Cuando se conocieron los primeros datos de las PASO en la provincia de Buenos Aires, la lista de Cambiemos aventajaba a la de Unidad Ciudadana por 6 puntos porcentuales. Con el transcurso de las horas esa diferencia se redujo y al día siguiente el conteo provisorio terminó con un empate técnico. Finalmente, cuando la justicia contó todas las urnas, Fernández resultó la precandidata más votada con una diferencia de 20 mil votos sobre 9,5 millones de bonaerenses que fueron a votar. Por primera vez el resultado definitivo de una elección nacional resultó distinto a la tendencia marcada por el recuento provisorio.

Estos hechos hicieron resurgir los cuestionamientos respecto de la integridad de los comicios, la distribución de funciones administrativas que pone al conteo provisorio en manos del Poder Ejecutivo y la posibilidad de que el oficialismo lo manipule en su beneficio.

Para contribuir a la discusión pública, política y técnica sobre la integridad de las elecciones en Argentina, este documento analiza sistemáticamente los resultados provisorios de las PASO y la EPAOS del 13 de agosto de 2017 en la provincia de Buenos Aires en busca de indicios de manipulación, fraude o defectos de administración. También, analizamos la precisión del conteo provisorio y los tiempos en que se cargaron las mesas.

Entre los principales hallazgos se destacan: 1) No se observan irregularidades ni problemas graves de administración; 2) Las anomalías afectan pocas mesas y circuitos, fueron algo más frecuentes en la competencia provincial y local y no tienen sesgo partidario. 3) El recuento provisorio fue exhaustivo y preciso. La diferencia que definió el resultado se produjo en las mesas no computadas. 4) Los telegramas de las mesas en que Unidad Ciudadana obtuvo más votos se recibieron en promedio 20 minutos más tarde que las que favorecieron a Cambiemos. Ésta diferencia no parece intencional, se explica por la distancia desde las escuelas hasta los lugares donde se digitalizan y se transmiten los telegramas (CTDs), la cantidad de mesa habilitadas en la escuela, la cantidad de partidos nacionales relevantes en la mesa y de listas locales que compitieron, la cantidad de votos positivos, electores y votos nulos, y el nivel de educación del electorado en el circuito.

También hacemos recomendaciones: 1. Revisar la logística o reemplazar el sistema de repliegue para mitigar el sesgo en la recepción de las mesas, 2. Reforzar el reclutamiento, la capacitación y el despliegue de delegados donde hubo mayor concentración de mesas no informadas, con errores insalvables o que demoraron en transmitirse, 3. Prever responsables y plazos para la generación, presentación y uso de la información que se genera durante la elección para retroalimentar la administración electoral y facilitar el control público y social de las elecciones.

Este trabajo continúa una serie iniciada con la elección general de 2015 en la misma provincia (Page, Antenucci y Leiras, 2016). Las técnicas utilizadas son herramientas de auditoría contable para la detección de fraudes y fueron adaptadas para estudiar los microdatos de la elección primaria.

La Argentina enfrenta desafíos importantes y urgentes para garantizar los derechos de los niños, en particular en su primera infancia. El principal problema es la desigualdad: los niños se encuentran condicionados en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con el lugar donde nacen y la condición sociolaboral de sus familias. Sumado a ello, en la Argentina la tasa de pobreza en la niñez es superior a la del resto de la población. Es necesario revertir la situación de este grupo etario para asegurar el pleno desarrollo de sus potencialidades y de la sociedad en su conjunto.

In recent years, evaluation has gained importance within public administrations of different countries. Even still, in many cases, it is implemented in a fragmented manner, in response to specific and isolated requests. On the other hand, to speak of a “system” with regards to monitoring and evaluation (M&E) implies that the practice derives from stable institutional arrangements that distribute the functions between those involved in the process, as well as other definitions with an orientation towards quality assessment information in a regular and sustained manner.

