Crear un Sistema Educativo Digital

Axel Rivas (Investigador principal del Programa de Educación de CIPPEC)

El año 2030 está a una distancia de riesgo. Demasiado cerca para pensar en la ciencia ficción de los que quieren cambiarlo todo y demasiado lejos para quienes quieren conservar lo que hay como sea. Es una distancia acorde para un desafío profundo y practicable.

Entre todas las cuestiones educativas que requieren grandes redefiniciones, propondré crear un Sistema Educativo Digital (SED)[1] que funcione como una máquina de innovación y justicia. Otros objetivos son más importantes y estructurales, como transformar la formación y la carrera docente para llenar de conocimientos poderosos (y mejores salarios) a los actores centrales del sistema. Elegí, sin embargo, una apuesta más modesta pero más viable.

¿Qué es un Sistema Educativo Digital?

Imaginen un espacio digital de aprendizaje pensado para los alumnos. Allí hay trayectos (cursos, etapas, procesos) diseñados por expertos con contenidos de alta calidad. Todo está vinculado intrínsecamente con los contenidos obligatorios del sistema educativo. Los docentes tienen acceso a estos trayectos digitales. Pueden elegir cuáles usar, pueden editarlos y modificarlos. Pueden usar aulas virtuales para sus alumnos y extender el tiempo de aprendizaje, monitoreando sus avances.

Los alumnos encuentran en el SED un lugar de aprendizaje permanente. El tiempo y el espacio de aprendizaje pasan a ser ubicuos. Para los docentes también habría todo tipo de ofertas de formación continua.

Imaginen un sistema híbrido. El Estado regula que los alumnos deben tener dos “notas”. Una es la presencial de su escuela, la de siempre. La otra es la del SED, para la cual tienen que hacer una serie de actividades en procesos guionados por expertos y redefinidos por sus docentes: leer, estudiar, comentar, ver videos, realizar ejercicios, proyectos colaborativos, etc. Lo que hacen en el SED entra en una zona de intersección: es controlado por el docente, pero hay contenidos curriculares que son “obligatorios” y que todos deben atravesar. El que sean obligatorios no implica que sean idénticos: hay diversas formas de aprender “Imperio Romano” en el SED, pero hay que aprenderlo (y el enfoque curricular-pedagógico será clave, como lo es siempre).

Los alumnos pasarían parte de su tiempo en el SED: dentro o fuera de la escuela. Allí encontrarían dos “sectores”. Uno obligatorio, monitoreado por sus docentes, quienes podrían ver sus avances, apoyarlos y editar actividades sobre la base del diseño elaborado por expertos. El otro sector sería libre, como una zona de aprendizaje sin control. Imaginen árboles de cursos y contenidos maravillosos, llenos de sentido, belleza, riqueza conceptual y caminos para ser recorridos a partir de cada contenido obligatorio. Esto cambiaría la naturaleza del conocimiento encerrado en la escuela obligatoria (pero, cuidado, lograrlo dependería de múltiples procesos).

Aquí entra una primera clave: el SED debería tener contenidos de muy alta calidad y constante retroalimentación con las prácticas. Los docentes deberían sentir que el SED habla su idioma y les ofrece recursos comprensibles, utilizables y enriquecedores. El SED debe quitarles tiempo mal usado (en correcciones y preparación de clases) y ampliarlo en lo que vale la pena (apoyo personalizado a los alumnos, profundizar temas y proyectos). Los alumnos deberían sentir que el SED es de ellos y que aprender es una experiencia transformadora.

Diseñar los contenidos del SED requiere crear un área de primer nivel en el Estado que junte a especialistas curriculares, pedagogos, programadores y diseñadores. Parte de los recursos del SED deberían ser elaborados por estos equipos, pero la mayor parte vendrá de crear condiciones claras para oferentes variados (universidades, editoriales, empresas, autores individuales). Esta combinación requiere mucha claridad en la visión curricular y pedagógica, para tener el control del SED sin perder la riqueza de la variedad de proveedores.

