Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia se registraban 44 empresas públicas. Entre las principales se encontraban: Casa de la Moneda, Lotería Nacional, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo y Emprendimientos Energéticos Binacionales, entre otras que aún continúan funcionando bajo el paraguas del Estado, y otras como Ferrocarril General Belgrano (2013), Banco Nacional de Desarrollo (2005), Ferrocarriles Metropolitanos (2004), Caja Nacional de Ahorro y Seguro (2005) y Corporación Argentina de Productores de Carne (2005) que fueron liquidadas en el período 2003-2015. En total, durante la última década se disolvieron 5 empresas públicas.

Para el día 10 de diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empresas estatales había ascendido a 52, con la incorporación de 13 nuevas empresas. Este incremento no se produjo como un fenómeno aislado, sino en un contexto de metamorfosis del Sector Público Nacional que se  tradujo en la expansión de todos y cada uno de los segmentos de la administración dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, fundamentalmente aquellos que suponen una administración de tipo descentralizada (GPS del Estado, CIPPEC, ASAP).

En este sentido, podemos advertir que el crecimiento de las empresas públicas forma parte de una decisión política deliberada de un Estado que buscaba incrementar su participación en los asuntos económicos y sociales que hacen a la calidad de vida de la ciudadanía.