En la Argentina la pobreza está infantilizada: en el segundo semestre de 2017, había 163 niños en situación de pobreza por cada 100 adultos en la misma situación. Además, este patrón muestra signos de agravarse: en 2003 la relación era 140 niños por cada 100 adultos.

La situación es alarmante por varios motivos. Si bien la pobreza bajó en los últimos años, los más afectados por la pobreza hoy son niños: incluso tras esta baja, en 2018 el 41% de los niños argentinos vive en la pobreza. Los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar sus derechos.

La inversión en infancia y adolescencia viene en aumento desde 1995 pero aún así no logró reducir la infantilización de la pobreza. Por este motivo, es imperativo revisar su efectividad, calidad y el impacto que tiene sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

La inversión en infancia y adolescencia entre 1995 y 2015

La inversión del Estado nacional dirigida a niños y adolescentes viene aumentando desde 1995, y duplicó su valor de 1,3 puntos porcentuales del PBI a 2,6 p.p. en 2016.

La inversión consolidada –que incluye también los esfuerzos realizados por las provincias-, varió entre los 5 y los 6 puntos del PBI entre 2001 y 2007, y promedió 5,4% en ese período. El esfuerzo realizado por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires explica 4,4 puntos de este promedio.

Inversión Pública en Niñez y Adolescencia en porcentajes del PBI. Argentina (1995-2016)

La tendencia general de la inversión entre 1995 y 2016 es de alza. La inversión social en niñez y adolescencia pasó de representar alrededor de un 12% del presupuesto social a fines de la década de 1990 a un 16% entre 2008 y 2016. El período de mayor expansión en términos relativos fue el que siguió a la crisis social, económica y política de 2001: el promedio entre 2002 y 2008 fue de 17,3% del presupuesto social.

Inversión Pública Nacional en niñez y adolescencia como porcentajes del PBI, del Gasto Público Total y del Gasto Público Social (1995-2016)

Fuente: CIPPEC (2018) sobre la base de Dirección Nacional de Política Fiscal y de Ingresos del Ministerio de Hacienda de la Nación

Sin embargo, en los años de devaluación y contracción económica (2012, 2014 y 2016) la inversión dirigida a la infancia y adolescencia cayó. Esto es particularmente relevante en el contexto actual de la Argentina: ante mayor incertidumbre y volatilidad macroeconómica, los indicadores de pobreza e indigencia comienzan a aumentar. En el primer semestre de 2018, la proporción de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza era de un 27,3%, lo que representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto del semestre anterior.

El vínculo entre recesión y reducción de la inversión prioritaria en niños y adolescentes no es una relación de necesidad: durante la crisis global que se desató en 2008, algunos países lograron disminuir la pobreza infantil y proteger especialmente a los grupos vulnerables de los peores efectos recesivos (UNICEF Innocenti Project, 2014).

El efecto de las crisis sobre el bienestar de la infancia y la adolescencia depende no solo de la profundidad de la crisis, sino sobre todo de las condiciones políticas previas y de la respuesta de política pública que lideren los gobiernos (UNICEF Innocenti Project, 2014). Por este mismo motivo es crucial comprometerse a sostener los niveles de inversión para proteger los derechos de niños y adolescentes y asegurar el camino del desarrollo sustentable.

Cambios en la tendencia: el escenario a partir de 2016

Entre 2015 y 2016, la variación de la inversión pública en niñez y adolescencia en pesos corrientes fue de 28,9%. Sin embargo, cuando se ajusta por inflación, hubo una caída de 7,4% en términos reales. Esto marca un cambio en la tendencia anterior.

Actualmente no están disponibles los datos consolidados para hacer un análisis comparativo de los años 2017 y 2018 (aún en ejecución). Para analizar este período, se eligieron un conjunto de iniciativas por su alto impacto en el bienestar de niños y adolescentes. A partir ellos se ve que en los años 2017 y 2018,  la inversión real en áreas críticas del bienestar infantil y adolescente cayó.

