The project consisted on facilitating long-term financial borrowing for the construction of warehouses for small local businesses. The initiative, promoted by the Commercial and Industrial Center of Rafaela and the Region (CCIRR), was incorporated by the National Ministry of Industry in its agenda of benefits as a way to finance the private initiative. The strategies used in order to accomplish the established objectives provided the chance to promote a local initiative at the national level, an example of effective influence.
Recomendaciones para implementar una política de datos abiertos en el Poder Judicial
De la investigación se desprende que los poderes judiciales de los tres países (1) incrementaron la cantidad y calidad de los datos publicados en sus páginas de internet, pero aún no publican la información en formatos abiertos; (2) decidieron publicar más información como parte de una política de transparencia activa más que por una cuestión de rendición de cuentas o de mejora de la gestión judicial; (3) deberían utilizar sistemáticamente los datos para elaborar su política y rendir cuentas a la ciudadanía, y (4) deberían implementar la publicación de datos a través de formatos totalmente abiertos que promuevan su reutilización.
Diálogos sobre políticas de cuidado en la Argentina (marzo)
Los Diálogos sobre políticas de cuidado en la Argentina constituyen un ámbito de diálogo que nuclea a funcionarios públicos de distintos niveles jurisdiccionales, miembros del Poder Legislativo, actores sociales y económicos, académicos y representantes de organismos de cooperación internacional con el objetivo de informar el debate público sobre la materia. Son coorganizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y CIPPEC, a través de su Programa de Protección Social.
Índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas
La difusión y acceso a la información es esencial para la vida en una sociedad democrática. Suelen ser exigencias que se le presentan al Poder Ejecutivo, y debe hacerse lo mismo con el Legislativo y el Judicial. En concordancia con la tendencia mundial, aprovechando los beneficios de la nuevas tecnologías, es posible garantizar este derecho a través de la publicación de la información en los sitios web.
El Índice de acceso a la información judicial de los poderes judiciales argentinos busca detallar el nivel de accesibilidad a la información que estos brindan a través de sus sitios web. La primera medición arrojó resultados muy heterogéneos: sobre un total de 82 puntos posibles, son pocas las provincias que superaron los 50 puntos.
¿Se cumplió la Ley de Financiamiento Educativo?
La meta más conocida de la Ley era destinar en 2010 el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, ciencia y tecnología. Un cambio reciente en la base del PBI calculado por el gobierno nacional indica que no se llegó al 6% de inversión educativa en relación con el PBI, tal como ocurría con la base anterior del PBI.
A pesar de esto, es incorrecto afirmar que la ley no se cumplió sobre la base de una serie de PBI que no existía al momento de su implementación. Además, con la nueva serie de PBI el indicador de referencia partió de un nivel menor, alcanzó 3,8% en 2005 y ascendió al 5% en 2010, logrando un aumento del 31% que fue exactamente igual al que se proponía la Ley de Financiamiento Educativo al ser sancionada (que definía un aumento del 4,6% al 6%). Para dar cuenta de la evolución del financiamiento en el período el documento examina otros indicadores de inversión complementarios y el posicionamiento del país en la comparación internacional.