Publicado el 4 de diciembre de 2024

El documento aborda los desafíos más urgentes del sistema previsional y propone un reordenamiento integral que permita preservar su alta cobertura, al tiempo que se logran mayores niveles de equidad y sostenibilidad fiscal. 

El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos del mundo y se destaca por su amplia cobertura: el 95% de los mayores de 65 años recibe algún beneficio previsional. Sin embargo, esta extensión se sostiene sobre un gasto público que equivale al 10% del PBI, una carga fiscal que aumenta en un contexto de envejecimiento poblacional. Además, el esquema actual presenta profundas inequidades, como la exigencia de 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa, una regla que deja fuera a gran parte de los trabajadores y motivó el uso de moratorias. 

Para corregir estas falencias, CIPPEC propone un nuevo diseño basado en dos componentes: una prestación básica universal, que garantice un ingreso a todos los mayores de 65 años, y una prestación proporcional que reconozca todos los aportes realizados. Esta estructura permitirá eliminar las moratorias y promover una distribución más equitativa de los beneficios.  

La propuesta también busca ordenar el esquema de beneficios por invalidez y fallecimiento, que permite el otorgamiento de pensiones sin los controles necesarios y la duplicación de beneficios de jubilación y pensión, generando injusticias y costos fiscales excesivos.  

Asimismo, el informe destaca la necesidad de revisar los casi 200 regímenes de excepción existentes, que concentran el 40% de los beneficios y suelen percibir ingresos mucho mayores que los del régimen general, pese a ser financiados en parte por el resto del sistema o por recursos del tesoro. La propuesta plantea suspender la creación de nuevos regímenes, mantener aquellos que sean indispensables bajo reglas claras de financiamiento, y avanzar hacia la integración de los restantes al esquema general, respetando y premiando los aportes adicionales que se hayan realizado. 

La reforma propuesta por CIPPEC busca responder a los desafíos de un sistema que, si bien garantiza ingresos para la mayoría de los adultos mayores, lo hace a costa de importantes desigualdades e ineficiencias. Este reordenamiento permitiría utilizar los mismos recursos actuales para proteger mejor a los sectores más vulnerables, asegurando un marco fiscal consistente y equitativo en el tiempo. Con esta iniciativa, CIPPEC renueva su compromiso de contribuir al diseño de políticas públicas que impulsen un desarrollo sostenible y más justo para todos.

Publicado el 15 de noviembre de 2024

Las evaluaciones de aprendizaje a gran escala se han consolidado como una política educativa cuya implementación ha crecido significativamente en los últimos años en todo el mundo. Su importancia radica en que, si se implementan correctamente, pueden utilizarse tanto para monitorear los aprendizajes de los y las estudiantes como para mejorarlos. En un contexto donde una elevada proporción de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela no alcanzan resultados satisfactorios, estas evaluaciones se presentan como una herramienta fundamental para impulsar mejoras.  

No obstante, diseñar un sistema de evaluación efectivo, es decir, con la capacidad de impulsar mejoras en los aprendizajes, no es una tarea sencilla. Requiere tomar un conjunto de decisiones estrechamente vinculadas entre sí que resulte en un conjunto coherente y balanceado de dispositivos, que respondan a propósitos diferentes, y a su vez generen información oportuna y relevante para que los distintos actores del sistema educativo puedan tomar decisiones orientadas a mejorar los aprendizajes.  

En países federales, donde existen responsabilidades compartidas en la planificación y la gestión de la educación, el desafío suele ser mayor dado que conviven sistemas de evaluación nacionales y subnacionales. Esto es lo que se observa, por ejemplo, en países como Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España o México. Esta coexistencia de sistemas de evaluación está justificada en ambos niveles de gobierno. Desde la perspectiva nacional, en la definición de objetivos de aprendizaje que son comunes a todos los Estados subnacionales, en la posibilidad de disponer de resultados comparables entre las distintas jurisdicciones estados de un país, y de diseñar una sola evaluación que pueda ser replicada en todo el territorio, en tanto economía de escala. Desde la perspectiva subnacional, en las necesidades particulares de información de esos sistemas educativos específicos. En rigor, es difícil pensar que un solo nivel de la gestión educativa del sistema tenga la capacidad de implementar todos los tipos de evaluaciones necesarias.  

En Argentina, la Ley Federal de Educación de 1993 sentó las bases de la evaluación educativa a gran escala en Argentina y dispuso que es responsabilidad del poder ejecutivo nacional, en coordinación con las provincias, evaluar de manera permanente al sistema educativo. Transcurridos más de 30 años desde su sanción, las evaluaciones nacionales se han sostenido a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios de gestión, lo cual refleja un consenso sobre la importancia de su implementación. En paralelo, la mayoría de las provincias han desarrollado evaluaciones propias, sobre todo en años recientes: desde 2019 se registra que 21 de las 24 jurisdicciones han realizado evaluaciones propias o planean hacerlo en lo que resta de 2024. 

