La desregulación y privatización del sector eléctrico argentino en los 90 fue ejemplar a nivel mundial por la competencia que produjo en el sector de generación y la significativa inversión en capacidad instalada, que redundó en una reducción de los precios del sistema. Sin embargo, este proceso no llegó a promover e instalar la comercialización minorista por la crisis de 2001/2, que conllevó la intervención masiva del Estado en el sistema y la proliferación de los subsidios.

A partir de fin de 2015, con la baja de los subsidios en el sector energético, hay que plantear cómo las políticas regulatorias del sector afectan a los consumidores. El país carece de un plan de largo plazo, expresado en forma pública y transparente, para el sector eléctrico.

Potencia instalada, demanda máxima y margen de reserva

Fuente: CIPPEC

El Gobierno nacional se viene financiando con power purchase agreements (PPA) para garantizar la generación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Los PPA se deciden de forma centralizada, sin fundamentos públicos, y comprometen pagos a realizar por los consumidores por los próximos 15 años.

Se estima que los consumidores asumirán un costo extra de USD 2.700 millones en los próximos años por la forma en que el Gobierno nacional licitó la nueva capacidad para evitar cortes en los picos de demanda (Resolución 21/2016 por la cual se otorgaron en un proceso licitatorio competitivo 3100 MW de generación térmica principalmente dirigida a abastecer el pico de demanda y evitar cortes).

Así, la actual política de reducción del déficit energético se enfoca en cuánto de los costos actuales se trasladan a los consumidores y no tanto en qué costos se trasladan.

Este documento plantea que la eliminación de los subsidios debe hacerse pero con un plan de largo plazo expresado en forma pública y transparente. Muchos países han liberalizado la oferta minorista de electricidad y fomentado el uso de la generación distribuida logrando una eficiencia notable en la producción de energía: los consumidores pueden generar y controlar el uso de la energía con dispositivos para eficientizar el consumo y la exportación hogareña de energía.

El consumidor debe dejar de ser pasivo como lo fue cuando se beneficiaba de tarifas bajas. Hay que poner la conducta del consumidor en el centro de la escena regulatoria, como principal fuente de reducción de costos y de competencia en la comercialización minorista de electricidad.

La reciente Ley “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública”, limitada a los usuarios regulados conectados a las distribuidoras, define las condiciones para que los usuarios puedan generar energía eléctrica renovable para su autoconsumo y garantizar el libre acceso a la red de distribución cuando sea necesario. Pero esta Ley “no garantiza una política de Estado basada en la generación distribuida que permitan potenciar la liberalización de la oferta minorista de electricidad”.

Falta un estudio integral de los costos de desarrollar una política de Estado en generación distribuida que permita identificar los cambios regulatorios que requiere (con un análisis costo-beneficio de alternativas a la política de competencia por el mercado tipo la Resolución 21/2016 y de las externalidades ambientales).

El retorno a la Ley 24.065 (Régimen de generación, transporte y distribución de electricidad, sancionada en diciembre de 1991) debe lograrse con incentivos a la competencia en la generación y comercialización minorista y subsidios focalizados en la demanda por capacidad de pago y voluntad de ahorro de energía de los usuarios.

El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) es elaborado anualmente por CIPPEC y evalúa la calidad, cantidad, nivel de desagregación y actualización de la información presupuestaria que publican los gobiernos provinciales en sitios web oficiales. Esta edición corresponde al año 2017 y da continuidad al trabajo que se lleva a cabo desde 2010 en esta línea.

Los gobiernos provinciales tienen a su cargo funciones en áreas de servicios esenciales como seguridad, salud, y educación. Por ende, resulta de fundamental interés evaluar la forma en que ponen a disposición de los ciudadanos información oportuna y confiable sobre aspectos relevantes de la política presupuestaria.

Los documentos que se evalúan para la elaboración del ITPP son: leyes de presupuesto, informes de ejecución de gastos, informes de recaudación impositiva, informes de deuda pública, información sobre transferencias recibidas del gobierno nacional, transferencias realizadas a municipios, la Cuenta de Inversión y el Presupuesto Ciudadano.

