La boleta única y el comportamiento electoral: la experiencia de las provincias argentinas

Publicado el 11 de junio de 2025

La Ley 27.781 reemplaza el sistema de boletas partidarias que históricamente se utilizó en las elecciones nacionales, por un sistema de boleta única. El nuevo instrumento de votación deberá implementarse por primera vez en las elecciones legislativas de 2025. Con el fin de aportar evidencia que contribuya a informar el proceso de implementación, este documento analiza las experiencias de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Mendoza con reformas similares y, a partir de ellas, busca entender qué efectos cabe esperar en el comportamiento electoral. Específicamente, si el cambio afecta: a) la probabilidad de emitir votos en blanco y votos nulos y b) la probabilidad de votar por distintos partidos para las categorías ejecutivas y legislativas. También, este trabajo analiza si estos efectos en la conducta de los votantes se reflejan en la fragmentación del sistema de partidos.

Las tres provincias experimentaron algún tipo de deterioro del voto positivo a partir de la reforma, especialmente en las categorías legislativas. La reducción es más marcada y persistente cuando todas las categorías son presentadas en la misma boleta –como en Córdoba y Mendoza–, porque una
porción de los/as electores/as marca solamente la opción para la categoría gobernador/a. En cambio, las boletas separadas por categoría –como la santafesina– aumentan la probabilidad de que el electorado hagan una marca por cada categoría de cargos en juego.

En cuanto a la probabilidad de votar al mismo partido para todas las categorías, también hubo una reducción en los tres casos, aunque el efecto cambia dependiendo del tipo de boleta. La boleta santafesina (que presenta la oferta electoral por categoría) parece alentar el voto cruzado en mayor
medida y, como consecuencia, una mayor fragmentación en las categorías legislativas que en el ejecutivo provincial. En cambio, las boletas de Córdoba y Mendoza (que presentan la oferta por partido) parecen facilitar la congruencia entre el voto en ambas categorías. Por último, el análisis del voto cruzado o “corte de boleta” no revela patrones que indiquen que algún partido ha sido sistemáticamente más afectado que otro.

La boleta seleccionada para las elecciones nacionales es un modelo intermedio entre las utilizadas en Santa Fe y Mendoza. La oferta se presenta toda junta y por partido como en la boleta mendocina, pero la ausencia de un casillero de “voto lista completa” obliga al votante a realizar una marca por
categoría como ocurre en Santa Fe. A la luz de la evidencia, es de esperar que la organización de la oferta por partido haga que disminuyan los votos afirmativos en las categorías legislativas por cansancio, desinterés o falta de información. Al mismo tiempo, la ausencia de un casillero de “voto
lista completa” puede favorecer un “corte de boleta” mayor al observado en Córdoba y Mendoza y acentuar la fragmentación legislativa.

Tanto la reglamentación del diseño de la boleta como la campaña de información y capacitación deberían tener en cuenta estos incentivos y adoptar medidas para evitar la pérdida de votos positivos y permitir que los y las votantes puedan expresar su preferencia por un mismo partido de manera
clara y sencilla. Para lograrlo, resulta crucial que se realicen pruebas de facilidad de uso. Entre los elementos a poner a prueba se destacan: los criterios posibles para definir el orden de las agrupaciones; la posición del casillero para marcar la preferencia; las opciones de ubicación, texto y
diseño de las instrucciones; y el uso de los colores y las líneas para organizar la información. Como ocurre con el desarrollo de cualquier herramienta de uso masivo, poner a prueba distintas variantes de diseño es la metodología para garantizar que los distintos grupos poblacionales que componen el
electorado nacional puedan expresar su voto con facilidad. Además, las pruebas pueden aprovecharse para ajustar el procedimiento de las mesas y de los establecimientos al nuevo instrumento de votación.

Guía para el uso de IA en el sector público en Argentina

Publicado el 23 de mayo de 2025

¿Puede la inteligencia artificial cambiar la forma en que gobierna el Estado? 