Crédito vigente y ejecución en millones de pesos de 2015. Programas seleccionados (2015-2018)

Fuente: CIPPEC (2018) en base a Presupuesto Abierto (www.presupuestoabierto.gob.ar). Incluye las modificaciones presupuestarias de la Decisión Administrativa 1605/2018

Los niveles de ejecución de los programas seleccionados para el análisis de este período varían notoriamente.  Algunos programas se acercaron al 100% de ejecución, por ejemplo, los programas dependientes de gestión educativa y políticas socioeducativas del entonces Ministerio de Educación y Deportes (98,5%), y el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (95%). El programa de Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles dependiente de Educación y las Acciones de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social, alcanzaron el 81% y 91% de ejecución respectivamente.

Otros programas tuvieron resultados más magros. Promoción y Asistencia a los Espacios de Primera Infancia, que también depende de SENNAF, apenas superó el 75% de ejecución. El Programa de Sanidad Escolar, del Ministerio de Salud, ejecutó solo el 55% de su presupuesto en 2017.

El presupuesto 2018 también es heterogéneo en el grado de ampliación o ajuste de recursos otorgados a programas respecto de 2017.

El 10 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial una serie de modificaciones presupuestarias que afectaron los créditos vigentes (presupuesto original y modificaciones presupuestarias) correspondientes a determinadas iniciativas relacionadas con la infancia de los Ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia.

Estas corresponden a un aumento presupuestario de $15 millones (0,4% de presupuesto adicional) del programa “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” y una disminución de $3,35 millones (0,3% del presupuesto vigente del programa) y $117,87 millones (10% del presupuesto vigente) en los programas “Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” y “Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia” de la SENNAF, respectivamente. Otro programa que sufrió disminuciones en su presupuesto, es el de “Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes”, por un monto total de $2,8 millones.

La intención de invertir fuertemente en el desarrollo de espacios de primera infancia que se evidenciaba en el crédito inicial se postergó en función de las necesidades presupuestarias de otras áreas y por el alto grado de subejecución de las áreas responsables. Esto es particularmente preocupante en la medida en que al decrecimiento que se observa entre 2017 y 2018 de las partidas asignadas a estos programas se suma ahora una reasignación sustancial.

Los datos referidos al nivel de ejecución en 2018 generan incertidumbre sobre el uso efectivo de esos recursos para garantizar los derechos de los niños: solo las líneas de Asignaciones Familiares y las Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tienen un nivel de ejecución mayor al 50%.  Los programas destinados al fortalecimiento de espacios de crianza, enseñanza o cuidado infantil apenas superan el tercio de lo presupuestado.

Esta subejecución, ¿responde a problemas de gestión y planificación, obstáculos en la implementación o factores vinculados con déficits de planificación e implementación, articulación interjusrisdiccional o debilidades técnico-institucionales de determinadas áreas?

Entender esto es fundamental en tanto un período de crisis y recesión como el que atraviesa la Argentina actualmente pone en riesgo las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en.

¿Cómo se puede fortalecer la inversión en infancia y adolescencia?

El financiamiento de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia es crítico para hacer realidad sus derechos. Lograrlo exige revisar la efectividad, calidad y el impacto de la inversión del Estado dirigida a niños, niñas y adolescentes.

Tres recomendaciones para fortalecer la estructura de la inversión social en infancia y adolescencia consisten en:

1 – Asegurar los fondos presupuestarios destinados a los programas que tienen un impacto significativo y demostrado sobre el bienestar de los niños y adolescentes. La tendencia de la inversión social en niñez y adolescencia está fuertemente asociada al ciclo macroeconómico: se reduce durante los períodos de devaluación o contracción económica –como sucedió en 2012, 2014 y 2016-, lo que genera un impacto negativo sobre los niños y niñas y el bienestar de sus familias. Para contrarrestar esto, se debe respetar el principio de intangibilidad de los fondos y se debe asegurar que no haya una pérdida de valor real de los recursos presupuestarios asignados a la niñez y la adolescencia. Para lograr esto y sostenerlo en el mediano y largo plazo es fundamental incluir acuerdos entre las jurisdicciones y entre los ministerios.

