En un contexto de creciente competencia entre ciudades por atraer inversiones, generar empleo y dinamizar sus economías, el clima de negocios se consolida como una dimensión estratégica de la política pública local. Los gobiernos municipales, a través de sus regulaciones, servicios, procesos administrativos y capacidades institucionales, inciden de manera directa en las condiciones que enfrentan empresas y emprendedores.

Sin embargo, la mayoría de los marcos conceptuales disponibles para analizar el clima de negocios han sido desarrollados a escala nacional, lo que dificulta su aplicación en el ámbito municipal. Al mismo tiempo, muchas ciudades avanzan en iniciativas concretas de mejora sin contar con herramientas sistemáticas que permitan ordenarlas, medirlas y compararlas.

Este documento busca contribuir a cerrar esa brecha mediante tres aportes principales.

En primer lugar, propone un marco conceptual aplicado al nivel municipal, estructurado en cinco dimensiones clave: marco regulatorio, servicios públicos y calidad de vida, eficiencia gubernamental, gobierno abierto y finanzas públicas y, por último, talento humano e innovación. Este enfoque permite identificar los principales factores que inciden sobre la actividad económica a nivel local y ordenar las intervenciones públicas en torno a ellos.

En segundo lugar, desarrolla un sistema de indicadores que traduce estas dimensiones en métricas concretas, lo que facilita su monitoreo, comparación y uso para la toma de decisiones.

En tercer lugar, el documento recopila un conjunto de buenas prácticas e iniciativas implementadas en diferentes ciudades de Argentina y América Latina. Estas experiencias muestran cómo distintas políticas —como la simplificación de trámites, la digitalización de procesos, la apertura de datos o el desarrollo de herramientas de inteligencia territorial— pueden contribuir a mejorar el entorno de negocios.

El análisis permite identificar algunos aprendizajes clave para la gestión pública local. La simplificación normativa y administrativa emerge como uno de los factores de mayor impacto sobre el clima de negocios. La digitalización resulta efectiva cuando está acompañada de rediseño institucional e interoperabilidad. La disponibilidad de información pública reduce asimetrías y fortalece la confianza, así como la articulación entre actores del ecosistema local es fundamental para sostener procesos de innovación y desarrollo.

Las buenas prácticas identificadas muestran que es posible avanzar en esta agenda mediante políticas concretas, progresivas y sostenidas en el tiempo, generando mejoras en distintas dimensiones del entorno de negocios. Estas experiencias evidencian que el fortalecimiento del clima de negocios no depende de una única intervención, sino de la construcción de un ecosistema más simple, eficiente y previsible.

En este marco, el documento se propone como una herramienta práctica para los gobiernos locales, orientada a facilitar el diagnóstico, la medición y la implementación de políticas que contribuyan al desarrollo económico sostenible.

Este documento de política (policy brief) examina por qué el proceso de selección de la próxima Secretaría General de la ONU es fundamental para fortalecer la eficacia de la organización en medio de la actual crisis del multilateralismo y ante la oportunidad histórica que representa el ciclo de designación 2025-2026. Sostiene que un proceso más participativo y transparente, junto con el nombramiento de la primera mujer al frente de la Secretaría General, puede reforzar la legitimidad, la independencia y la capacidad de respuesta institucional.

Desde una perspectiva del Sur Global, el informe prioriza las respuestas a las estructuras de poder desiguales en la gobernanza global. Metodológicamente, combina una revisión cualitativa de la literatura académica y de políticas públicas con el análisis de resoluciones de la ONU y de las posturas políticas de actores de América Latina y el Caribe.

El documento se encuentra disponible en inglés. 

Este libro recorre experiencias de vinculación entre escuelas secundarias y el mundo productivo. El foco está puesto en las escuelas secundarias orientadas o comunes que hoy concentran el 80% de la matrícula del nivel, por lo que es la última experiencia educativa formal por la que pasará la mayoría de las personas. De allí la importancia de indagar en ese conjunto de escuelas.