La inteligencia artificial (IA) ya no es un concepto de ciencia ficción ni un lujo reservado al sector privado. Es una herramienta poderosa capaz de transformar la manera en que los estados diseñan e implementan políticas públicas, y la forma en que se relacionan con la ciudadanía.  

Con esta premisa, CIPPEC elaboró una guía para el uso responsable y estratégico de la IA en el sector público argentino. El documento, elaborado con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, busca ayudar a funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno en Argentina a tomar decisiones informadas y éticas sobre la incorporación de sistemas de IA.  

¿Por qué es urgente hablar de esto hoy? Porque el uso de IA en el sector público ya está en marcha: desde chatbots que atienden al público hasta algoritmos que analizan datos judiciales o educativos. Y todo parece indicar que el proceso de incorporación de sistemas de IA seguirá creciendo de forma exponencial en los próximos años. Pero sin estrategias claras y marcos éticos robustos, se corren riesgos que van desde la ineficiencia en la aplicación de recursos, hasta la exclusión o toma de decisiones en base a sesgos.  

La guía no solo ofrece definiciones clave y marcos conceptuales, sino que propone siete recomendaciones concretas para avanzar de forma ética, eficaz y escalable. Entre ellas se destacan: diseñar una estrategia de IA para el Estado; adoptar un enfoque de pilotos controlados; establecer marcos de gobernanza y regulación; invertir en talento público; asegurar la interoperabilidad de los datos; garantizar la transparencia y trazabilidad de los sistemas; y evaluar de forma continua su impacto social y ético. 

En tiempos donde la transformación digital del Estado ya no es una opción, sino una necesidad, esta guía propone un camino posible. 

 

 

Tres llaves para construir la mejor Argentina posible 

Economía de plataformas

La irrupción de las plataformas digitales ha cambiado la forma de comprar y vender bienes y servicios, y, cada vez más, el comercio minorista se desarrolla a través de estos canales. Su penetración en distintas industrias impulsa transformaciones en la organización de las cadenas de valor, los modelos de gestión de las organizaciones y la organización del trabajo. Constituyen una rama importante de la economía del conocimiento y, al impactar mediante el desarrollo de tecnologías y la reducción de los costos de transacción, tienen el potencial de introducir mejoras transversales de productividad a empresas de diversas industrias y servicios.

Sin embargo, la información pública disponible no permite dimensionar su alcance en la economía y su impacto en la productividad. Pero dado que su incorporación reedita discusiones tanto positivas como normativas sobre la estructura económica, las formas de empleo, la protección social, el impacto urbano y el modelo regulatorio, es relevante comprender y dimensionar su participación en la economía, el mercado laboral y el entramado productivo. En particular, entender cómo este tipo de plataformas produce impactos sobre los costos de transacción y la productividad y provocan transformaciones y disrupciones en el funcionamiento de mercados asociados al comercio minorista, particularmente el mercado de trabajo.

Es crucial dimensionar no sólo la población de trabajadores a los que alcanzan las plataformas, sino también caracterizar su comportamiento y el de los otros actores que utilizan sus servicios, como los comercios y los consumidores. Esto es fundamental para entender cuál podría ser el impacto de cambios regulatorios sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y sobre la actividad de las plataformas y sus impactos.
No obstante, existen desafíos importantes que dificultan esta caracterización. Especialmente, la ausencia de un criterio único para delimitar estas actividades en las estadísticas nacionales, la falta de criterios establecidos sobre la localización geográfica de la actividad e incluso la definición vaga del tipo provisión de servicios a las que dan lugar estas nuevas formas de organización. Así, no es posible analizarlas a través de las estadísticas oficiales como sucede con el resto de las actividades productivas. Esto tiene implicancias no menores para el diseño e implementación de políticas públicas, políticas tributarias y regulaciones laborales, entre otras.