2 – Monitorear y evaluar la calidad de la inversión, es decir, el impacto que los recursos utilizados tienen sobre el bienestar y los derechos de niñas, niños y adolescentes. El aumento de la inversión pública en niñez y adolescencia no trajo aparejada una mejora relativa de la situación de los niños y adolescentes por ende es crucial transparentar las transferencias que se realizan a estos grupos poblacionales de modo tal de poder evaluar la calidad de la inversión. Entre otros, es necesario desagregar las partidas presupuestarias por rangos etarios a fin de conocer qué inversión se hace en estas poblaciones, fortalecer el seguimiento de esta inversión, según su tipo y funcionalidad, tanto en el nivel nacional como entre los entes provinciales y recuperar la medición de la inversión consolidada en niñez y adolescencia que se discontinuó desde 2008.

3 – Mejorar y fortalecer los formatos institucionales -tales como el Gabinete de Desarrollo Humano y la figura del Defensor del Niño – involucrados en las distintas etapas del ciclo presupuestario para poder guiar los esfuerzos comunes orientados a cumplir los derechos de los niños y adolescentes.

¿De qué hablamos cuando hablamos de economía de plataformas?

Consumo colaborativo, sharing economy, economía colaborativa, peer economy, gig economy, economía del acceso. El primer reto al que nos enfrentamos al analizar este fenómeno es la propia jerga que ha generado, que es compleja, diversa e incluso contradictoria. El título de un artículo de Rachel Botsman (2013) refleja este primer reto de manera nítida: “La economía compartida carece de una definición compartida”.

Aunque existe un extenso debate y literatura al respecto, se ha optado tomar como referencia las definiciones propuestas por el informe “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digitales” de la Asociación Española de la Economía Digital.

La economía colaborativa la conforman aquellos modelos de producción, consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales (P2P o B2B), o bien de particular a profesional, a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente, generando un mayor aprovechamiento de los bienes y recursos existentes pero infrautilizados. De esta manera, la economía colaborativa permite utilizar, compartir, intercambiar o invertir recursos o bienes, pudiendo existir o no una contraprestación monetaria entre los usuarios.

Si bien por el uso del adjetivo “colaborativo” a menudo se espera que estas plataformas tengan una orientación poco o nada lucrativa y que usen datos y tecnología con fuente abierta (open source), lo cierto es que, en la mayoría de casos, las plataformas de la economía colaborativa no cumplen esas expectativas, aunque algunos de sus usuarios si orienten su uso al desarrollo del sentimiento comunitario y la conciencia ambiental.

Dentro de la economía bajo demanda (a menudo también referida como gigeconomy), encontramos aquellos modelos de consumo y provisión de servicios que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada habitualmente de profesional a consumidor (B2C) a través de plataformas digitales que no prestan el servicio subyacente. La prestación se origina en base a las necesidades del usuario que demanda y se adapta a sus preferencias. Estos servicios se ofrecen normalmente a cambio de una contraprestación y habitualmente con ánimo de lucro.

La diferencia fundamental de este tipo de modelos bajo demanda y los modelos colaborativos es que entre los usuarios existe una relación comercial, es decir, son plataformas en las que tiene lugar la prestación de un servicio ya sea por parte de profesionales o por parte de particulares, dependiendo del modelo.

Se considera que forman parte de la economía de acceso aquellos modelos de negocios en los cuales una empresa, con fines comerciales, pone a disposición de un conjunto de usuarios un conjunto de bienes para su uso temporal, adaptándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos usuarios y flexibilizando la localización espacial de los mismos.

Si bien la economía colaborativa ya fomenta el acceso frente a la propiedad de los bienes, la economía de acceso hace referencia únicamente a los modelos en los que la plataforma digital presta el servicio subyacente de manera centralizada y los usuarios normalmente no tienen contacto directo entre sí para efectuar las transacciones.

