Argentina fue testigo de enormes avances en la cuestión social en los últimos años. Se avanzó en el marco normativo y en las políticas, y se lograron importantes mejoras de la situación social. Sin embargo, estos avances no fueron para todos. Hay tres grupos poblacionales que fueron dejados atrás en este proceso: los niños y niñas, los jóvenes y las mujeres. Si bien los indicadores sociales de estos grupos también mejoraron, lo hicieron en menor medida que el promedio de la población, por lo cual se ampliaron las brechas.
En Argentina, el logro de los pisos de protección social depende de la articulación virtuosa en las intervenciones de los tres niveles de gobierno para evitar superposiciones o vacíos. CIPPEC analizó los casos de los municipios de Villa Carlos Paz y Zárate en la consecución de los pisos de protección social
Se identificaron desafíos comunes entre ambos municipios en la implementación de medidas tendientes a la constitución de un sistema de protección integral. A partir de esa identificación, este documento ofrece recomendaciones de política para una mejor construcción de los pisos de protección social.
Políticas provinciales para las adolescencias: Dónde estamos y hacia dónde vamos
El documento contiene dos conjuntos de recomendaciones. En primer lugar, recomendaciones para la resolución de problemas específicos de los campos de educación, salud, protección y promoción de derechos, participación e inclusión productiva. Las recomendaciones institucionales, en cambio, apuntan a la promoción de la intersectorialidad de las intervenciones diseñadas e implementadas en las provincias en el marco del federalismo argentino: versan sobre mecanismos de coordinación, sistemas de evaluación, monitoreo e información y construcción de capacidades críticas en los recursos humanos gerenciales y operativos de los programas públicos destinados a los adolescentes.
El documento comienza con una introducción conceptual que discute el término adolescencias y los principales desafíos que esta población enfrenta desde la sociología de las transiciones. Luego hace un diagnóstico social de los adolescentes argentinas en cuatro dimensiones críticas: terminalidad educativa, parentalidad, inserción laboral y acceso a la vivienda. A continuación se incluyen comentarios sobre el marco normativo y programático a nivel nacional, sección acompañada de un análisis comparativo de la institucionalidad y las políticas públicas para esta población en las provincias de Chaco, Santa Fe y Tucumán. Finalmente, se concluye con las recomendaciones y reflexiones finales.
CIPPEC 2020 brochure institucional
Políticas públicas para reducir la venta y el consumo de alcohol en adolescentes: lecciones aprendidas
La adolescencia, período comprendido entre los 13 y los 18 años, es un momento crucial en la vida de las personas. Aquí se inician transiciones marcadas por hitos fundamentales, cuya calidad, secuencialidad y temporalidad impactarán profundamente en su bienestar presente y futuro. Esto hace necesario que el Estado tome medidas para fortalecer las capacidades de los adolescentes para aprovechar plenamente las estructuras de oportunidades que les ofrece la sociedad a fin de que puedan ejercitar sus derechos.
Este documento presenta los resultados del trabajo realizado en cinco municipios argentinos, a partir del cual fue posible desarrollar una serie de recomendaciones para avanzar hacia una política integral de reducción de la venta y consumo de alcohol en adolescente. El documento cuenta con una primera sección que presenta un abordaje conceptual acerca de la adolescencia y los determinantes del consumo problemático de alcohol. Luego, la segunda sección introduce un breve diagnóstico sobre la situación del consumo de alcohol entre adolescentes en la Argentina.
Cambios en la forma de votar. 10 aprendizajes de la implementación del voto electrónico en la provincia de Salta
Salta fue la primera provincia en incorporar un sistema de voto electrónico para el 100% del padrón provincial. La experiencia comenzó con una prueba piloto en 2009 y se amplió gradualmente hasta incorporar a todo el electorado en 2013 y elegir gobernador por primera vez mediante este sistema en 2015.
Diez aprendizajes se derivan de esta experiencia: 1) la implementación gradual permite hacer pruebas, monitorear, evaluar, introducir ajustes y desarrollar las capacidades que las autoridades electorales necesitan para administrar la nueva tecnología; 2) para garantizar que la reforma tenga el consenso de los principales actores de la competencia política y resulte previsible, el cambio debe incorporarse de manera integral al régimen electoral; 3) la participación de las fuerzas políticas fortalece el proceso de implementación y la confianza en el nuevo sistema; 4) la relación con la empresa proveedora es un desafío, por lo que deben establecerse detalladamente las condiciones en las que proveerá bienes y servicios, desde el proceso de contratación hasta cualquier intervención que pudiera tener el día de la elección en los lugares de votación o en el recuento de los votos; 5) las autoridades de mesa son una pieza clave en el proceso de cambio y su capacitación y empoderamiento es determinante para una transición exitosa entre sistemas; 6) el rol del personal técnico es importante y su intervención en el proceso electoral debe estar claramente delimitada en las normas; 7) explicar la forma en que la nueva tecnología preserva las garantías del voto es tan importante como enseñar el modo de uso; 8) las campañas de capacitación resultan más efectivas si se adecúan a las necesidades específicas de cada público; 9) la forma en que la tecnología de votación presenta las opciones electorales puede tener un efecto en el comportamiento de los votantes; 10) sin reglas que ordenen y transparenten la oferta electoral, el cambio del sistema de votación no es suficiente para garantizar transparencia en las opciones que se le presentan al elector ni equidad en las condiciones de la competencia.