¿De qué hablamos cuando hablamos de economía de plataformas?

Consumo colaborativo, sharing economy, economía colaborativa, peer economy, gig economy, economía del acceso. El primer reto al que nos enfrentamos al analizar este fenómeno es la propia jerga que ha generado, que es compleja, diversa e incluso contradictoria. El título de un artículo de Rachel Botsman (2013) refleja este primer reto de manera nítida: “La economía compartida carece de una definición compartida”.

Aunque existe un extenso debate y literatura al respecto, se ha optado tomar como referencia las definiciones propuestas por el informe “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales” de la Asociación Española de la Economía Digital.

La economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales (P2P o B2B), o bien de particular a profesional, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, generando un mayor aprovechamiento de los bienes y recursos existentes pero infrautilizados. De esta manera, la economía colaborativa permite utilizar, compartir, intercambiar o invertir recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación monetaria entre los usuarios.

Si bien por el uso del adjetivo “colaborativo” a menudo se espera que estas plataformas tengan una orientación poco o nada lucrativa y que usen datos y tecnología con fuente abierta (open source), lo cierto es que, en la mayoría de casos, las plataformas de la economía colaborativa no cumplen esas expectativas, aunque algunos de sus usuarios si orienten su uso al desarrollo del sentimiento comunitario y la conciencia ambiental.

Dentro de la economía bajo demanda (a menudo también referida como gigeconomy), encontramos aquellos modelos de consumo y provisión de servicios que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada habitualmente de profesional a consumidor (B2C) a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. La prestación se origina en base a las necesidades del usuario que demanda y se adapta a sus preferencias. Estos servicios se ofrecen normalmente a cambio de una contraprestación y habitualmente con ánimo de lucro.

La diferencia fundamental de este tipo de modelos bajo demanda y los modelos colaborativos es que entre los usuarios existe una relación comercial, es decir, son plataformas en las que tiene lugar la prestación de un servicio ya sea por parte de profesionales o por parte de particulares, dependiendo del modelo.

Se considera que forman parte de la economía de acceso aquellos modelos de negocios en los cuales una empresa, con fines comerciales, pone a disposición de un conjunto de usuarios un conjunto de bienes para su uso temporal, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos.

Si bien la economía colaborativa ya fomenta el acceso frente a la propiedad de los bienes, la economía de acceso hace referencia únicamente a los modelos en los que la plataforma digital presta el servicio subyacente de manera centralizada y los usuarios normalmente no tienen contacto directo entre sí para efectuar las transacciones.

Para abarcar en un único concepto toda la complejidad y matices del fenómeno estudiado en este documento se usará el término “economía de plataformas” para referirse a todos los casos mencionados hasta aquí. Dicho concepto es el que, desde hace algunos años, organismos como la Unión Europea (Policy Studies, Centre for European and Lenaerts, Karolien and Beblavý, Miroslav 2017), la OCDE (2018) o el World Economic Forum (2016) han adoptado.

Otro desarrollo reciente en el ámbito de las definiciones es la inclusión del adjetivo “responsable” y/o “procomún” al hablar de ciertas plataformas digitales, sobretodo en contraposición de las plataformas digitales “corporativas o extractivas”. Las plataformas digitales responsables son aquellas que integran en el diseño de sus actividades los intereses de todos sus participantes, incluidos aquellos potencialmente impactados por las externalidades negativas.

En oposición, las plataformas digitales extractivas son aquellas que se diseñan pensando casi exclusivamente en la generación de lucro para los propietarios (“shareholders”) de la plataforma, quienes habitualmente son el grupo fundador y socios inversores. La economía de plataformas procomún es un modelo emergente basado en la colaboración de comunidades de personas contribuyentes que a partir de plataformas digitales desarrollan recursos comunes cuya propiedad es compartida y deviene accesible como bien público. Son plataformas que usan tecnología y datos abiertos, modelos de gobernanza más participativos e incluso cooperativistas (“platform cooperativism”), que miden sus externalidades negativas (sociales, medioambientales), se financian con capital ético y/o financiación colectiva de participaciones.