El área natural donde crear el SED es Educ.Ar, el portal educativo del Ministerio de Educación. Pero esta instancia debe ser profundamente reformulada para ser capaz de crear un SED. Tiene donde mirar: Ceibal en Uruguay es lo más cercano en América Latina a lo que aquí estamos proponiendo.

El SED debería ser concebido como una máquina de justicia. Es posible combatir la desigualdad con recursos de alta calidad gratuitos que lleguen a todos y abrir nuevos caminos de aprendizaje que rompan destinos. Se necesita un rol activo del Estado, dando la batalla en los consumos culturales de los alumnos. El SED debe enfrentar a los grandes emporios de la distracción con videojuegos educativos, bibliotecas con algoritmos predictivos que favorecen las lecturas colaborativas o proyectos fascinantes que transforman el conocimiento en prácticas sociales.

Pero un SED es antes que nada un “sistema”. No es una serie de recursos sueltos. Son recorridos, trayectos, procesos que fomentan el aprendizaje en profundidad, la continuidad y la disciplina en el estudio, la creación a partir de la pasión y el esfuerzo. El SED es, en definitiva, una gigantesca traducción de todos los contenidos curriculares al mundo posible de nuestros alumnos. Es una nueva transposición didáctica, que estará a cargo de especialistas y en diálogo constante con las prácticas (algo también ahora posible por primera vez a gran escala y en vivo con el uso del Big Data).

En 2030 la conectividad no será una barrera. Los alumnos tendrán en sus manos (con un celular o algo parecido) el acceso al SED. Todavía falta para que el acceso sea universal, pero llegará. Hay que preparar los motores. ¿Qué tendremos para ofrecerles cuando estén todos conectados? ¿Dejaremos que el mercado privado regule la oferta digital y salgan ganando los que ganan siempre?

El SED es la mejor oportunidad de entrar con un Caballo de Troya poderoso al sistema educativo. Requiere hacedores de política educativa arriesgados y responsables, pedagogos que miren el futuro y defiendan la justicia educativa en las aulas con una cultura de la innovación constante. Reinventar la pedagogía no será posible sólo con el SED. Es mucho más difícil que esto. Pero el SED es algo lejano-cercano: puede ser implementado aunque requiere inmensas capacidades, bastante presupuesto y una clara decisión política.

El SED requiere una cultura institucional que pueda repensarlo todo, que mire con otros ojos a los alumnos y docentes. El sistema educativo debe ser reimaginado para poder ser transformado. Hacerlo implica enfrentar tanto las fuerzas conservadoras de inercias que naturalizan el sistema como la debilidad estructural del Estado para gobernar lo que ocurre en las aulas. Este ejercicio de reimaginación no funcionará en los escritorios teóricos. El SED es una bisagra accionable entre el sistema actual y otro posible, construyendo puentes transformadores, no abismos que amenacen la existencia misma de las aulas, docentes y escuelas.

[1] Puede verse una versión más elaborada de esta propuesta en http://edulab.cippec.org/

 

Extracto del libro “100 Políticas para la Argentina de 2030” .
Para acceder al libro completo, hacer clic aquí.

Una política integral y federal de primera infancia

Fabián Repetto (Director de Planeamiento Estratégico de CIPPEC)

El año 2030 está muy próximo. Y lo que no se haga hasta entonces en materia de primera infancia (desde el embarazo hasta los 4 años) habrá de implicar una enorme oportunidad perdida para el desarrollo económico y social del país. Una más.

Son múltiples las razones que justifican que la prioridad de la política pública argentina se concentre en esta temática. Una perspectiva de derechos para empezar. La necesidad de una mejor conciliación entre vida familiar y laboral en tiempos de grandes cambios en el mundo del trabajo es otra razón de peso. Una más…la robusta evidencia sobre qué implica un virtuoso desarrollo infantil temprano a lo largo de la vida. Y otra…los ahorros de gasto público que se generan a futuro si ahora se invierte mucho y bien en los que están por nacer y en quienes dan sus primeros pasos.