Para abarcar en un único concepto toda la complejidad y matices del fenómeno estudiado en este documento se usará el término “economía de plataformas” para referirse a todos los casos mencionados hasta aquí. Dicho concepto es el que, desde hace algunos años, organismos como la Unión Europea (Policy Studies, Centre for European and Lenaerts, Karolien and Beblavý, Miroslav 2017), la OCDE (2018) o el World Economic Forum (2016) han adoptado.

Otro desarrollo reciente en el ámbito de las definiciones es la inclusión del adjetivo “responsable” y/o “procomún” al hablar de ciertas plataformas digitales, sobretodo en contraposición de las plataformas digitales “corporativas o extractivas”. Las plataformas digitales responsables son aquellas que integran en el diseño de sus actividades los intereses de todos sus participantes, incluidos aquellos potencialmente impactados por las externalidades negativas.

En oposición, las plataformas digitales extractivas son aquellas que se diseñan pensando casi exclusivamente en la generación de lucro para los propietarios (“shareholders”) de la plataforma, quienes habitualmente son el grupo fundador y socios inversores. La economía de plataformas procomún es un modelo emergente basado en la colaboración de comunidades de personas contribuyentes que a partir de plataformas digitales desarrollan recursos comunes cuya propiedad es compartida y deviene accesible como bien público. Son plataformas que usan tecnología y datos abiertos, modelos de gobernanza más participativos e incluso cooperativistas (“platform cooperativism”), que miden sus externalidades negativas (sociales, medioambientales), se financian con capital ético y/o financiación colectiva de participaciones.

Principales ventajas de la Economía de Plataformas

Desde el punto de vista de la sociedad y el medioambiente, la economía de plataformas tiene muchos aspectos positivos:

• Se consigue hacer más con menos recursos haciendo un uso más eficiente de los mismos. Se promulga el principio de que el acceso es mejor que la propiedad y se crea mayor abundancia en la sociedad (absoluta cuando los bienes son digitales y relativa cuando los bienes o servicios son físicos). Con estas prácticas la administración pública también puede hacer más con menos.
• Los ciudadanos se potencian como agentes económicos a pequeña escala, haciendo un uso más eficiente de los mismos, capaces de generar e intercambiar valor con otros ciudadanos de manera directa. En muchos casos realizarán estos intercambios por dinero (alquiler, compra-venta), aunque el abanico de posibilidades incluye también el intercambio (bien sea directo o triangulado a través de alguna «moneda social» o sistema similar) y el regalo o préstamo gratuito. Con estos mecanismos se promulga la autosuficiencia a nivel de los grupos pequeños y a la vez se refuerza la noción de interdependencia con el conjunto de la sociedad. Agencias internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han destacado el potencial de la economía colaborativa para regiones emergentes.
• También hay externalidad ambiental positiva al conseguir reducir la necesidad de fabricar más bienes y/o de construir más infraestructuras. Un ejemplo mencionado habitualmente es BlaBlaCar o CarpooleAr, que permiten optimizar el uso de los asientos vacíos en vehículos que están en circulación sin necesidad de ampliar la capacidad de las infraestructura vial. Estudios del impacto del uso de productos de segunda mano en el medioambiente también arrojan datos esperanzadores. Pero a causa del conocido como «efecto rebote», hay estudios que ponen en tela de juicio estos impactos medioambientales hasta que se puedan cuantificar y aportar más datos concretos. Finalmente, con las prácticas de gobierno abierto se permite una evolución de los sistemas de democracia representativa hacia modelos de democracia más participativa y directa generando instancias de consulta y validación.

Principales retos de la Economía de Plataformas

Al mismo tiempo que representa oportunidades, la economía de plataformas también implica retos y desafíos. El primer reto es el propio conocimiento de estas plataformas por parte de la población en general. En el informe “Economía Colaborativa en América Latina”, publicado por Instituto de Empresa (IE) y el BID en 2016, un 60% de los fundadores de startups mencionan el desconocimiento y falta de confianza como la principal barrera para el crecimiento, muy por delante de los motivos falta de financiamiento o de una regulación adecuada. Al mismo tiempo la brecha digital es un factor importante. Sea por limitaciones en el acceso físico a la tecnología (un celular, plan de datos o falta de infraestructura de conectividad) o bien por la capacidad de uso de la misma (cultura digital y generación de perfiles confiables) existe una limitación importante para un segmento considerable de la población. En Milán por ejemplo con el fin de aumentar la alfabetización digital en la región, han creado mediante un acuerdo con Airbnb, una academia llamada “Sharing Economy School” .