Principales ventajas de la Economía de Plataformas

Desde el punto de vista de la sociedad y el medioambiente, la economía de plataformas tiene muchos aspectos positivos:

• Se consigue hacer más con menos recursos haciendo un uso más eficiente de los mismos. Se promulga el principio de que el acceso es mejor que la propiedad y se crea mayor abundancia en la sociedad (absoluta cuando los bienes son digitales y relativa cuando los bienes o servicios son físicos). Con estas prácticas la administración pública también puede hacer más con menos.
• Los ciudadanos se potencian como agentes económicos a pequeña escala, haciendo un uso más eficiente de los mismos, capaces de generar e intercambiar valor con otros ciudadanos de manera directa. En muchos casos realizarán estos intercambios por dinero (alquiler, compra-venta), aunque el abanico de posibilidades incluye también el intercambio (bien sea directo o triangulado a través de alguna «moneda social» o sistema similar) y el regalo o préstamo gratuito. Con estos mecanismos se promulga la autosuficiencia a nivel de los grupos pequeños y a la vez se refuerza la noción de interdependencia con el conjunto de la sociedad. Agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han destacado el potencial de la economía colaborativa para regiones emergentes.
• También hay externalidad ambiental positiva al conseguir reducir la necesidad de fabricar más bienes y/o de construir más infraestructuras. Un ejemplo mencionado habitualmente es BlaBlaCar o CarpooleAr, que permiten optimizar el uso de los asientos vacíos en vehículos que están en circulación sin necesidad de ampliar la capacidad de las infraestructura vial. Estudios del impacto del uso de productos de segunda mano en el medioambiente también arrojan datos esperanzadores. Pero a causa del conocido como «efecto rebote», hay estudios que ponen en tela de juicio estos impactos medioambientales hasta que se puedan cuantificar y aportar más datos concretos. Finalmente, con las prácticas de gobierno abierto se permite una evolución de los sistemas de democracia representativa hacia modelos de democracia más participativa y directa generando instancias de consulta y validación.

Principales retos de la Economía de Plataformas

Al mismo tiempo que representa oportunidades, la economía de plataformas también implica retos y desafíos. El primer reto es el propio conocimiento de estas plataformas por parte de la población en general. En el informe “Economía Colaborativa en América Latina”, publicado por Instituto de Empresa (IE) y el BID en 2016, un 60% de los fundadores de startups mencionan el desconocimiento y falta de confianza como la principal barrera para el crecimiento, muy por delante de los motivos falta de financiamiento o de una regulación adecuada. Al mismo tiempo la brecha digital es un factor importante. Sea por limitaciones en el acceso físico a la tecnología (un celular, plan de datos o falta de infraestructura de conectividad) o bien por la capacidad de uso de la misma (cultura digital y generación de perfiles confiables) existe una limitación importante para un segmento considerable de la población. En Milán por ejemplo con el fin de aumentar la alfabetización digital en la región, han creado mediante un acuerdo con Airbnb, una academia llamada “Sharing Economy School” .

Otro reto a considerar es el abuso o el mal uso de la tecnología, a menudo sin ser conscientes de ello. Con el uso de las plataformas digitales aún estamos comprendiendo qué tipo de accidentes o retos sociales, económicos e incluso medioambientales estamos creando. Su rápido crecimiento dificulta esta comprensión y su encaje normativo.

En el informe del Banco InterAmericano de Desarrollo “Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe” se identifican los siguientes desafíos en torno a los marcos regulatorios:

1. Comprender el buen uso y las limitaciones de la autorregulación de las plataformas digitales.
2. Coordinar varios niveles administrativos (local, regional, nacional, supranacional) en los ámbitos donde cada uno tiene competencias asignadas.
3. Garantizar una competencia justa y respetar los sistemas de permisos y licencias bajo los cuales muchos sectores económicos operan hoy en día.
4. Proteger a los consumidores en ámbitos como los derechos de consumo y resolución de conflictos, protección de datos personales, promoción de buenas prácticas.
5. Aplicar y adaptar, si es necesario, la legislación fiscal a la actividad económica que se genera a partir del uso de las plataformas digitales.
6. Probablemente el reto más complejo es el relativo a la normativa laboral. Ésta se desarrolló para modelos de economía industrial con contratos de empleo continuo y a tiempo completo, en el que existe una relación directa entre el empleador y el empleado. Con las plataformas digitales los ciudadanos pueden generar ingresos usando sus bienes y/o su tiempo y habilidades de manera discontinua, sin contratos, y con un nivel de subordinación distinto en cada plataforma, lo que abre la pregunta acerca de la necesidad de nuevos marcos regulatorios que contemplen nuevos estos nuevos modos de producción y empleo.

