Publicado el 5 de diciembre de 2025

Los sistemas previsionales funcionan como esquemas de aseguramiento colectivo contra distintos riesgos sociales. Su objetivo es asegurar ingresos para quienes, por razones de edad, no tienen posibilidad de obtenerlos en el mercado laboral. Por tratarse de un seguro para toda la sociedad, parecería que lo ideal es que las reglas sean idénticas para todas las personas que participan. A pesar de esto es habitual que, además del esquema general que cubre al común de la población, existan regímenes con características especiales, justificadas en la excepcionalidad de algunos grupos de beneficiarios. En Argentina hay cerca de 4,2 millones de beneficios de regímenes de excepción (un 43% del total), con haberes que, en promedio, son un 93% superior al promedio del régimen general del SIPA. Los recursos que la sociedad destina a estos esquemas alcanzan el 5,2% del PIB.

En el país existen al menos cinco categorías de regímenes previsionales que se diferencian del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen general. La primera categoría, “regímenes diferenciales”, se asocia a situaciones particularmente dificultosas o físicamente demandantes de ciertos trabajos que resultarían en un “envejecimiento prematuro”. La segunda categoría, llamada “regímenes especiales”, contempla el acceso diferencial a beneficios previsionales por la existencia de méritos que lo justifican. La tercera incluye a los esquemas que cubren a personas que se desempeñaron en las fuerzas armadas y de seguridad, son administrados por instituciones independientes y combinan argumentos de mérito y de especificidad en su justificación. Los sistemas provinciales, incluyendo a los que cubren el empleo público y las cajas profesionales independientes son una cuarta categoría, fundamentada en cuestiones de inercia legal. Finalmente, una última categoría es la relativa a las pensiones no contributivas, otorgadas en respuesta a situaciones de extrema necesidad, mérito o situaciones particulares como expresidentes, medallistas olímpicos, ganadores del Premio Nobel, excombatientes de Malvinas, y víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, entre otros.

Los regímenes de excepción requieren atención por tres motivos. En primer lugar, introducir regímenes más generosos que el general afecta la equidad y, al financiarse por recursos recaudados mediante el sistema tributario, podría implicar efectos distributivos no deseados. En segundo lugar, la sostenibilidad de recursos se ve alterada, puesto que aquellos utilizados en los regímenes excepcionales no están disponibles para otros fines. Finalmente, se arriesga la eficiencia del sistema, dada la fragmentación normativa e institucional producida por los regímenes, pudiendo resultar en una negación de derechos a ciudadanos.

Una revisión profunda del sistema previsional argentino debería incluir cambios para limitar el rol de los regímenes de excepción al mínimo posible. Una aproximación razonable implicaría que la ciudadanía en su totalidad participe del régimen general en igualdad de condiciones y que, en los casos que se justifique, se definan mecanismos de financiamiento transparentes para las condiciones diferenciales de participación.

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Publicado el 13 de noviembre de 2025

Este estudio analiza el impacto de la pandemia de COVID-19 en las dinámicas urbanas y fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, con un foco en las transformaciones del microcentro. A través de un enfoque metodológico mixto que combina análisis de datos cuantitativos, revisión de literatura internacional y entrevistas con actores clave, la investigación distingue entre cambios transitorios y estructurales, identificando desafíos y oportunidades para la revitalización de esta área. El estudio fue realizado con el apoyo del Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, en el marco de su llamado 2024 para investigaciones sobre salud fiscal municipal y políticas de suelo.

La pandemia acentuó problemas previos en el microcentro. Aunque se implementaron iniciativas para reconvertir oficinas en viviendas, estas enfrentaron obstáculos como altos costos y complejidades regulatorias.

En términos de movilidad, los viajes al microcentro disminuyeron de manera persistente debido al teletrabajo, afectando especialmente el uso del transporte público, en particular las líneas del subterráneo que conectan barrios de mayores ingresos. En el mercado inmobiliario, los precios residenciales cercanos al microcentro cayeron durante la pandemia, aunque esta tendencia fue temporal y se revirtió hacia 2022. Por el contrario, las oficinas enfrentaron un aumento de la vacancia, con un desplazamiento de la demanda hacia zonas periféricas mejor equipadas.

Desde el punto de vista fiscal, la ciudad mostró resiliencia. La recaudación del impuesto sobre ingresos brutos, que representa el 70-80% de los ingresos tributarios, se recuperó rápidamente. Paradójicamente, el impuesto inmobiliario no se vio afectado. Si bien presenta menor relevancia en la estructura fiscal (6% de los ingresos), éste ya mostraba una tendencia decreciente antes de la pandemia, atribuida a cuestiones de diseño tributario.

