sin revisar y optimizar los procesos puede trasladar la complejidad al entorno digital, mientras que la coexistencia de canales digitales y presenciales fragmenta los procesos y genera duplicaciones. Por ello, la digitalización debe acompañarse de simplificación, difusión de las herramientas y un acceso unificado a la información regulatoria.
4. El desafío no es solo el diseño normativo, sino la capacidad de implementarlo de manera coordinada y eficiente. La articulación entre áreas de gobierno y con el sector privado continúa siendo mayormente informal y depende de relaciones personales, mientras que los datos de gestión tienen un uso limitado para identificar oportunidades de mejora en los procesos

Buenas prácticas para mejorar el entorno de inversiones 

Córdoba, Rosario, Salta y Tandil despliegan, con distintos ritmos e intensidades, estrategias de simplificación normativa, ventanillas únicas digitales, agencias especializadas en atracción de inversiones y esquemas de promoción construidos junto a cámaras empresariales y al sector académico. Córdoba se encuentra en una situación avanzada en las cinco dimensiones; Rosario muestra avances importantes en carga administrativa, digitalización y transparencia; Salta y Tandil, implementan estrategias adaptadas a sus perfiles productivos y las oportunidades generadas por el auge de la minería en el caso de la primera y el desarrollo de la economía del conocimiento en el caso de la segunda.  

Los avances de las ciudades muestran una dirección común: cada una, con matices y atendiendo las particularidades de sus territorios, avanza hacia una relación más simple y digital entre el Estado local y el sector privado, disminuyendo los márgenes de discrecionalidad, agilizando procedimientos administrativos y poniendo a disposición información estratégica. Las disparidades entre ciudades también evidencian que las mejoras aisladas no alcanzan. Una reforma tributaria sin capacidad institucional que la sostenga, o una plataforma digital sin cambios normativos de fondo que simplifiquen los procesos de manera previa a su disposición online, tienen un techo bajo. Se necesita una estrategia integral y sostenida en el tiempo, que combine mejoras normativas, fortalecimiento de capacidades institucionales, un esquema tributario sostenible, digitalización del Estado y desarrolle mecanismos de trazabilidad que transparenten la gestión pública y permita rendir cuentas a la ciudadanía. Es esta combinación la que permitirá que un municipio aproveche los incentivos a la atracción de inversiones a nivel nacional cuando existan, pero también que brinda margen para construir un entorno de negocios atractivo incluso cuando el contexto nacional y macroeconómico es adverso. 

Recomendaciones 

Corto plazo (por decreto u ordenanza, con normativa y tecnología disponibles): 

1. Publicar un catálogo único y vinculante de trámites, requisitos, plazos y tasas. 

1. Comprometer plazos máximos de resolución y habilitar el seguimiento del expediente. 

1. Depurar la estructura tributaria municipal y explicitar la contraprestación de cada tasa. 

1. Construir una línea de base de tiempos, pasos y costos antes de reformar. 

Mediano plazo (rediseño de procesos, infraestructura digital y coordinación entre áreas): 

1. Segmentar las habilitaciones por nivel de riesgo y sustituir el permiso previo por declaración jurada con fiscalización posterior. 

1. Constituir un punto único de entrada con expediente único e interoperabilidad entre áreas. 

1. Completar la infraestructura digital mínima antes de ampliar la oferta de trámites en línea. 

1. Institucionalizar la articulación público-privada mediante mesas de trabajo formalizadas. 

Largo plazo (transformaciones de fondo que exceden un período de gestión): 

1. Revisar de manera integral el código de uso del suelo y consolidar un digesto normativo con derogación expresa de la normativa desplazada. 

1. Construir mecanismos institucionalizados de coordinación entre niveles de gobierno y de interoperabilidad de los registros de empresas y contribuyentes.