En la última década el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) se vio impactado con mayor frecuencia por eventos climáticos que producen consecuencias negativas en términos sociales, ambientales y económicos. Fundamentalmente por esta razón, se torna estratégico sentar las bases del conocimiento sobre el riesgo climático al que está expuesta la población de dicho territorio.

Los efectos del cambio climático en el AGBA comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 y la ola de calor entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos. Además, en este período, los vientos fuertes impactaron de una manera contundente en los municipios de la periferia de la Región Metropolitana, esto es la tercer corona. Frente a este escenario, surgen una serie de preguntas que pueden orientar a los municipios en la consideración del cambio climático como una política transversal en sus ámbitos de gestión: ¿Cuánta es la población vulnerable frente al cambio climático?, ¿Cuáles son las variables que la hacen vulnerable?, ¿Cuán expuesto está el territorio frente a estas amenazas climáticas?, ¿Cuál es el riesgo al que está expuesta la población que vive en los partidos que conforman el AGBA?

Los resultados del presente trabajo ponen en evidencia la heterogeneidad socioeconómica del AGBA, dado que es posible identificar diferentes vulnerabilidades socioterritoriales frente a los impactos del cambio climático; ello mediante el Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD), compuesto por diez variables, que pone en evidencia las condiciones económicas, habitacionales y sociales. Del cruce de dicho Índice con las tres amenazas climáticas estudiadas (inundaciones, focos de calor superficial y vientos), surge el riesgo al que está expuesta la población de los 40 municipios más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vinculado con inundaciones a nivel del AGBA, la población en riesgo es del 7%, cubriendo un 19% de su superficie mientras que, a nivel municipal, las condiciones menos ventajosas se observan en Malvinas Argentinas y Esteban Echeverría, donde aproximadamente el 70% de la población con alta vulnerabilidad social está expuesta a riesgo por inundaciones. Por otro lado, la Cuenca Matanza Riachuelo, seguida de la del Reconquista y en tercer lugar la del Luján, son las cuencas hidrográficas que poseen mayor población con muy alto IVSD expuesta a riesgo por inundación. Con relación a los Focos de Calos Superficial (FCS), tanto área potencial de aparición como de presencia, los partidos con mayor riesgo son José C. Paz y Malvinas Argentinas, seguidos por Merlo, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Moreno, Berazateguí y Tigre. Respecto a los vientos, la población con mayor riesgo representa el 23% del AGBA, siendo los partidos más comprometidos Presidente Perón con casi el 100 % de su población afectada y Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza con aproximadamente el 80% en esas condiciones.

El gran desafío para el AGBA en los años venideros es desarrollar una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo de su población. Las medidas de adaptación irán desde medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Y otras complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.

El municipio que se adapte al cambio climático se convertirá en uno más resiliente. Esto significa que, frente a un evento extremo del clima, tendrá la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse preservando sus funciones y estructuras. Este trabajo busca sentar las bases para que los municipios conozcan el riesgo climático de sus territorios y gestionen en consecuencia para aumentar la resiliencia local en un contexto metropolitano.

La Región Metropolitana de Buenos Aires es azotada, cada vez con más frecuencia, por fenómenos climáticos extremos que conllevan pérdidas de vidas humanas y graves consecuencias económicas y sociales. Por tal motivo, resulta imperativo avanzar en estrategias de adaptación y resiliencia urbana que preparen a los gobiernos locales del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) frente a un cambio climático ya en marcha. Esta realidad genera interrogantes: ¿Qué percepción tienen los intendentes y equipos técnicos municipales del cambio climático?, ¿cuáles son los planes o programas, proyectos y procesos que desarrollan los municipios frente a este fenómeno?, ¿cómo responden ante la emergencia climática?, ¿se trabaja en la prevención?