Argentina tiene ante sí el desafío, y su clase dirigente la obligación de lograr que suceda, de ser en el 2030 un país altamente productivo, integrado socialmente y con niveles apropiados de calidad institucional. No sucederá eso sino se logra un contrato social, político y fiscal para priorizar a la primera infancia. Si se fracasa en el intento de un contrato semejante cuando se trata de la primera infancia, ¿qué cabe esperar para el futuro del país?

¿Qué significa construir desde ahora una política integral y federal de primera infancia, que traduzca en la práctica ese necesario (y aún inexistente) contrato tridimensional? En pocas palabras, implica una política pública basada en tres pilares temáticos y un soporte transversal. En cuanto a los primeros, cabe mencionar: salud y nutrición; licencias y transferencias; y educación inicial y cuidado. En lo referido a la transversalidad, de lo que se trata es de construir una apropiada arquitectura institucional (incorporando los críticos aspectos de financiamiento).

Cabe iniciar justamente por los aspectos institucionales. Al respecto, se entiende como un hito fundamental la eventual construcción de una autoridad social centrada en esta temática que cuente con las capacidades formales e informales necesarias para coordinar y gobernar a las áreas del Estado nacional que se requieran movilizar. Pero para que la política pública eventualmente integral a nivel del Poder Ejecutivo Nacional se plasme realmente en resultados concretos, se requiere avanzar en el plano territorial, vía un pacto federal por la primera infancia que esté acompañado por una ley específica para su financiamiento.

En lo referido a las propuestas dentro del pilar de salud y nutrición, sobresale un primer aspecto fundamental: cualquier esfuerzo de política pública que se haga en materia de primera infancia debe tener estrechos y virtuosos vasos comunicantes con acciones destinadas a una población más amplia. No se trata solamente de colocar el foco en la familia en la cual viven los niños de 0 a 4 años, sino en otros colectivos, por ejemplo las/los jóvenes en edad de concebir. Por ende, buenas políticas de primera infancia requieren también, entre otras, pertinentes políticas públicas para la adolescencia y la juventud. Quizás el reto fundamental en el campo de la salud y su relación con la primera infancia, esté asociado a los cambios que se requieren lograr en las prácticas profesionales y culturas organizacionales. Se suma a todo lo anterior la heterogénea situación de los sistemas provinciales de salud (tal el caso de sus capacidades operativas), pero también cuestiones ideológicas de suma importancia, por ejemplo al momento de llevar a la práctica leyes que dan sustento a los derechos sexuales y reproductivos. En materia nutricional, aún resta camino por recorrer para lograr que la agenda pública jerarquice la cuestión de la malnutrición, sin dejar de reconocer los “bolsones” de desnutrición que aún persisten.

En cuanto a tiempo y dinero para cuidar, el reto mayúsculo está asociado a las licencias, en tanto ya se ha avanzado mucho en la transferencia monetaria a hogares con niños entre 0 y 4 años, sobre todo vía la Asignación Universal por Hijo. No sólo queda marginada del derecho a las licencias la mitad de la población económicamente activa, sino también es enorme la heterogeneidad entre provincias en lo que se refiere al beneficio otorgado al personal del sector público. Abordar este reto en Argentina implica no sólo un gran esfuerzo fiscal (aún en escenarios de cambios graduales), sino también un profundo cambio cultural: dejar atrás el paradigma de bienestar que condiciona los derechos socio-laborales al hecho de estar incorporado al empleo formal, con su correspondiente acceso a la seguridad social contributiva. Pero los cambios culturales profundos en materia de licencias no son pura cuestión de la arena pública, sino también del ámbito privado: ¿cómo avanzar en cambios intra-hogar, a partir de los cuales el hombre adquiera un protagonismo real en sus responsabilidades de cuidado, con una verdadera perspectiva de equidad de género?

