Este documento evalúa en profundidad cómo fueron los resultados del ITPP en 2024 en cada uno de sus componentes y dimensiones para las provincias argentinas, identifica logros y oportunidades de mejora. Cuando un gobierno transparenta las cuentas públicas, permite que la ciudadanía y otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se implementan con los recursos generados. La transparencia debe ser un compromiso que se reafirme en forma constante. Mejorar la transparencia incentiva e informa el debate público, mejora los procesos de rendición de cuentas e incrementa la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. 

Publicado el 10 de diciembre de 2025

En la Argentina, los bajos resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales dan cuenta de una crisis del aprendizaje. Según la evaluación nacional Aprender 2023, en primaria, 3 de cada 10 estudiantes de sexto grado no alcanzan niveles satisfactorios en Lengua y 5 de cada 10 en matemática. En el último año de la secundaria, según Aprender 2024, la proporción asciende a 4 de cada 10 en Lengua y 9 de cada 10 en Matemática. Las evaluaciones internacionales, como PISA, también evidencian grandes desafíos: 5 de cada 10 estudiantes de 15 años evaluados se encuentran por debajo del nivel básico establecido en Lengua y 7 de cada 10 en Matemática.

En este contexto, las evaluaciones de aprendizaje a gran escala pueden ser una herramienta fundamental para monitorear los niveles de desempeño de los y las estudiantes y orientar acciones que fortalezcan la enseñanza y el aprendizaje. Además de dar cuenta de los aprendizajes adquiridos, estas evaluaciones brindan información sobre el contexto escolar, familiar y social en que los procesos de enseñanza y aprendizaje transcurren. De esta manera, generan evidencia muy valiosa que puede ser utilizada para el diseño e implementación de acciones de distinta naturaleza y a distintos niveles del sistema que mejoren dichos procesos.

Las escuelas son uno de los usuarios posibles de esta información. Los resultados de las evaluaciones a gran escala y la información de contexto que se releva en estos operativos, cuando se implementan de manera censal y luego se devuelve a las instituciones educativas con formatos adecuados, pueden utilizarse para impulsar procesos de mejora. En Argentina, la devolución de resultados a las escuelas ha sido un componente explícito de las estrategias de uso promovidas por la evaluación nacional Aprender desde 2016. Sin embargo, no existe una teoría de cambio clara que especifique cómo se espera que la información producida contribuya a la mejora.

Promover el uso efectivo de estos datos por parte de las escuelas debería ser prioritario por diversas razones. En primer lugar, existe evidencia que muestra que las estrategias de devolución de resultados a las escuelas pueden traducirse en mejoras en los aprendizajes y en las trayectorias educativas de sus estudiantes (Ganimian, et. al., 2024). Además, la información generada es una fuente valiosa para orientar la conducción institucional, en tanto ofrece una mirada externa, estandarizada y comparativa con otras instituciones. Finalmente, la implementación de evaluaciones censales que habilitan la devolución de resultados por escuela supone un gran esfuerzo operativo, técnico y financiero, lo que hace importante garantizar su máximo aprovechamiento.

Sin embargo, lograr que la evidencia generada sea efectivamente utilizada por los equipos escolares sigue siendo un gran desafío. Suelen existir demoras en la entrega de resultados y los reportes se presentan con formatos poco accesibles para las escuelas o con continuos cambios. A esto se suma que muchos equipos escolares no cuentan con formación específica para analizar e interpretar los datos, que los resultados no se integran de manera consistente en los procesos de planificación institucional y que todavía falta consolidar una cultura que promueva el uso sistemático de la información para la mejora. Como consecuencia, se constata en la región que la información generada suele ser subutilizada y persiste una brecha entre la producción de datos y su uso efectivo.

Este problema abre una serie de interrogantes centrales para el caso argentino: ¿cómo lograr que la información de las evaluaciones Aprender se convierta en un insumo para la gestión institucional y pedagógica y no se limite a un diagnóstico abstracto del sistema? ¿Qué condiciones deben garantizarse para que los equipos directivos y docentes puedan apropiarse de los datos y traducirlos en acciones concretas de mejora? ¿Qué papel deben jugar los distintos niveles de gobierno en un sistema federal donde la aplicación es nacional pero la gestión escolar es jurisdiccional?

El documento aborda estas preguntas y muestra que, si bien los reportes por escuela de Aprender constituyen un insumo valioso, su diseño ha cambiado con frecuencia y su circulación efectiva es desigual entre provincias. El análisis identifica tres modelos distintos de reportes producidos entre 2016 y 2023, que variaron en la información incluida, las comparaciones habilitadas y los materiales complementarios. Esta falta de continuidad dificulta la previsibilidad y la apropiación por parte de las escuelas.