Para realizar este trabajo se entrevistó a intendentes y equipos técnicos de 39 municipios de los 41 que conforman el área de estudio. Se diseñaron cuestionarios para guiar las entrevistas y se creó un Índice de Resiliencia para categorizar a los municipios. Adicionalmente, se desarrolló la metodología de las 4 letras P para contar con otra forma de procesar y visualizar los resultados de las entrevistas, clasificando la información relevada en Percepción, Planes o Programas, Proyectos y Procesos.

Entre los hallazgos, se destaca que los gobiernos locales están operando sobre una realidad coyuntural, administrando recursos escasos y, por lo tanto, con insuficiente visión de mediano y largo plazo. A su vez, existe un reconocimiento sobre los daños que provocan los eventos climáticos cada vez más extremos y recurrentes, pero las urgencias que deben resolver en lo cotidiano impiden hacer hincapié en la prevención. Sin embargo, existen casos de buenas prácticas que comienzan a trazar el camino a seguir para construir resiliencia en el aglomerado. En lo referente al Índice de Resiliencia, la categorización de los 39 municipios dio como resultado 13 con baja resiliencia, 15 con media y 11 con alta resiliencia.

El Proyecto AGBA Resiliente pretende dar los primeros pasos para avanzar en el conocimiento de los desafíos e intereses comunes entre los municipios del AGBA y su vinculación con los efectos del cambio climático. Este documento busca ser un insumo para la sensibilización, toma de conciencia y debate sobre la necesidad de una región metropolitana más resiliente, es decir, con municipios que, frente a un evento climático extremo, tengan la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse preservando sus funciones y estructuras.

El crecimiento acelerado de la mancha urbana y la inequidad social que trae aparejada, así como también los impactos del cambio climático, la transformación de las formas de empleo producto del avance de la tecnología, entre otros, son desafíos que no reconocen fronteras jurisdiccionales. Los modelos de gobernanza metropolitana son en la actualidad la solución más lógica y eficiente para resolver y prevenir los diversos problemas que enfrentan las ciudades.

Frente a esta situación, la coordinación entre sectores, jurisdicciones y niveles de gobierno, debe ser una prioridad para lograr el éxito en el cumplimiento de los objetivos globales planteados por diferentes organismos: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), la Nueva Agenda Urbana de ONU Hábitat y el Acuerdo de París, que representan ideales y metas concretas que las ciudades deberían alcanzar a largo plazo, no pueden ser alcanzados sin tener en cuenta el crecimiento urbano más allá de las fronteras administrativas.

Aglomerados urbanos situados en distintas partes del mundo exhiben un nivel de coordinación metropolitana alto y ya cuentan con una trayectoria sólida en la gestión urbana en esta escala. En la región, los casos de Brasil, México y Colombia están en procesos de demostrar avances importantes tanto en la coordinación inter-jurisdiccional como en términos jurídico-legales. La Región Metropolitana de Buenos Aires -RMBA-, con más de trece millones de habitantes, es uno de los cuatro aglomerados más grandes de Latinoamérica y podría replicar los modelos existentes.

¿Cuáles son las principales funciones que desarrollan los entes de gobernanza metropolitana?, ¿Cómo se gobiernan y cuál es su estructura de funcionamiento?, ¿Cómo se financian y cuál es su presupuesto anual y per cápita?, ¿Qué logros relevantes pueden enumerarse? El análisis de estas cuestiones, que se despliega en el presente documento aplicado a casos internacionales destacables, nos puede dirigir a una mayor y mejor comprensión de la gobernanza metropolitana en general y guiarnos en la elaboración de propuestas viables para la RMBA en particular.

La RMBA tiene el desafío de crear instituciones de gobernanza metropolitana con legitimidad política, que coordinen las agencias existentes abordando los problemas de forma integral. Esta es una decisión estratégica que deberán tomar en el corto plazo los gobiernos municipales y provinciales, y el gobierno  nacional para mejorar la calidad de vida de la población en el futuro.