Elaboración propia sobre la base de la CGECSE /MEN, serie de Índices de Precios IPC-INDEC, IPC-ECOLATINA y CFI/Ministerio de Hacienda de la Nación.

Metas estipuladas según LFE y LEN e inversión consolidada en educación según jurisdicción, en porcentaje del PIB (2005-2019)

Tras una etapa de crecimiento sostenido de la inversión educativa consolidada (2005-2010), en los últimos diez años se registró el incumplimiento de la meta de inversión de la Ley de Educación Nacional.


La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo (2005) y de Educación Nacional (2006) marcaron un punto de inflexión al establecer el umbral de inversión mínima en el sector educativo del país. Las metas de inversión establecidas constituyeron un puntapié para orientar los esfuerzos adicionales que, de manera conjunta, entre la Nación y las provincias, debían realizar para alcanzar su cumplimiento.

La LFE delimitó un sendero progresivo de incremento de los recursos para alcanzar la inversión del 6% del PIB en educación, ciencia y tecnología en el año 2010 y, posteriormente, la LEN estipuló una vez alcanzada dicha meta, el presupuesto conjunto del Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales destinado de forma exclusiva a la inversión en educación no podría ser inferior a 6% del PIB (excluyendo ciencia y tecnología).

El Gráfico muestra la inversión consolidada en educación entre 2005 y 2019 en clave del monitoreo de las metas para cada nivel de gobierno. Durante este periodo se pueden diferenciar dos estadios del financiamiento educativo en Argentina.

El primero se vincula a los compromisos impulsados por la Ley de Financiamiento Educativo y se extiende desde 2005 hasta 2010. Durante estos años se evidencia un crecimiento progresivo de la inversión en educación, ciencia y tecnología de manera concurrente entre la Nación y las jurisdicciones provinciales mediante el incremento progresivo hasta alcanzar un adicional de dos puntos porcentuales respecto del PIB en el plazo de cinco años. En el año 2005, la inversión partió del 4,2% del PIB y debía incrementarse hasta alcanzar el 6% del PIB en el año 2010. Durante el periodo 2005 y 2010 el Estado Nacional incrementó su nivel de inversión en 0,5 puntos porcentuales respecto del PIB, mientras que las jurisdicciones provinciales registraron un incremento de 0,8 puntos porcentuales.

El segundo estadio se vincula con el compromiso político plasmado en la Ley de Educación Nacional. La temporalidad de este estadio corresponde al periodo 2011 y 2019 y se caracterizó por una tendencia de estancamiento e incumplimiento de la meta de inversión por ambos niveles de gobierno. Solo en el año 2015, de manera excepcional, se registró el cumplimiento puntual de la meta de inversión educativa consolidada. Ese año el Estado nacional incrementó su participación en la inversión del 1,5% (2014) al 1,6% (2015) respecto del PIB. El principal impulso que permitió alcanzar la meta de inversión se originó en las jurisdicciones provinciales, que incrementaron en un 0,4% p.p. su participación conjunta en la inversión educativa, elevándose del 4,1% (2014) al 4,5% (2015). Este esfuerzo extraordinario respecto de los años previos sucedió en un contexto en el cual no se registró un salto significativo de la recaudación provincial total, sino que obedeció al carácter estrictamente político, en un escenario de contienda electoral, que impulsó el incremento de los recursos por la vía presupuestaria.

Un cambio de tendencia se registró para los años comprendidos entre 2016 y 2019. En 2016 y 2017, la inversión educativa consolidada retrocedió a niveles similares de los años 2012 y 2013. La evolución de la economía y la recaudación en este periodo se caracterizó como un escenario de gradualismo fiscal que buscó reducir la carga tributaria y llevar adelante un ajuste pausado del gasto público como horizonte de reducción del déficit público del Estado Nacional.

La protección de la inversión consolidada no resultó suficiente para garantizar el piso del 6% entre 2011 y 2019. Considerando el último año (2019), la caída de la inversión representó el 1,10% del PIB, correspondiendo el 0,20% a la Nación y el 0,90% a las jurisdicciones provinciales. Para alcanzar la meta, el Estado nacional y el conjunto de jurisdicciones provinciales debieron adicionar recursos en un volumen cercano a los $53.500 millones y $184.700 millones, respectivamente.

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