Día de la Mujer: el mejor regalo, políticas para la equidad de género

Aún persisten amplias brechas entre los hombres y mujeres argentinos en la participación de la vida pública y en la distribución de las tareas de cuidado.

(Buenos Aires, 7 de marzo de 2017) El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, obreras textiles organizaron una protesta contra los salarios bajos y las condiciones inhumanas en que trabajaban y fueron brutalmente reprimidas. Desde entonces, la conmemoración del Día de la Mujer busca alcanzar la plena participación, en condiciones de igualdad, de las mujeres en la vida política, civil, económica, social y cultural.

La fecha es una oportunidad para reflexionar sobre cuánto le falta avanzar a la Argentina para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres y cuál debería ser el rol del Estado y de la sociedad en su conjunto para acelerar este progreso. La equidad de género implica la igualdad de derechos y oportunidades, y está íntimamente vinculada con el desarrollo social, económico y humano de un país. Por ello, garantizarla debe ser un compromiso de todos.
En 2017 aún persisten amplias brechas entre los hombres y mujeres argentinos en términos de participación en la vida pública y distribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares.

En este marco, el 20 y 21 de marzo CIPPEC organizará en Buenos Aires un encuentro del Women20 (W20), uno de los llamados “procesos de diálogo” que funcionan en el marco del G20. Creado hace tres años, su objetivo es incrementar 25% la participación de las mujeres en el mercado laboral para 2025. Los temas del W20 para 2017 incluyen la participación de las mujeres en la fuerza laboral, que reciban la misma paga que los hombres por su trabajo, las mujeres en las posiciones gerenciales, la compatibilidad entre la carrera y la familia, la evaluación del empleo remunerado y de las tareas de cuidado, el emprendedorismo de mujeres, el acceso al mercado de capitales y el cierre de la brecha digital de género.

Situación de la Argentina

Según el estudio elaborado por CIPPEC “Radiografía de las mujeres en la vida pública”, en el ámbito laboral, en nuestro país, las mujeres enfrentan considerablemente mayores dificultades que los varones tanto para insertarse en el mercado laboral como para ascender a puestos de mayor jerarquía. Asimismo, el sector ocupacional donde ellas se insertan, el nivel de formación que se les exige, así como la remuneración que reciben evidencian claras desventajas en relación con los varones.

Siguiendo la tendencia regional, la tasa de actividad femenina está estancada hace 15 años: solo una de cada dos mujeres es activa laboralmente (trabaja o busca trabajo), cifra que contrasta fuertemente con el 72% de actividad laboral masculina. Además, a las mujeres les cuesta más obtener empleo (el 43% de las mujeres trabaja, más allá de las tareas de cuidado; en varones ese porcentaje es 67%) y, una vez que lo hacen, suele ser en empleos de peor calidad (con mayor informalidad, menores salarios y peores puestos). Estas dificultades están íntimamente relacionadas con los estereotipos de género y, sobre todo, con la falta de equidad existente en la distribución de las tareas al interior de los hogares.

A pesar de algunos cambios en el ejercicio de ciertos roles asignados culturalmente, la creciente inserción laboral de las mujeres en la segunda mitad del siglo pasado no se vio acompañada de una redistribución de roles domésticos, por lo cual se tradujo en una “revolución estancada”. Las mujeres siguen siendo mayoritariamente las responsables principales de la organización del hogar y el cuidado de niños: en promedio destinan 6,4 horas diarias a desarrollar tareas de cuidado mientras que los varones dedican tan solo 3,4 horas. Esta sobrecarga de tareas en las espaldas femeninas trae aparejadas serias dificultades en su desarrollo laboral, condenándolas a optar por trabajos de menor responsabilidad y peor calidad.

Aun cuando logran insertarse en el mercado laboral, las mujeres sufren mayores restricciones para acceder a puestos de decisión (el denominado “techo de cristal”) y a los sectores más dinámicos de la economía (las “paredes de cristal”). Según la Encuesta Permanente de Hogares solo tres de cada diez puestos de jefatura son ocupados por mujeres y su salario promedio es un 27% menor que el de los varones en puestos con las mismas responsabilidades.

La función pública

Por otra parte, en la función pública, donde el Estado podría dar un ejemplo a seguir por el sector privado, queda un largo camino por recorrer. El 50% de los empleados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) son mujeres pero solo el 30% del personal jerárquico del PEN son mujeres (ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales y generales, y titulares de organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social).

Otro tanto sucede en el Poder Legislativo Nacional. En Diputados, ley de cupo mediante, solo 34% de las bancas están ocupadas por mujeres. En la Cámara Alta, 40% de las bancas están en manos de mujeres. Por otra parte, nunca una mujer presidió la Cámara de Diputados de la Nación.

En el Poder Judicial, las mujeres son el 54% del total del personal en los distintos estamentos, con excepción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, en la Justicia provincial el 44% de los jueces son mujeres mientras que en la Justicia nacional y federal solo ocupan ese puesto un 34% de mujeres. En sintonía con esta tendencia, en el máximo tribunal de Justicia de la nación, la Corte Suprema, solo uno de los magistrados es mujer (Mapa de Género de la Justicia Argentina, 2013. Oficina de la Mujer, CSJN).

Las políticas que faltan

Si bien la movilización política y social de las mujeres cobró mayor fuerza en los últimos años y ayudó a visibilizar una realidad poco iluminada, el país necesita trabajar fuertemente en disminuir las disparidades entre varones y mujeres a partir de la construcción de mayores estándares de igualdad de oportunidades. En este sentido, desde CIPPEC consideramos que es necesario transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, en particular a través de cuatro ejes:

1. Propiciar una política nacional de cuidados y modificar el régimen de licencias por paternidad, maternidad, y familiares.
2. Promover la autonomía económica de las mujeres incidiendo para que las políticas educativas y laborales adopten enfoques que promuevan un mayor y mejor acceso de las mujeres al empleo de calidad.
3. Garantizar el logro de los derechos sexuales y reproductivos.
4. Incrementar el poder de decisión de las mujeres reduciendo el techo de cristal y promover la paridad en las listas electorales.
Por último, lograr transformaciones profundas requiere que estas medidas estén acompañadas de un fuerte compromiso y participación de la sociedad. La equidad de género es una responsabilidad colectiva: los estereotipos que en la cotidianeidad nos parcializan la lectura y nos confinan a una mirada patriarcal se deconstruyen entre tod@s.

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