La implementación efectiva de las políticas públicas depende, entre otras cosas, de la idoneidad de las personas encargadas de ejecutarlas y de las condiciones institucionales en las que esas personas realizan su trabajo. Por eso, la legislación establece requisitos de formación y experiencia para acceder a cargos de alta responsabilidad técnica en el Estado, prevé mecanismos para asegurar que las nuevas designaciones satisfagan esos requisitos y asegura estabilidad en los cargos por períodos prolongados.

Este documento analiza, de forma exploratoria, el acceso y las condiciones institucionales de desempeño de la alta dirección en la administración pública central del Estado nacional. Se centra en quienes actualmente ocupan Direcciones Nacionales y Direcciones Generales e incluye referencias comparativas a los ministros, secretarios y subsecretarios.

Entre los principales hallazgos se encuentran. 1)De acuerdo con las designaciones analizadas y en contraste con lo que demanda la normativa vigente, nueve de cada diez personas a cargo de direcciones no fueron seleccionadas en concursos. Además, la mitad de los directores nacionales y dos tercios de los directores generales fueron designados a través de la excepción de alguno de los requisitos de la carrera del servicio civil. Las designaciones sin concursos y la frecuente omisión de requisitos indican que existe un contraste entre lo que valoran las autoridades que designaron a los actuales directores y los atributos que promueven las reglas vigentes. Ese contraste puede asociarse con la prioridad de la lealtad política por sobre otros atributos relevantes o con la urgencia para cubrir los cargos. 2) Los directores actuales llevan, en promedio, tres años en sus cargos. Casi seis de cada diez fueron designados en diciembre de 2011. Un análisis estadístico preliminar revela que no son los cambios de los ministros sino los de los secretarios los que estimulan los reemplazos en las direcciones nacionales y las generales.

Esto sugiere que, en general, los secretarios deciden la composición de las posiciones de alta responsabilidad técnica que deberían ocuparse de acuerdo con las reglas de la carrera del servicio civil. 3) Nueve de cada diez directores completó sus estudios universitarios. Casi cuatro de cada diez son abogados. Dada la diversidad de las tareas que se realizan en el Estado, es improbable que la alta concentración de personas formadas en leyes sea adecuada a la naturaleza de los temas a atender. En estas condiciones, es probable que las competencias se adquieran en la práctica. Esta adquisición es más probable cuando los

funcionarios permanecen en sus cargos. En los casos en que la baja especialización disciplinaria se combina con baja antigüedad en el cargo, el desarrollo de competencias relevantes para la gestión es menos probable.