Edición 2017

En 2017, el ITPP a nivel general alcanza un promedio de 7 puntos sobre un total de 10 posibles. Así, supera levemente el registro del año pasado (donde el promedio fue de 6,55 puntos), y marca el valor máximo desde el inicio de la medición en 2010.

Por cuarto año consecutivo, es la provincia de Córdoba la que obtiene el primer lugar en el ranking del ITPP, repitiendo el puntaje del 2016 (9,70). Este puntaje es idéntico al de la edición anterior, sin variación alguna en la composición del puntaje.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, y asciende así un puesto en el ranking con relación al año pasado, con un puntaje total de 9,55. Este ascenso se explica principalmente por el lanzamiento de “Presupuesto Abierto de la Ciudad”, una plataforma con datos de ejecución presupuestaria detallada y accesible, que coloca a la CABA como la segunda jurisdicción del país que cuenta con un presupuesto ciudadano, luego de Córdoba. El tercer puesto es ocupado por la provincia de Entre Ríos, con un puntaje idéntico al de la edición 2016, en la que había quedado en el segundo lugar. La provincia continúa produciendo información de calidad al publicar la mayor parte de los documentos e informes contemplados. Además, produce un informe ejecutivo institucional, económico y fiscal, sumamente detallado.

Por su parte, las 3 jurisdicciones que obtuvieron los menores puntajes en esta edición del ITPP fueron Misiones, La Pampa, San Luis, con puntajes de 4,15, 2,95, y 1,50, respectivamente. En el caso de Misiones, las principales falencias se asocian a una falta de publicación de las leyes de presupuesto más actuales y los elevados rezagos en la publicación de información. Para La Pampa, se le agrega a lo anterior la falta de información en lo concerniente a transferencias por municipios, la desagregación de la recaudación por impuestos, y un sitio web con baja organización de la información y facilidad de acceso.

Finalmente, para la provincia de San Luis se observa que sólo puede obtenerse información vinculada a la recaudación: todos los otros documentos e informes analizados no pueden encontrarse online.

Evolución

El siguiente gráfico detalla las variaciones experimentadas en los puntajes de cada provincia ente 2017 y el año anterior. Se observa que 13 provincias mejoraron su puntaje, siendo Jujuy, Santa Cruz y Corrientes las jurisdicciones de mayor evolución. Por su parte, 8 jurisdicciones registraron retrocesos en el puntaje, en tanto que 3 permanecieron sin cambios.

Axel Rivas (Investigador principal del Programa de Educación de CIPPEC)

El año 2030 está a una distancia de riesgo. Demasiado cerca para pensar en la ciencia ficción de los que quieren cambiarlo todo y demasiado lejos para quienes quieren conservar lo que hay como sea. Es una distancia acorde para un desafío profundo y practicable.

Entre todas las cuestiones educativas que requieren grandes redefiniciones, propondré crear un Sistema Educativo Digital (SED)[1] que funcione como una máquina de innovación y justicia. Otros objetivos son más importantes y estructurales, como transformar la formación y la carrera docente para llenar de conocimientos poderosos (y mejores salarios) a los actores centrales del sistema. Elegí, sin embargo, una apuesta más modesta pero más viable.

¿Qué es un Sistema Educativo Digital?

Imaginen un espacio digital de aprendizaje pensado para los alumnos. Allí hay trayectos (cursos, etapas, procesos) diseñados por expertos con contenidos de alta calidad. Todo está vinculado intrínsecamente con los contenidos obligatorios del sistema educativo. Los docentes tienen acceso a estos trayectos digitales. Pueden elegir cuáles usar, pueden editarlos y modificarlos. Pueden usar aulas virtuales para sus alumnos y extender el tiempo de aprendizaje, monitoreando sus avances.

