Fortalecer la docencia es indispensable para la mejora educativa: la evidencia sobre el impacto de la enseñanza en el aprendizaje es abrumadora, y los países que lograron mejoras sostenidas apostaron por reconocer el valor social de la profesión, mejorando condiciones de trabajo, formación y desarrollo profesional. Argentina presenta hoy debilidades estructurales en su política docente. Si bien en las últimas décadas se produjeron avances, tales como la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), el ordenamiento del currículo de la formación inicial, la expansión de programas de formación docente situada y el incremento de los cargos de apoyo, entre otros, estos fueron fragmentados o parciales y no lograron dar respuesta a problemas estructurales que presenta la carrera.

La formación inicial se desarrolla en un sistema sobredimensionado y fragmentado, con desafíos de coordinación, planeamiento y eficacia. La formación continua carece de sistemas robustos de evaluación y acreditación, lo que configura una oferta dispersa y heterogénea. La carrera docente ofrece pocas oportunidades de crecimiento profesional, mientras el ejercicio de la docencia transcurre en un contexto desafiante, con problemáticas sociales que irrumpen en la escuela, condiciones laborales insuficientes y un reconocimiento social exiguo.

Este es el diagnóstico que CIPPEC desarrolló en “El corazón del sistema educativo” (septiembre de 2025), donde también se planteó la necesidad de un diálogo social robusto como plataforma para poner en valor la profesión docente. Con ese espíritu impulsamos “Diálogos por la Docencia”, orientado a identificar acuerdos mayoritarios, matices y disensos fundamentados sobre las principales políticas para jerarquizar la docencia. En su primera etapa, entre marzo y julio de 2026, se realizaron catorce encuentros que reunieron a casi cincuenta referentes de trayectorias diversas —docentes, exfuncionarios, especialistas e investigadores— en cuatro mesas: gobierno del sistema formador, formación inicial, formación continua y, por último, carrera y condiciones laborales.

En la mesa de gobierno del sistema formador hubo acuerdo mayoritario en sostener el sistema binario de institutos superiores y universidades, con estándares de calidad, planificación y acreditación comunes y mejor articulación entre subsistemas. Se abogó por un INFoD con capacidades técnicas y presupuestarias fortalecidas, que cumpla un rol de articulador federal en lineamientos, regulaciones, acreditación de institutos y formación de formadores. A su vez, se subrayó la centralidad de los gobiernos provinciales en la formación y la carrera docente, del mismo modo que se reconocieron asimetrías técnicas y económicas entre ellas, así como también la necesidad de mayor voluntad política. Por otra parte, se señaló la urgencia de un sistema de información unificado y de avanzar con el sistema de acreditación de instituciones aprobado recientemente a nivel federal, integrando también a las universidades al proceso. Finalmente, existió un consenso en torno a la necesidad de reorganizar el sistema formador provincial, concentrando la formación inicial en menos institutos y fortaleciendo la formación continua, el apoyo a escuelas y la investigación en el resto. Todo ello con una planificación que incorpore proyecciones demográficas y de demanda futura de docentes.

En la mesa de formación inicial hubo amplio acuerdo en implementar evaluaciones diagnósticas no eliminatorias en la instancia de ingreso a los profesorados, con estrategias de nivelación como cursos introductorios o tutorías. Hubo posiciones distintas sobre la duración de las carreras, pero sobre todo preocupación compartida sobre la organización y el desarrollo de los planes de estudio y su impacto en la calidad: se coincidió en lo fundamental que resulta hoy reforzar los contenidos disciplinares en nivel inicial y primario, junto con la didáctica en el secundario y una supervisión curricular más profunda. Se señaló que la práctica no debe pensarse separada de la teoría, sino integrada en toda la carrera, y que se deben mejorar las condiciones en que se desarrollan las prácticas, especialmente con perfiles docentes experimentados y un mayor acompañamiento de los practicantes. Al mismo tiempo, hubo consenso sobre procesos de selección y evaluación de formadores que combinen decisiones institucionales con regulación central. Por último, la posibilidad de un examen de egreso presentó pocas adhesiones.