This document analyzes different institutional arrangements of a set of countries with federal governments with respect to M&E. Those analyzed include Canada, Spain, Mexico, Brazil and Argentina. The case studies of the following sub-national governments are included as well: Catalonia, Jalisco, Pernambuco and the Autonomous City of Buenos Aires. Said studies demonstrate that if a single pattern of institutionalization of M&E functions does not exist, it is important to consider transversal aspects that affect its development.

The formation of a system does not end with the creation of an agency or body responsible for M&E. For this organism to have the necessary capacities to carry out its functions, it requires an institutional insertion that guarantees a certain degree of political independence, while also enabling it to promote evaluations as a management tool.

Likewise, it is necessary to establish rules defining responsibilities, rules that establish the obligation to evaluate and define quality standards in addition to defining a financing mechanism that guarantees the autonomy, perdurability of the system, and the commitments of evaluated programs or organisms.

With respect to the evaluative practice, it is important to consider, not only the definition of an evaluative plan, but also quality control of information produced, and the promotion of evaluation, the use of which improves accountability, transparency of government actions, and decision making. This last facet requires the instauration of mechanisms promoting the use of information in management but also the generation of M&E information that could easily translate into decisions, improving programs and policies.

The analyzed case studies demonstrate that M&E systems have started to expand to a level of sub-national states. These governments should act as an active partner in the design and implementation of the national M&E systems and promoters of their own systems. Because of this, the development of capacities and the institutionalization of areas in the government with these specific attributions from said matters are key.

Las licencias por maternidad, paternidad y familiares son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de las familias y a ser cuidado de los niños. Contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y oportunidades que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida. Todas las familias deberían tener acceso a las licencias.

Sin embargo, en Argentina, solo el 47,5% de los trabajadores y el 51,1% de las trabajadoras que son padres o madres están cubiertos. Las familias cubiertas acceden a distintos tipos de licencia según el sector y la provincia en la que trabajen. El piso para el empleo privado establece, solo para trabajadores formales en relación de dependencia, 90 días de licencia para maternidad y 2 días por paternidad.

Es necesaria una reforma del régimen de licencias pero no de cualquier tipo. En primer lugar, tiene que ser una reforma universalista, incluyendo a todas las familias independientemente de su categoría laboral. Las licencias por maternidad y paternidad son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de los padres y a ser cuidado de los niños, por lo cual su acceso debería ser para todos por igual.

Segundo, debe ser una reforma co-parental, lo que implica extender mucho más que proporcionalmente la licencia por paternidad y crear las licencias familiares. Hoy, al ser la licencia por maternidad mucho más larga que la licencia por paternidad, se contribuye a la injusta sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado y a la discriminación por género en el mercado laboral.

En tercer lugar, la reforma debe ser equitativa y permitir su adaptación a los diversos formatos de familia. Hoy el esquema nuclear (papá, mamá e hijos) convive en Argentina con familias ensambladas, monoparentales u homoparentales, entre otras, con padres biológicos y adoptivos, y las licencias no atienden sus necesidades. La creación de las licencias familiares (con días que pueden repartirse flexiblemente entre los adultos de la familia) contribuye a esta adaptación.

Esta reforma es necesaria para avanzar en la garantía de derechos pero también es una cuestión estratégica. En 2043 la sociedad argentina estará envejecida (con más personas mayores proporcionalmente que adultos económicamente activos). Para enfrentar esa fase demográfica exitosamente es necesario brindar las mejores condiciones para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para una mejor conciliación entre vida productiva y reproductiva, y para la formación de mayor capital humano. Una reforma de esta naturaleza del régimen de licencias contribuiría a estas tres estrategias. Modificar el régimen de licencias es una de las mejores inversiones que el país puede realizar en pos de la equidad y el crecimiento.

Este documento plantea una reforma gradual y largoplacista del régimen de licencias para alcanzar, en 2030, una cobertura universal con 98 días de licencia por maternidad, 30 días de licencia por paternidad y 60 días de licencia familiar. Propone la modificación de los instrumentos que regulan el régimen actual para el empleo formal y la creación de un esquema específico para los trabajadores en la informalidad, desocupados o inactivos.