El estudio concluye que, aunque la salud fiscal de la ciudad no se vio comprometida, el microcentro enfrenta desafíos estructurales profundos. Revitalizarlo requerirá políticas integrales que diversifiquen sus usos, mejoren la conectividad y fortalezcan su sostenibilidad fiscal, abordando los problemas estructurales que la pandemia expuso.

Publicado el 5 de noviembre de 2025

El sistema previsional argentino es caro, injusto e ineficiente. La reforma propuesta busca reorganizarlo en torno a reglas más simples y transparentes, demostrando que es posible mantener el gasto en niveles sostenibles y mejorar la equidad corrigiendo inequidades y fortaleciendo su legitimidad social. Con un gasto cercano al 10% del PIB —equivalente al 25% del gasto público consolidado—, Argentina se ubica entre los países de mayor gasto previsional de la región.

Las moratorias ampliaron la cobertura en las últimas dos décadas, pero incrementaron el gasto y generaron dudas sobre la sostenibilidad, al depender de excepciones periódicas. El sistema presenta desafíos de eficiencia e inequidad: trabajadores con historias contributivas muy diferentes pueden recibir beneficios similares, mientras otros con trayectorias casi idénticas son tratados de manera desigual. La existencia de múltiples regímenes diferenciales y de excepción acentúa estas inequidades.

La literatura reciente propone reformas integrales para mejorar sostenibilidad, equidad y eficiencia. Estas iniciativas incluyen cambios en el régimen general —requisitos, fórmula de cálculo, movilidad, pensiones e invalidez— y la consolidación de los esquemas de excepción dentro del régimen general. El eje común es avanzar hacia un sistema con dos pilares: un beneficio básico universal para todos los adultos mayores y un beneficio contributivo proporcional a la historia completa de aportes, bajo reglas claras y simples.

El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera aproximación a los impactos potenciales de este tipo de reformas, tanto en los haberes futuros como en las necesidades fiscales. A partir de simulaciones basadas en datos públicos y supuestos documentados, el análisis compara un escenario base —sin nuevas moratorias— con un escenario de reforma. El documento describe las reglas vigentes, resume las propuestas, analiza impactos en cobertura y gasto, evalúa efectos sobre distintos tipos de individuos y presenta las conclusiones principales.

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Publicado el 10 de septiembre de 2025

Fortalecer la docencia es indispensable para la mejora educativa. La evidencia sobre el impacto de la enseñanza en la calidad del aprendizaje es abrumadora. Países y estados subnacionales que han logrado mejoras sistémicas y sostenidas en los aprendizajes han apostado por reconocer el valor social de la docencia y mejorar las condiciones de trabajo, la formación, la carrera y el desarrollo profesional de los docentes. Hoy Argentina enfrenta serios desafíos en materia educativa: apenas el 13% de los estudiantes llega al último año de la educación secundaria en la edad teórica con los aprendizajes esperados de lengua y matemática. Como lo muestran las evaluaciones nacionales e internacionales, las dificultades en los aprendizajes comienzan en el nivel primario. Este diagnóstico crítico es un obstáculo para el desarrollo de las personas y un punto de partida adverso para proyectar un país desarrollado, justo y próspero. Lo cierto es que las mejoras educativas necesarias soólo podrán encararse fortaleciendo a los docentes, quienes día a día les dan vida a las aulas.    

Este documento es una invitación para abrir una discusión sistemática sobre la cuestión docente. Como cualquier mejora, debe construirse sobre lo existente y partir del contexto actual. La primera sección presenta un diagnóstico sobre el estado de la docencia en sus dimensiones clave: condiciones laborales, formación inicial, formación continua y carrera profesional.   

La docencia es el corazón del sistema educativo, pero hoy está en jaque en buena parte del mundo. Las crecientes desigualdades sociales y el avance de la pobreza infantil, el cuestionamiento de las instituciones, la seducción de las pantallas y la inteligencia artificial, la violencia y discursos de odio, los trastornos psíquicos en aumento combinados con condiciones laborales insuficientes impactan directamente sobre la profesión docente. Síntoma de ello es que a nivel global la tasa de abandono de la profesión casi se duplicó en los docentes de primaria entre 2015 y 2022.  

Esta realidad también se manifiesta en el plantel de aproximadamente 1.200.000 docentes que hay en Argentina. Un componente fundamental del trabajo docente como es el salario hoy tiene un valor real inferior al de 2005, año de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, donde se promovía, entre otras cosas, su recomposición. La comparación internacional y con otras profesiones muestra que los docentes argentinos están en una posición de desventajasaventajada, lo cual refleja el débil estatus social de la profesión. Además de la fragilidad salarial, el ejercicio de la docencia se desarrolla en escuelas con déficit de infraestructura, escaso margen para la colaboración entre pares, un clima de trabajo problemático y escenarios de violencia y el trabajo en múltiples escuelas (sobre todo en el nivel secundario). Todo esto impacta en la vida cotidiana de las aulas, donde los docentes deben lidiar con demandas sociales crecientes que exceden su rol pedagógico.   

