El Estado se enfrenta a tensiones y problemas cada vez más complejos y en contextos de incertidumbre, lo que obliga a la Administración Pública a resolverlos de formas diferentes a las conocidas hasta el momento. Ello requiere de un uso mucho más intensivo y sofisticado de la gran cantidad de datos que se producen en forma creciente, pero que están subutilizados para el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de políticas. 

El hecho de contar con una gran cantidad de datos no significa que puedan transformarse automáticamente en información, y mucho menos en conocimiento, aplicados al quehacer estatal. Argentina padece problemas graves de trazabilidad, coordinación, intercambio y gobierno de datos. La mayoría de los organismos públicos capturan datos y administran sus propias bases, con tecnologías e infraestructuras diferentes (AFIP, ANSES, Salud, Educación, RENAPER, INDEC, por mencionar algunas de las más importantes) lo que arroja un panorama de gran heterogeneidad que hace prácticamente imposible la comparación, el intercambio o la integración de esos datos en información. Un déficit que, en definitiva, atenta contra la calidad de las políticas públicas y es parte de las falencias que impiden la creación de una cultura del dato.  

La desvinculación entre los 1.154 datasets de las 36 organizaciones estatales publicados en la plataforma Datos Argentina y la planificación o el seguimiento de políticas es muestra de este déficit. Testimonio de ello es, por ejemplo, el caso del Mapa de la Acción Estatal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El mismo escenario lo ilustran los casi 526 millones de documentos y 46 millones de expedientes tramitados por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). 

A esto se suman los inconvenientes y restricciones que existen para adquirir equipamiento de última generación, junto a la acelerada dificultad para la incorporación y retención de personal técnico especializado o con habilidades digitales. Si a este marco se le añade la falta de un marco normativo armónico y actualizado que regule la generación y el uso de datos, se puede vislumbrar un rezago manifiesto que dejaría a la Administración Pública con rasgos de obsolescencia aún más marcados.  

Desde CIPPEC, buscamos impulsar la transformación digital del Estado, a través de la digitalización e incluso la automatización progresiva de los procesos administrativos, con foco en la gobernanza de datos, para que la definición, implementación y evaluación de políticas públicas se haga en base a evidencias. Para eso es necesario consolidar la integración y la interoperabilidad de los datos vinculados a la gestión con los que cuentan los diferentes organismos estatales, fortaleciendo el papel rector de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de una estrategia nacional para la gobernanza de datos que abarque el desarrollo y armonización del marco normativo. Al mismo tiempo, se deben fortalecer los recursos humanos y tecnológicos disponibles y necesarios a futuro, además de crear un diseño institucional que permita una coordinación horizontal y vertical eficiente en materia de generación e intercambio de información para la toma de decisiones, en el marco de una Política Federal de Datos considerando una mirada federal. 

Para que el Estado logre constituirse en una organización guiada por datos, no alcanza solamente con incorporar tecnología: es necesario afianzar una cultura del dato que lo considere un activo clave, y que permita integrar de forma coherente, consistente y segura la mayor cantidad de datos de calidad al proceso de formulación de políticas. Comprender al dato como un insumo ineludible para el diseño y evaluación de políticas públicas permitirá proveer bienes y servicios mucho más orientados hacia la atención de demandas ciudadanas cada vez más complejas y urgentes. Para lograrlo, se debe establecer una estrategia que considere:  

• Actualizar y complementar el marco normativo que opera sobre la obtención de datos y producción de información, su intercambio y utilización, lo que brindará las garantías necesarias para que los diferentes actores y niveles de la administración puedan compartir información, bajo la protección de los datos personales. 

• Consolidar un modelo de gobernanza de datos públicos de forma transversal a partir de pautas e instrumentos de gestión.  

• Desarrollar capacidades y competencias de los agentes públicos para la gestión de la información, en línea con una planificación de recursos humanos que favorezca la captación y retención de talento digital, su sensibilización y capacitación. 

• Definir funciones específicas de liderazgo en materia de tecnologías de información para conducir la incorporación, adaptación e implementación de nuevas herramientas que mejoren el proceso de formulación de políticas públicas.