Otro reto a considerar es el abuso o el mal uso de la tecnología, a menudo sin ser conscientes de ello. Con el uso de las plataformas digitales aún estamos comprendiendo qué tipo de accidentes o retos sociales, económicos e incluso medioambientales estamos creando. Su rápido crecimiento dificulta esta comprensión y su encaje normativo.

En el informe del Banco InterAmericano de Desarrollo “Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe” se identifican los siguientes desafíos en torno a los marcos regulatorios:

1. Comprender el buen uso y las limitaciones de la autorregulación de las plataformas digitales.
2. Coordinar varios niveles administrativos (local, regional, nacional, supranacional) en los ámbitos donde cada uno tiene competencias asignadas.
3. Garantizar una competencia justa y respetar los sistemas de permisos y licencias bajo los cuales muchos sectores económicos operan hoy en día.
4. Proteger a los consumidores en ámbitos como los derechos de consumo y resolución de conflictos, protección de datos personales, promoción de buenas prácticas.
5. Aplicar y adaptar, si es necesario, la legislación fiscal a la actividad económica que se genera a partir del uso de las plataformas digitales.
6. Probablemente el reto más complejo es el relativo a la normativa laboral. Ésta se desarrolló para modelos de economía industrial con contratos de empleo continuo y a tiempo completo, en el que existe una relación directa entre el empleador y el empleado. Con las plataformas digitales los ciudadanos pueden generar ingresos usando sus bienes y/o su tiempo y habilidades de manera discontinua, sin contratos, y con un nivel de subordinación distinto en cada plataforma, lo que abre la pregunta acerca de la necesidad de nuevos marcos regulatorios que contemplen nuevos estos nuevos modos de producción y empleo.

En la última década el Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) se vio impactado con mayor frecuencia por eventos climáticos que producen consecuencias negativas en términos sociales, ambientales y económicos. Fundamentalmente por esta razón, se torna estratégico sentar las bases del conocimiento sobre el riesgo climático al que está expuesta la población de dicho territorio.

Los efectos del cambio climático en el AGBA comienzan a ser cada vez más evidentes. Si se toma en cuenta la última gran inundación del 2013 y la ola de calor entre diciembre de 2013 y enero de 2014, se produjeron más de 600 muertes a causa de sólo dos eventos climáticos. Además, en este período, los vientos fuertes impactaron de una manera contundente en los municipios de la periferia de la Región Metropolitana, esto es la tercer corona. Frente a este escenario, surgen una serie de preguntas que pueden orientar a los municipios en la consideración del cambio climático como una política transversal en sus ámbitos de gestión: ¿Cuánta es la población vulnerable frente al cambio climático?, ¿Cuáles son las variables que la hacen vulnerable?, ¿Cuán expuesto está el territorio frente a estas amenazas climáticas?, ¿Cuál es el riesgo al que está expuesta la población que vive en los partidos que conforman el AGBA?

