El 32% de los hogares de Argentina –aproximadamente 4.000.000 de hogares– habita en viviendas deficitarias, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio Federal Urbano (OFU), elaboradas en base al censo de 2010. Este déficit se concentra principalmente en hogares que requieren ampliaciones o mejoras críticas para la calidad de vida (denominado déficit cualitativo), estimado en 2.600.000 hogares. El tercio restante de los hogares (1.300.000), por otra parte, requiere una vivienda nueva porque la comparte con otros hogares y/o es de calidad constructiva precaria (denominado déficit cuantitativo).  

El acceso al hábitat y la vivienda adecuada es un derecho fundamental que constituye una condición necesaria para el cumplimiento de otros derechos, como el acceso a la salud, la educación y el trabajo. Abordar integral y masivamente la problemática es urgente. En este sentido, desde CIPPEC proponemos avanzar en una política integrada de mejoramiento de viviendas, con el objeto de disminuir significativamente el déficit cualitativo en todo el país. 

La política apunta a facilitar la realización de ampliaciones y mejoras en las viviendas que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Las necesidades de ampliación se deben al hacinamiento y/o a la cohabitación con otros hogares u otros núcleos familiares que no cuentan con los recursos económicos necesarios para independizarse. Por su parte, las mejoras se deben a cuestiones vinculadas con las terminaciones, el aislamiento de paredes y/o techos, la conexión domiciliaria a redes de agua y cloacas, la ventilación de los ambientes, entre otros. El déficit cualitativo afecta tanto a las familias que viven en barrios formales –viviendas formales que experimentan situaciones de informalidad, como procesos constructivos inacabados o conexiones inseguras de luz y/o saneamiento– como a aquellas que lo hacen en barrios informales –viviendas progresivas que amplían su superficie y mejoran su técnica de construcción y aislación a lo largo del tiempo–.  

Dado que Argentina es un país federal, cada nivel de gobierno tiene competencias en la política habitacional. Por este motivo, la coordinación entre nación, provincias y municipios resultará fundamental para esta política, cuyo alcance y financiamiento será nacional, pero la implementación corresponderá a los municipios y hogares beneficiarios. Los municipios deberán presentar al gobierno nacional un proyecto en el que detallen la zona de implementación y luego, una vez aprobado, se abrirá la convocatoria para que los hogares que allí habitan puedan aplicar para ser beneficiarios.  

Esta política reúne los aprendizajes de otros programas implementados hasta el momento –“Mi Pieza”, “ProCreAr”, “PROMEBA”, entre otros– y se construye sobre las lecciones aprendidas. Esto se debe a que esta política: 

• Aborda la problemática de forma masiva. 

• Fomenta la planificación territorial de la zona intervenida, así como la articulación entre los tres niveles de gobierno. 

• Aplica para habitantes de barrios formales e informales.  

• Incluye la asistencia técnica obligatoria durante todo el proceso para garantizar la necesidad, relevancia, calidad y certificación formal de las obras.  

• Ofrece una solución a todas las deficiencias cualitativas posibles (paredes, pisos, techos, acceso a servicios, división de ambientes, ampliaciones, entre otras). 

La política integrada de mejoramiento de viviendas plantea una estrategia nacional masiva que cuenta con tres componentes fundamentales:  

• Asistencia financiera a hogares beneficiarios –propietarios/as que viven o alquilan sus viviendas, o disponen de un inmueble vacío que requiere mejoras para ser alquilado– segmentada de acuerdo a sus necesidades (subsidios, créditos hipotecarios con o sin tasa subsidiada) y de corto plazo, que se canalizará a través del sector público y del sector privado. En el caso de los hogares con jefatura femenina, se otorgarán facilidades adicionales. En todos los casos, se deberá solicitar la rendición de cuentas del uso de los recursos.  
• Asistencia técnica obligatoria durante todo el proceso, que garantice la necesidad y viabilidad de la refacción, la calidad de la construcción y la entrega de certificaciones, en pos de una mayor sustentabilidad y perdurabilidad de las viviendas.  

• Articulación interjurisdiccional entre la política de mejoramiento y los procesos subnacionales de planificación y ordenamiento territorial, a través de incentivos fiscales para gobiernos y personas físicas (por ejemplo, exenciones impositivas a la ampliación o refacción) localizadas en áreas que se definan como prioritarias y/o de interés. Dichos procesos de planificación contemplan la integración socio-urbana, la planificación territorial y la provisión de infraestructura, que deben estar alineados con la política de mejoramiento para garantizar su eficacia e impacto.