Los alumnos encuentran en el SED un lugar de aprendizaje permanente. El tiempo y el espacio de aprendizaje pasan a ser ubicuos. Para los docentes también habría todo tipo de ofertas de formación continua.

Imaginen un sistema híbrido. El Estado regula que los alumnos deben tener dos “notas”. Una es la presencial de su escuela, la de siempre. La otra es la del SED, para la cual tienen que hacer una serie de actividades en procesos guionados por expertos y redefinidos por sus docentes: leer, estudiar, comentar, ver videos, realizar ejercicios, proyectos colaborativos, etc. Lo que hacen en el SED entra en una zona de intersección: es controlado por el docente, pero hay contenidos curriculares que son “obligatorios” y que todos deben atravesar. El que sean obligatorios no implica que sean idénticos: hay diversas formas de aprender “Imperio Romano” en el SED, pero hay que aprenderlo (y el enfoque curricular-pedagógico será clave, como lo es siempre).

Los alumnos pasarían parte de su tiempo en el SED: dentro o fuera de la escuela. Allí encontrarían dos “sectores”. Uno obligatorio, monitoreado por sus docentes, quienes podrían ver sus avances, apoyarlos y editar actividades sobre la base del diseño elaborado por expertos. El otro sector sería libre, como una zona de aprendizaje sin control. Imaginen árboles de cursos y contenidos maravillosos, llenos de sentido, belleza, riqueza conceptual y caminos para ser recorridos a partir de cada contenido obligatorio. Esto cambiaría la naturaleza del conocimiento encerrado en la escuela obligatoria (pero, cuidado, lograrlo dependería de múltiples procesos).

Aquí entra una primera clave: el SED debería tener contenidos de muy alta calidad y constante retroalimentación con las prácticas. Los docentes deberían sentir que el SED habla su idioma y les ofrece recursos comprensibles, utilizables y enriquecedores. El SED debe quitarles tiempo mal usado (en correcciones y preparación de clases) y ampliarlo en lo que vale la pena (apoyo personalizado a los alumnos, profundizar temas y proyectos). Los alumnos deberían sentir que el SED es de ellos y que aprender es una experiencia transformadora.

Diseñar los contenidos del SED requiere crear un área de primer nivel en el Estado que junte a especialistas curriculares, pedagogos, programadores y diseñadores. Parte de los recursos del SED deberían ser elaborados por estos equipos, pero la mayor parte vendrá de crear condiciones claras para oferentes variados (universidades, editoriales, empresas, autores individuales). Esta combinación requiere mucha claridad en la visión curricular y pedagógica, para tener el control del SED sin perder la riqueza de la variedad de proveedores.

El área natural donde crear el SED es Educ.Ar, el portal educativo del Ministerio de Educación. Pero esta instancia debe ser profundamente reformulada para ser capaz de crear un SED. Tiene donde mirar: Ceibal en Uruguay es lo más cercano en América Latina a lo que aquí estamos proponiendo.

El SED debería ser concebido como una máquina de justicia. Es posible combatir la desigualdad con recursos de alta calidad gratuitos que lleguen a todos y abrir nuevos caminos de aprendizaje que rompan destinos. Se necesita un rol activo del Estado, dando la batalla en los consumos culturales de los alumnos. El SED debe enfrentar a los grandes emporios de la distracción con videojuegos educativos, bibliotecas con algoritmos predictivos que favorecen las lecturas colaborativas o proyectos fascinantes que transforman el conocimiento en prácticas sociales.

Pero un SED es antes que nada un “sistema”. No es una serie de recursos sueltos. Son recorridos, trayectos, procesos que fomentan el aprendizaje en profundidad, la continuidad y la disciplina en el estudio, la creación a partir de la pasión y el esfuerzo. El SED es, en definitiva, una gigantesca traducción de todos los contenidos curriculares al mundo posible de nuestros alumnos. Es una nueva transposición didáctica, que estará a cargo de especialistas y en diálogo constante con las prácticas (algo también ahora posible por primera vez a gran escala y en vivo con el uso del Big Data).