La formación inicial es un pilar irremplazable en el desarrollo de conocimientos, capacidades y disposiciones esenciales del trabajo docente. Las más de 1300 instituciones que dictan formación docente configuran un sistema sobredimensionado y fragmentado, con importantes desafíos de coordinación, planeamiento, eficiencia y eficacia. Por un lado, el 55% de los estudiantes abandonan la carrera en su primer año y 4 de cada 10 estudiantes del último año tienen dificultades de comprensión lectora lo cual refleja desafíos en el rendimiento del sistema. Por otra parte, la ausencia de una planificación ajustada a las necesidades de la educación obligatoria se observa tanto en la cantidad y distribución de instituciones, como en las ofertas que brindan los profesorados registrando superposiciones en algunas carreras y vacancias en otras. Los diseños curriculares, modelos de formación y peso de las prácticas profesionales difieren mucho entre las instituciones universitarias y los institutos de formación docente sin que hayan podido establecerse denominadores comunes y articulaciones en beneficio de la calidad, la pertinencia y homologación mínima de las carreras. A su vez, el Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Formación Docente no ha logrado desarrollar mecanismos eficaces para mejorar el planeamiento y la calidad del sistema formador mediante la evaluación y acreditación.  

 La formación continua, fundamental para el desarrollo profesional docente, presenta una gran dispersión y heterogeneidad. En las provincias, la oferta de formación continua es dictada por los ministerios de educación junto a una gran variedad de instituciones y no cuenta con sistemas robustos para evaluar y acreditar la calidad de las propuestas ofrecidas por agentes externos, lo que dificulta garantizar su alineación con las prioridades educativas y un impacto real en la enseñanza y el aprendizaje. De esta forma, se configura un mercado de ofertas dispersas, discontinuas, de calidad y pertinencia heterogénea, enmarcadas en el sistema de puntaje que estructura la carrera docente. Iniciativas de formación situada especialmente valoradas por los docentes han tenido un impacto limitado por la discontinuidad de las políticas y por la falta de tiempo disponible para capacitarse.   

La carrera docente en Argentina ofrece limitadas oportunidades para el desarrollo profesional. Las reglas que rigen el ingreso y ascenso no reflejan criterios de equidad o mejora educativa. Por un lado, el ingreso generalizado a través de suplencias genera que, durante los primeros años de ejercicio profesional, cruciales en términos de inserción y formación, predomine la inestabilidad y el cambio constante de escuela y de equipo de trabajo. En nuestro país, la carrera docente se encuadra en el modelo de carreras de “primera generación”, donde priman los criterios de antigüedad y acumulación de certificación para el ascenso, que se realiza de forma vertical a cargos de dirección y supervisión, sin alternativas de ascenso horizontal.   

La sección final presenta lineamientos de política educativa como base para una discusión más amplia, urgente y prioritaria. Parte de la visión de que se requieren cambios estructurales en las distintas dimensiones de las políticas para la docencia, los cuales exigirán acuerdos, eficiencia presupuestaria, capacidades técnicas y tiempo. En ese sentido, propone:

1) Robustecer la gobernanza del sistema formador a través de sistemas de información, evaluación, acreditación, apoyo técnico sistemático y articulación integrados para toda la educación superior;

2) Reorganizar el sistema formador según criterios de eficiencia, eficacia y pertinencia;

3) Mejorar la calidad de la formación inicial en la dimensión pedagógica: currículum, preparación de los formadores y evaluación de estudiantes;

4) Promover el diseño de una carrera que ofrezca marcos de referencia que orienten la práctica y promueva mayores oportunidades de desarrollo profesional;

5) Fortalecer las condiciones laborales y el bienestar docente a partir de mejoras salariales y ambientes propicios para la enseñanza que permitan concentrar la función docente en tareas pedagógicas;

6) Recuperar el prestigio y reconstruir la autoridad pedagógica de los docentes a partir de un nuevo contrato social que ponga en valor la profesión docente.  

Estos lineamientos constituyen un aporte de CIPPEC en la construcción necesaria de un acuerdo para fortalecer la profesión docente El camino seguramente sea largo y sinuoso, pero es preciso iniciar la marcha ahora. Fortalecer la docencia no es tarea de un gobierno, ni de un sector, sino de un esfuerzo colectivo que involucre a autoridades políticas, docentes, estudiantes y a la sociedad en su conjunto.