Estas experiencias no solo ilustran prácticas efectivas, sino que también constituyen insumos valiosos para pensar la articulación en clave de política pública. La sistematización de estos casos permitirá extraer aprendizajes clave que pueden orientar el diseño y el fortalecimiento de estrategias de vinculación en diferentes contextos educativos y productivos para que los jóvenes cuenten con herramientas valiosas para construir su proyecto de vida.

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Publicado en abril de 2026

La inteligencia artificial empieza a incorporarse en los sistemas de Justicia como herramienta de apoyo para ordenar información, agilizar tareas y mejorar el acceso a normativa, jurisprudencia y documentación. Sin embargo, su adopción no plantea solo una discusión tecnológica, también abre desafíos en materia de privacidad, sesgos, opacidad, trazabilidad, responsabilidad institucional y supervisión humana, en un ámbito donde están en juego derechos, garantías y confianza pública.

Este documento ofrece al sistema judicial argentino un análisis comparado de experiencias internacionales y un conjunto de orientaciones para contribuir a una adopción responsable de herramientas de inteligencia artificial, con especial atención a su utilidad para el Consejo de la Magistratura de la Nación. A partir de casos en Reino Unido, Brasil, Canadá, Unión Europea, Francia, Finlandia, Estonia y Chile, el informe identifica qué usos avanzan, bajo qué condiciones institucionales y con qué resguardos.

El principal hallazgo es claro: la brecha no es tecnológica, sino institucional. La evidencia comparada muestra que los avances más sostenibles no dependen ante todo de la herramienta, sino de la existencia de reglas de gobernanza, datos confiables, trazabilidad, capacidades organizacionales y supervisión humana efectiva. Allí donde estas condiciones existen, la IA puede mejorar funciones auxiliares como clasificación de expedientes, búsqueda de jurisprudencia, anonimización, organización documental y producción de estadísticas. Allí donde faltan, los riesgos aumentan y la tecnología tiende a reforzar problemas previos.

Un hallazgo central del estudio es que varios de los riesgos atribuidos a la inteligencia artificial no derivan únicamente de la herramienta en sí, sino de las condiciones institucionales de su implementación. En particular, la reproducción de sesgos aparece asociada no solo a problemas del modelo o de los datos de entrenamiento, sino también a fallas de gobernanza: ausencia de evaluación ex ante, controles insuficientes sobre calidad y representatividad de los datos, falta de monitoreo en uso, debilidad de los mecanismos de auditoría y escasa capacidad para detectar y corregir desvíos. En este sentido, una implementación deficiente puede convertir a la IA en un mecanismo de estabilización y opacamiento de desigualdades preexistentes.

Para Argentina, este punto resulta especialmente relevante. La incorporación de IA en Justicia se da en un contexto de fragmentación, heterogeneidad en la calidad de la información, baja interoperabilidad y debilidades en publicidad y trazabilidad documental. En ese escenario, la IA no puede pensarse como un atajo de modernización ni como una solución autónoma. Su adopción exige, primero, consolidar condiciones institucionales mínimas que permitan usar estas herramientas de manera controlable, auditable y compatible con el Estado de derecho.

Sobre esa base, el documento propone una agenda inicial de adopción responsable orientada a ordenar decisiones y reducir riesgos. Entre las prioridades se destacan la definición de una conducción institucional clara, el establecimiento de estándares mínimos de datos y metadatos, la regulación de criterios de anonimización, la segmentación de casos de uso según nivel de riesgo, el desarrollo de pilotos acotados y evaluables, además del fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales.

Más que ofrecer un manual cerrado, el informe aporta criterios para construir una trayectoria gradual, prudente y sostenible de incorporación de inteligencia artificial en el sistema judicial. Su premisa de fondo es simple: en Justicia, la innovación no empieza por el algoritmo, sino por las reglas, los datos, las capacidades y la supervisión que permiten gobernarl