Los resultados del presente trabajo ponen en evidencia la heterogeneidad socioeconómica del AGBA, dado que es posible identificar diferentes vulnerabilidades socioterritoriales frente a los impactos del cambio climático; ello mediante el Índice de Vulnerabilidad Social frente a Desastres (IVSD), compuesto por diez variables, que pone en evidencia las condiciones económicas, habitacionales y sociales. Del cruce de dicho Índice con las tres amenazas climáticas estudiadas (inundaciones, focos de calor superficial y vientos), surge el riesgo al que está expuesta la población de los 40 municipios más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Vinculado con inundaciones a nivel del AGBA, la población en riesgo es del 7%, cubriendo un 19% de su superficie mientras que, a nivel municipal, las condiciones menos ventajosas se observan en Malvinas Argentinas y Esteban Echeverría, donde aproximadamente el 70% de la población con alta vulnerabilidad social está expuesta a riesgo por inundaciones. Por otro lado, la Cuenca Matanza Riachuelo, seguida de la del Reconquista y en tercer lugar la del Luján, son las cuencas hidrográficas que poseen mayor población con muy alto IVSD expuesta a riesgo por inundación. Con relación a los Focos de Calos Superficial (FCS), tanto área potencial de aparición como de presencia, los partidos con mayor riesgo son José C. Paz y Malvinas Argentinas, seguidos por Merlo, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Moreno, Berazateguí y Tigre. Respecto a los vientos, la población con mayor riesgo representa el 23% del AGBA, siendo los partidos más comprometidos Presidente Perón con casi el 100 % de su población afectada y Ezeiza, Esteban Echeverría y La Matanza con aproximadamente el 80% en esas condiciones.

El gran desafío para el AGBA en los años venideros es desarrollar una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo de su población. Las medidas de adaptación irán desde medidas estructurales, como obras y mantenimiento de infraestructuras, pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas, hasta acciones de evacuación. Y otras complementarias como capacitación y concientización, diseñada para cada barrio en función de sus características, necesidades y costumbres.

El municipio que se adapte al cambio climático se convertirá en uno más resiliente. Esto significa que, frente a un evento extremo del clima, tendrá la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse preservando sus funciones y estructuras. Este trabajo busca sentar las bases para que los municipios conozcan el riesgo climático de sus territorios y gestionen en consecuencia para aumentar la resiliencia local en un contexto metropolitano.

La Región Metropolitana de Buenos Aires es azotada, cada vez con más frecuencia, por fenómenos climáticos extremos que conllevan pérdidas de vidas humanas y graves consecuencias económicas y sociales. Por tal motivo, resulta imperativo avanzar en estrategias de adaptación y resiliencia urbana que preparen a los gobiernos locales del Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA) frente a un cambio climático ya en marcha. Esta realidad genera interrogantes: ¿Qué percepción tienen los intendentes y equipos técnicos municipales del cambio climático?, ¿cuáles son los planes o programas, proyectos y procesos que desarrollan los municipios frente a este fenómeno?, ¿cómo responden ante la emergencia climática?, ¿se trabaja en la prevención?

Para realizar este trabajo se entrevistó a intendentes y equipos técnicos de 39 municipios de los 41 que conforman el área de estudio. Se diseñaron cuestionarios para guiar las entrevistas y se creó un Índice de Resiliencia para categorizar a los municipios. Adicionalmente, se desarrolló la metodología de las 4 letras P para contar con otra forma de procesar y visualizar los resultados de las entrevistas, clasificando la información relevada en Percepción, Planes o Programas, Proyectos y Procesos.

Entre los hallazgos, se destaca que los gobiernos locales están operando sobre una realidad coyuntural, administrando recursos escasos y, por lo tanto, con insuficiente visión de mediano y largo plazo. A su vez, existe un reconocimiento sobre los daños que provocan los eventos climáticos cada vez más extremos y recurrentes, pero las urgencias que deben resolver en lo cotidiano impiden hacer hincapié en la prevención. Sin embargo, existen casos de buenas prácticas que comienzan a trazar el camino a seguir para construir resiliencia en el aglomerado. En lo referente al Índice de Resiliencia, la categorización de los 39 municipios dio como resultado 13 con baja resiliencia, 15 con media y 11 con alta resiliencia.

El Proyecto AGBA Resiliente pretende dar los primeros pasos para avanzar en el conocimiento de los desafíos e intereses comunes entre los municipios del AGBA y su vinculación con los efectos del cambio climático. Este documento busca ser un insumo para la sensibilización, toma de conciencia y debate sobre la necesidad de una región metropolitana más resiliente, es decir, con municipios que, frente a un evento climático extremo, tengan la capacidad de absorberlo, adaptarse y recuperarse preservando sus funciones y estructuras.