En 2030 la conectividad no será una barrera. Los alumnos tendrán en sus manos (con un celular o algo parecido) el acceso al SED. Todavía falta para que el acceso sea universal, pero llegará. Hay que preparar los motores. ¿Qué tendremos para ofrecerles cuando estén todos conectados? ¿Dejaremos que el mercado privado regule la oferta digital y salgan ganando los que ganan siempre?

El SED es la mejor oportunidad de entrar con un Caballo de Troya poderoso al sistema educativo. Requiere hacedores de política educativa arriesgados y responsables, pedagogos que miren el futuro y defiendan la justicia educativa en las aulas con una cultura de la innovación constante. Reinventar la pedagogía no será posible sólo con el SED. Es mucho más difícil que esto. Pero el SED es algo lejano-cercano: puede ser implementado aunque requiere inmensas capacidades, bastante presupuesto y una clara decisión política.

El SED requiere una cultura institucional que pueda repensarlo todo, que mire con otros ojos a los alumnos y docentes. El sistema educativo debe ser reimaginado para poder ser transformado. Hacerlo implica enfrentar tanto las fuerzas conservadoras de inercias que naturalizan el sistema como la debilidad estructural del Estado para gobernar lo que ocurre en las aulas. Este ejercicio de reimaginación no funcionará en los escritorios teóricos. El SED es una bisagra accionable entre el sistema actual y otro posible, construyendo puentes transformadores, no abismos que amenacen la existencia misma de las aulas, docentes y escuelas.

[1] Puede verse una versión más elaborada de esta propuesta en http://edulab.cippec.org/

Extracto del libro “100 Políticas para la Argentina de 2030” .
Para acceder al libro completo, hacer clic aquí.

Fabián Repetto (Director de Planeamiento Estratégico de CIPPEC)

El año 2030 está muy próximo. Y lo que no se haga hasta entonces en materia de primera infancia (desde el embarazo hasta los 4 años) habrá de implicar una enorme oportunidad perdida para el desarrollo económico y social del país. Una más.

Son múltiples las razones que justifican que la prioridad de la política pública argentina se concentre en esta temática. Una perspectiva de derechos para empezar. La necesidad de una mejor conciliación entre vida familiar y laboral en tiempos de grandes cambios en el mundo del trabajo es otra razón de peso. Una más…la robusta evidencia sobre qué implica un virtuoso desarrollo infantil temprano a lo largo de la vida. Y otra…los ahorros de gasto público que se generan a futuro si ahora se invierte mucho y bien en los que están por nacer y en quienes dan sus primeros pasos.

Argentina tiene ante sí el desafío, y su clase dirigente la obligación de lograr que suceda, de ser en el 2030 un país altamente productivo, integrado socialmente y con niveles apropiados de calidad institucional. No sucederá eso sino se logra un contrato social, político y fiscal para priorizar a la primera infancia. Si se fracasa en el intento de un contrato semejante cuando se trata de la primera infancia, ¿qué cabe esperar para el futuro del país?

¿Qué significa construir desde ahora una política integral y federal de primera infancia, que traduzca en la práctica ese necesario (y aún inexistente) contrato tridimensional? En pocas palabras, implica una política pública basada en tres pilares temáticos y un soporte transversal. En cuanto a los primeros, cabe mencionar: salud y nutrición; licencias y transferencias; y educación inicial y cuidado. En lo referido a la transversalidad, de lo que se trata es de construir una apropiada arquitectura institucional (incorporando los críticos aspectos de financiamiento).

Cabe iniciar justamente por los aspectos institucionales. Al respecto, se entiende como un hito fundamental la eventual construcción de una autoridad social centrada en esta temática que cuente con las capacidades formales e informales necesarias para coordinar y gobernar a las áreas del Estado nacional que se requieran movilizar. Pero para que la política pública eventualmente integral a nivel del Poder Ejecutivo Nacional se plasme realmente en resultados concretos, se requiere avanzar en el plano territorial, vía un pacto federal por la primera infancia que esté acompañado por una ley específica para su financiamiento.