Ahora bien, el auge evaluativo actual en Argentina resulta en una gran cantidad de dispositivos de evaluación diseñados e implementados a nivel nacional y provincial que no necesariamente coexisten en armonía. Existen situaciones de solapamiento que conspiran contra la eficiencia del uso de los recursos públicos y el uso efectivo de la información que emerge de las evaluaciones. Si bien estas superposiciones podrían responder a que algunas provincias estén buscando evaluar contenidos que les son propios o que haya otras necesidades específicas que no son satisfechas por los dispositivos nacionales, es muy probable que este solapamiento responda más bien a la falta de coordinación entre niveles de gobierno. Por tanto, lograr que la coexistencia de dispositivos se transforme en un sistema de evaluación efectivo para apoyar la mejora de aprendizajes es un gran desafío.  

En una publicación previa (Torre et al, 2023), con la mirada puesta en las definiciones a nivel nacional, junto a otras recomendaciones, se subrayó la importancia de contar con una planificación de las evaluaciones nacionales a gran escala que tenga un horizonte temporal más amplio (diez años), de modo de dar mayor previsibilidad y favorecer la coordinación con las jurisdicciones.  

Este documento coloca el foco en las provincias y propone cuatro preguntas para orientar el diseño o fortalecimiento de los sistemas provinciales de evaluación de aprendizajes: 1) ¿Cuáles son los objetivos del sistema de evaluación provincial?; 2) ¿Cuáles son los dispositivos de evaluación más adecuados para responder de manera efectiva a los objetivos propuestos?; 3) ¿Existen necesidades de información que pueden satisfacerse con los dispositivos de evaluación nacionales e internacionales?; 4) ¿Qué dispositivos de evaluación provinciales se requieren?  

La meta es contar con un sistema provincial sustentado en una teoría de cambio sólida, con dispositivos bien definidos (en términos de cobertura, áreas de conocimiento, grados/años, frecuencia) que, en complementariedad con los esfuerzos evaluativos nacionales, se transformen en una herramienta efectiva para mejorar los aprendizajes.  

Publicado el 6 de noviembre de 2023

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) promueve la transparencia fiscal de las provincias argentinas de manera continua hace 11 años. Durante este período, se incentivó a los gobiernos provinciales a adoptar prácticas de transparencia fiscal con el objetivo final de garantizar el derecho de la ciudadanía de todo el país a acceder a información pública confiable y oportuna, y así consolidar a futuro el funcionamiento de las instituciones fiscales de la democracia. 

Cada año, este índice evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. Su estructura intenta replicar el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que tenga interés en acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales y mide la transparencia en dos dimensiones: (i) la disponibilidad y desagregación de la información fiscal publicada online, y (ii) el nivel de rezago con que se publica. El ITPP se estructura en 4 bloques: (1) Presupuesto, (2) Ejecución y rendición de cuentas, (3) Recursos y (4) Divulgación.  

A lo largo de estos 11 años, la transparencia presupuestaria ha mejorado en todas las provincias. En este período, las provincias han mejorado notablemente su desempeño y el puntaje promedio se mantuvo estable alrededor de los 8 puntos, lo que refleja un compromiso sostenido para mejorar la accesibilidad a la información presupuestaria. Además, se dio un proceso de convergencia entre provincias que redujo la heterogeneidad en términos de transparencia fiscal.  

En 2023, las provincias alcanzaron, en promedio, 7,9 puntos de transparencia sobre los 10 que plantea el ITPP. Así, las provincias se mantuvieron cerca del nivel de transparencia alcanzado en 2022 (8 puntos en promedio). En 2023 el bloque de Recursos fue el de mayor grado de cumplimiento. También se registraron avances significativos en la divulgación de información hacia la ciudadanía, un progreso clave para fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, aún existen áreas de mejora y persiste el desafío de consolidar estos logros para seguir avanzando en la búsqueda de nuevas metas a futuro. 

Este documento evalúa en profundidad cómo fueron los resultados del ITPP en 2023 en cada uno de sus componentes y dimensiones para las provincias argentinas, identifica logros y oportunidades de mejora. Cuando un gobierno transparenta las cuentas públicas, permite que la ciudadanía y otros poderes del Estado evalúen las políticas públicas que se implementan con los recursos generados. La transparencia debe ser un compromiso que se reafirme en forma constante. Mejorar la transparencia incentiva e informa el debate público, mejora los procesos de rendición de cuentas e incrementa la eficiencia en la asignación de los recursos públicos.