También se observa que los reportes abren la posibilidad de múltiples usos, como la elaboración de diagnósticos institucionales, el monitoreo y la evaluación de acciones desarrolladas en años anteriores, la construcción de planes de mejora o el fortalecimiento del desarrollo profesional docente. Sin embargo, para que estos usos se concreten es necesario contar con ciertas condiciones habilitantes —tiempos adecuados de devolución, formación en el uso de datos y espacios institucionales de análisis— que no siempre están garantizadas.

Por otra parte, aunque la mayoría de los directivos que acceden a los informes reconoce su utilidad, persisten grandes diferencias de acceso y oportunidades de uso. El uso efectivo de los reportes depende fuertemente del rol que cumplen las jurisdicciones en su distribución y acompañamiento: allí donde se promueven espacios de análisis con equipos provinciales, el aprovechamiento escolar de la información es mayor.

El documento plantea cuatro recomendaciones para fortalecer el uso de la información generada por el sistema de evaluación nacional: i) alcanzar un acuerdo federal que defina de manera clara los propósitos y usos de la evaluación educativa a nivel escolar, garantizando coherencia entre los dispositivos y estrategias nacionales y provinciales; ii) mejorar la calidad y estabilidad de los reportes por escuela, asegurando comparaciones amplias y un sistema de indicadores complementario a los resultados de aprendizaje con continuidad a lo largo del tiempo; iii) diversificar los productos y estrategias de uso más allá de los reportes, explorando herramientas como metas de desempeño, plataformas públicas con información contextualizada o guías pedagógicas específicas; y iv) garantizar las condiciones habilitantes para el uso efectivo de los datos, incluyendo tiempos oportunos de devolución, formación docente y espacios institucionales para el análisis.

Publicado el 9 de diciembre de 2025

Las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas en Argentina. Lejos de ser un fenómeno aislado, forman parte de una tendencia vinculada al cambio climático, que representa un desafío creciente para la salud pública, los servicios esenciales y la vida cotidiana.

A diferencia de otros eventos climáticos, el calor extremo no siempre se percibe como un peligro, ya que no deja huellas visibles de inmediato. Sin embargo, puede provocar deshidratación, descompensación de enfermedades crónicas, golpe de calor y fallas orgánicas severas. Las infancias, personas mayores, con enfermedades crónicas, trabajadoras expuestas al calor y quienes viven en condiciones vulnerables son las más afectadas.

En este contexto, la comunicación pública cumple un rol decisivo. Informar de manera clara, responsable y accesible es fundamental para prevenir riesgos, modificar conductas y salvar vidas. Esta guía ofrece a periodistas y comunicadores herramientas para cubrir las olas de calor desde un enfoque de salud pública, con recomendaciones prácticas, contexto actualizado y criterios editoriales sugeridos.

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Publicado el 5 de diciembre de 2025

Los sistemas previsionales funcionan como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales. Su objetivo es asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral. Por tratarse de un seguro para toda la sociedad, parecería que lo ideal es que las reglas sean idénticas para todas las personas que participan. A pesar de esto es habitual que, además del esquema general que cubre al común de la población, existan regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios. En Argentina hay cerca de 4,2 millones de beneficios de regímenes de excepción (un 43% del total), con haberes que, en promedio, son un 93% superior al promedio del régimen general del SIPA. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 5,2% del PIB.

En el país existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de méritos que lo justifican. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad, son administrados por instituciones independientes y combinan argumentos de mérito y de especificidad en su justificación. Los sistemas provinciales, incluyendo a los que cubren el empleo público y las cajas profesionales independientes son una cuarta categoría, fundamentada en cuestiones de inercia legal. Finalmente, una última categoría es la relativa a las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad, mérito o situaciones particulares como expresidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, excombatientes de Malvinas, y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, entre otros.

Los regímenes de excepción requieren atención por tres motivos. En primer lugar, introducir regímenes más generosos que el general afecta la equidad y, al financiarse por recursos recaudados mediante el sistema tributario, podría implicar efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, la sostenibilidad de recursos se ve alterada, puesto que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines. Finalmente, se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida por los regímenes, pudiendo resultar en una negación de derechos a ciudadanos.

Una revisión profunda del sistema previsional argentino debería incluir cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible. Una aproximación razonable implicaría que la ciudadanía en su totalidad participe del régimen general en igualdad de condiciones y que, en los casos que se justifique, se definan mecanismos de financiamiento transparentes para las condiciones diferenciales de participación.

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