En lo referido a las propuestas dentro del pilar de salud y nutrición, sobresale un primer aspecto fundamental: cualquier esfuerzo de política pública que se haga en materia de primera infancia debe tener estrechos y virtuosos vasos comunicantes con acciones destinadas a una población más amplia. No se trata solamente de colocar el foco en la familia en la cual viven los niños de 0 a 4 años, sino en otros colectivos, por ejemplo las/los jóvenes en edad de concebir. Por ende, buenas políticas de primera infancia requieren también, entre otras, pertinentes políticas públicas para la adolescencia y la juventud. Quizás el reto fundamental en el campo de la salud y su relación con la primera infancia, esté asociado a los cambios que se requieren lograr en las prácticas profesionales y culturas organizacionales. Se suma a todo lo anterior la heterogénea situación de los sistemas provinciales de salud (tal el caso de sus capacidades operativas), pero también cuestiones ideológicas de suma importancia, por ejemplo al momento de llevar a la práctica leyes que dan sustento a los derechos sexuales y reproductivos. En materia nutricional, aún resta camino por recorrer para lograr que la agenda pública jerarquice la cuestión de la malnutrición, sin dejar de reconocer los “bolsones” de desnutrición que aún persisten.

En cuanto a tiempo y dinero para cuidar, el reto mayúsculo está asociado a las licencias, en tanto ya se ha avanzado mucho en la transferencia monetaria a hogares con niños entre 0 y 4 años, sobre todo vía la Asignación Universal por Hijo. No sólo queda marginada del derecho a las licencias la mitad de la población económicamente activa, sino también es enorme la heterogeneidad entre provincias en lo que se refiere al beneficio otorgado al personal del sector público. Abordar este reto en Argentina implica no sólo un gran esfuerzo fiscal (aún en escenarios de cambios graduales), sino también un profundo cambio cultural: dejar atrás el paradigma de bienestar que condiciona los derechos socio-laborales al hecho de estar incorporado al empleo formal, con su correspondiente acceso a la seguridad social contributiva. Pero los cambios culturales profundos en materia de licencias no son pura cuestión de la arena pública, sino también del ámbito privado: ¿cómo avanzar en cambios intra-hogar, a partir de los cuales el hombre adquiera un protagonismo real en sus responsabilidades de cuidado, con una verdadera perspectiva de equidad de género?

Respecto al pilar de educación inicial y cuidado, lo fundamental es generar condiciones de cobertura universal para que la primera infancia haga efectivos sus derechos a ser cuidados en condiciones que fomenten su pleno desarrollo multidimensional. Eso coloca a la calidad de los servicios en un primer plano. Se trata de una tarea con alto potencial de complementariedad entre las responsabilidades nacionales de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social (y sus pares a nivel provincial), pero la historia reciente en el caso argentino no resulta particularmente virtuosa en lo que a este vínculo se refiere, particularmente en la atención a la primera infancia. Algunos rasgos de dicha situación: cobertura aún escasa en materia de educación inicial (sobre todo de 45 días a 2 años); disparidad de atención en los centros dependientes o regulados desde la cartera de desarrollo social (sumado a escasos parámetros pedagógicos para estos espacios); escasa formación en desarrollo infantil temprano en un amplio número de cuidadoras (empleo altamente feminizado). Aún en este contexto con tantas asignaturas pendientes, los pasos dados en este pilar en tiempos recientes, sobre todo desde el plano nacional, sientan bases promisorias.

Semejante conjunto de propuestas requiere combinar por igual dosis de utopía con dosis de realismo técnico, político y fiscal. Implica, además, una apuesta estratégica por un accionar incremental siempre atento a las “ventanas de oportunidad” que la historia –y la democracia- suelen abrir.

Extracto del libro “100 Políticas para la Argentina de 2030” .
Para acceder al libro completo, hacer clic aquí.