La mesa de formación continua partió de un acuerdo sobre su carácter estratégico como componente de una política de jerarquización docente. Hubo un acuerdo notorio en cuanto a que las propuestas con mayor potencial para mejorar la enseñanza son las centradas en problemáticas reales, con enfoque situado, sostenidas en el tiempo y conectadas a las necesidades del sistema, las instituciones y los docentes. En vínculo con esto, se priorizaron cuatro contenidos: didáctica por área, manejo de grupo, saberes básicos de la profesión (planificación, secuenciación, evaluación) y manejo del mundo digital, en especial la inteligencia artificial. La noción de un INFoD abocado a coordinación y construcción de capacidades generó consenso entre quienes participaron a partir de elementos puntuales: apoyo técnico a las provincias, lineamientos para orientar la formación continua y una usina de buenos formadores. También se acordó fortalecer la evaluación de las propuestas formativas, con un rol activo del INFoD e instancias mixtas provinciales con legitimidad técnica. Por último, resguardar tiempos institucionales para la formación y el trabajo colaborativo se reveló una condición necesaria.

En lo que refiere a la mesa de carrera docente y condiciones laborales, un primer consenso señaló que una carrera más atractiva debería priorizar el desarrollo profesional —formación continua y desempeño— por sobre la antigüedad, con impacto en el sistema de puntaje. Un segundo acuerdo apuntó a avanzar hacia una carrera horizontal que reconozca el desarrollo profesional sin depender solo de funciones de conducción. El fortalecimiento de la docencia en base a la definición de un perfil docente traducido en estándares profesionales —hoy inexistentes en el país— fue otra de las ideas que emergieron. Producto de ello, se propuso revisar los esquemas actuales de evaluación del desempeño por su bajo aporte a la práctica; los modelos y su proceso de construcción quedaron como discusión abierta. Por otro lado, el consenso sobre lo salarial fue amplio: las remuneraciones son insuficientes y recomponerlas exige un compromiso fiscal sostenido, además de precisar el rol del Estado nacional. Finalmente, se reconoció que mejorar las condiciones laborales requiere también transformar la organización del trabajo escolar y el acompañamiento a los docentes, al margen de reconstruir el reconocimiento social de la profesión.

En síntesis, el recorrido por las cuatro mesas evidencia la necesidad de una conversación madura sobre la profesión docente en Argentina y revela un compromiso genuino de los participantes con la mejora educativa. Si las políticas para la docencia conforman un campo de políticas públicas relativamente conservador en Argentina, los debates aquí presentados reflejan una imagen de deshielo: algunos temas típicamente sensibles fueron traídos a la discusión, emergieron acuerdos relevantes a la vez que se fundamentaron los disensos.

Desde CIPPEC, la sensación es que la perpetración del statu quo no parece ser la plataforma sobre la cual movilizar los cambios que la profesión docente necesita y, por lo tanto, es preciso sentar nuevas estructuras para montar las mejoras. De las discusiones emergieron, por lo pronto, cuatro pilares: a) la elaboración de estándares federales y mecanismos de evaluación; b) una mayor racionalidad en el diseño y planificación de las políticas, instituciones y ofertas; c) el fortalecimiento de las condiciones para la enseñanza; d) un Estado con capacidades técnicas y presupuestarias fortalecidas.

En definitiva, este documento refleja apenas el inicio de una conversación necesaria para nuestro país. En la siguiente etapa de los “Diálogos por la Docencia”, se ampliará la discusión con autoridades educativas a nivel nacional y provincial, organizaciones sindicales y redes de docentes, legisladores, representantes de universidades, organizaciones de familias y de la sociedad civil y referentes del sector productivo para seguir pensando en cómo fortalecer la profesión docente en el largo plazo.

Argentina atraviesa una transformación demográfica profunda: entre 2014 y 2024, la tasa de fecundidad cayó un 49%. En este contexto, garantizar que cada niño y niña pueda desarrollarse en las mejores condiciones desde el nacimiento adquiere una importancia cada vez mayor. Para lograrlo, no alcanza con asegurar recursos económicos y servicios: también es necesario proteger el tiempo disponible para cuidar durante los primeros años de vida.

Este documento analiza las políticas de cuidado en la primera infancia, con especial atención a la lactancia y al régimen de licencias familiares. El informe muestra que cerca de la mitad de las personas trabajadoras queda excluida de las licencias por nacimiento o adopción y que existen grandes desigualdades según la inserción laboral, el sector y la jurisdicción. A partir de este diagnóstico, propone avanzar hacia un sistema más amplio, equitativo y corresponsable, que reconozca el tiempo de cuidado como una inversión fundamental en el desarrollo infantil y en el capital humano futuro del país.