Para atender este desafío, con este trabajo CIPPEC contribuye a la generación de evidencia para informar un debate público que apunte a generar las condiciones políticas, técnicas e institucionales para el diseño de alternativas regulatorias modernas e inteligentes que permitan tanto cuidar las condiciones de competencia en la economía, los derechos laborales y el espacio urbano, a la vez que se potencian las oportunidades generadas por la nueva industria de plataformas. Este trabajo busca profundizar el conocimiento acerca de la actividad de las plataformas de movilidad y reparto y su contribución a la economía argentina para informar la discusión sobre reformas regulatorias y, en caso de que estas avancen, proveer estadísticas e indicadores precisos que guíen su diseño.

Este trabajo basa su análisis en tres fuentes de información complementarias. Primero, datos administrativos proporcionados por tres principales empresas de plataformas en Argentina, que ofrecen información detallada sobre los trabajadores en todo el país, incluyendo horas trabajadas, ingresos, antigüedad, género, provincia de operación y contribuciones fiscales. Segundo, una encuesta realizada por CIPPEC a más de 12.300 trabajadores de plataformas durante 2023, lo que permitió una muestra amplia y representativa. Además, se examina el impacto de las plataformas de reparto en la productividad del comercio minorista y el comportamiento de los comerciantes, con otra encuesta realizada por CIPPEC en 2023 en colaboración con las empresas de plataformas, lo que constituye un enfoque novedoso en Argentina. Tercero, entrevistas en profundidad semi- estructuradas realizadas a las empresas de plataformas y comercios aliados. Como resultado, este documento caracteriza la actividad de los trabajadores de plataformas, incluyendo los patrones de horas trabajadas, generación de ingresos y transiciones laborales, superando algunas de las limitaciones de trabajos previos en aspectos clave.

En búsqueda de equidad y sostenibilidad: Una propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino

Publicado el 4 de diciembre de 2024

El documento aborda los desafíos más urgentes del sistema previsional y propone un reordenamiento integral que permita preservar su alta cobertura, al tiempo que se logran mayores niveles de equidad y sostenibilidad fiscal. 

El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos del mundo y se destaca por su amplia cobertura: el 95% de los mayores de 65 años recibe algún beneficio previsional. Sin embargo, esta extensión se sostiene sobre un gasto público que equivale al 10% del PBI, una carga fiscal que aumenta en un contexto de envejecimiento poblacional. Además, el esquema actual presenta profundas inequidades, como la exigencia de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa, una regla que deja fuera a gran parte de los trabajadores y motivó el uso de moratorias. 

Para corregir estas falencias, CIPPEC propone un nuevo diseño basado en dos componentes: una prestación básica universal, que garantice un ingreso a todos los mayores de 65 años, y una prestación proporcional que reconozca todos los aportes realizados. Esta estructura permitirá eliminar las moratorias y promover una distribución más equitativa de los beneficios.  

La propuesta también busca ordenar el esquema de beneficios por invalidez y fallecimiento, que permite el otorgamiento de pensiones sin los controles necesarios y la duplicación de beneficios de jubilación y pensión, generando injusticias y costos fiscales excesivos.  

Asimismo, el informe destaca la necesidad de revisar los casi 200 regímenes de excepción existentes, que concentran el 40% de los beneficios y suelen percibir ingresos mucho mayores que los del régimen general, pese a ser financiados en parte por el resto del sistema o por recursos del tesoro. La propuesta plantea suspender la creación de nuevos regímenes, mantener aquellos que sean indispensables bajo reglas claras de financiamiento, y avanzar hacia la integración de los restantes al esquema general, respetando y premiando los aportes adicionales que se hayan realizado. 

La reforma propuesta por CIPPEC busca responder a los desafíos de un sistema que, si bien garantiza ingresos para la mayoría de los adultos mayores, lo hace a costa de importantes desigualdades e ineficiencias. Este reordenamiento permitiría utilizar los mismos recursos actuales para proteger mejor a los sectores más vulnerables, asegurando un marco fiscal consistente y equitativo en el tiempo. Con esta iniciativa, CIPPEC renueva su compromiso de contribuir al diseño de políticas públicas que impulsen un desarrollo sostenible y más justo para todos.