Desde fines de 2015 las transferencias automáticas estuvieron afectadas por decisiones de política fiscal que incidieron en sentido opuesto. Por un lado, aumentando estos recursos, vía el proceso de restitución a provincias de fondos coparticipables que hasta 2015 se destinaban a financiar el sistema de seguridad social nacional , el aumento del coeficiente de distribución de la CABA de 1,4 % a 3,75% y la reducción del aporte que efectuaban las provincias al financiamiento de AFIP. Este recupero de recursos se ha dado en un marco de mayor institucionalidad, lo que ha permitido a las provincias contar con mayor automaticidad en la asignación de los fondos. Sin embargo, estas modificaciones configuraron un escenario de realidades disipares en las jurisdicciones provinciales.
La CABA, debido al aumento de su coeficiente de coparticipación, registró en 2016 un incremento en los fondos coparticipados del 252%, Córdoba, Santa Fe y San Luis -en virtud del fallo de la CSJN- 43%, mientras que en las 20 jurisdicciones restantes -solo percibieron la restitución de 3p.p- la suba alcanzó solo 28%. En sentido contrario, reduciendo la masa coparticipable, incidieron las modificaciones de política tributaria impulsadas por el gobierno que implicaron la eliminación y/o reducción de impuestos coparticipados, tales como Impuesto a las Ganancias, IVA y Derechos de Exportación que, aunque no son parte del Régimen de Coparticipación propiamente dicho alimentan, el FFS por las exportaciones de soja.
Con respecto al Impuesto a las Ganancias, las modificaciones consistieron en el aumento del mínimo no imponible y la actualización de los parámetros del tributo. En el caso del IVA, la devolución del impuesto sobre los productos de la canasta básica para sectores vulnerables: perceptores de la AUH y jubilados o pensionados que cobran el haber mínimo.
Como resultado de los cambios señalados y de la dinámica de los precios y el nivel de actividad, los recursos coparticipables de carácter automático con destino a las provincias reflejaron un incremento de 36% en 2016. En la comparación con los recursos tributarios nacionales, dicho incremento se neutraliza por el significativo impacto recaudatorio del sinceramiento fiscal -$93.000 millones- no coparticipable en virtud de la Ley 27.26012. Si no se consideran estos fondos en los recursos tributarios nacionales, dichas transferencias aumentan 2pp, pasando de 27% a 28,7% de los recursos nacionales, o bien de 28% a 29,7% en caso de considerarse el FFS.