Respecto al pilar de educación inicial y cuidado, lo fundamental es generar condiciones de cobertura universal para que la primera infancia haga efectivos sus derechos a ser cuidados en condiciones que fomenten su pleno desarrollo multidimensional. Eso coloca a la calidad de los servicios en un primer plano. Se trata de una tarea con alto potencial de complementariedad entre las responsabilidades nacionales de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social (y sus pares a nivel provincial), pero la historia reciente en el caso argentino no resulta particularmente virtuosa en lo que a este vínculo se refiere, particularmente en la atención a la primera infancia. Algunos rasgos de dicha situación: cobertura aún escasa en materia de educación inicial (sobre todo de 45 días a 2 años); disparidad de atención en los centros dependientes o regulados desde la cartera de desarrollo social (sumado a escasos parámetros pedagógicos para estos espacios); escasa formación en desarrollo infantil temprano en un amplio número de cuidadoras (empleo altamente feminizado). Aún en este contexto con tantas asignaturas pendientes, los pasos dados en este pilar en tiempos recientes, sobre todo desde el plano nacional, sientan bases promisorias.

Semejante conjunto de propuestas requiere combinar por igual dosis de utopía con dosis de realismo técnico, político y fiscal. Implica, además, una apuesta estratégica por un accionar incremental siempre atento a las “ventanas de oportunidad” que la historia –y la democracia- suelen abrir.

Extracto del libro “100 Políticas para la Argentina de 2030” .
Para acceder al libro completo, hacer clic aquí.

Reforma tributaria: análisis del proyecto del PEN y recomendaciones sobre Ingresos Brutos

Desde el inicio de su gestión, el actual gobierno ha anunciado y promovido una reforma tributaria con el objeto de reducir la carga impositiva y mejorar su perfil, a efectos de contribuir a mejorar la competitividad de la economía.

El primer indicio concreto se materializó en la Ley 27.260, que creó en el ámbito legislativo una Comisión Especial para la Reforma Tributaria cuyo principal objetivo es evaluar las propuestas que sobre este tema hiciera el Poder Ejecutivo. En dicho ámbito, funcionarios del área económica presentaron los lineamientos generales del proyecto en análisis, y luego anunciaron públicamente los ejes fundamentales de la iniciativa y las medidas específicas que contenía. Finalmente, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley de reforma tributaria al Parlamento, que ingresó por la Cámara de Diputados la cual, de acuerdo a normas constitucionales, constituye la cámara de origen para los temas impositivos.

El desafío de encarar una reforma tributaria no es menor, considerando que la presión tributaria ascendería a 33,1% del PBI para 2017, sobre la base de una estructura compleja e ineficiente, en una economía caracterizada por niveles altos de informalidad. Por otra parte, el desequilibrio fiscal condiciona la propuesta y le da un carácter gradual, a efectos de que no altere el cumplimiento de las metas fiscales que el gobierno ha definido para los próximos años.

Evolución de la Presión Tributaria (como % del PBI)

Fuente: CIPPEC

En este contexto, es crucial analizar las principales medidas impositivas contenidas en el proyecto de ley.
La economía política de la reforma resultará compleja y augura un debate intenso que no se limitará al ámbito parlamentario. Las posibilidades de alcanzar consensos con relación a la iniciativa del Poder Ejecutivo también dependerán del entendimiento que el gobierno de la Nación y los de las provincias alcancen sobre los términos del Consenso Fiscal que acordaron en noviembre de 2017.

Composición de la Recaudación Provincial 2016

Fuente: CIPPEC

Por este mismo motivo, en el presente documento se analizan las principales medidas impositivas contenidas en el proyecto de ley y la propuesta de reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos contempladas en el Consenso Fiscal. Por último, se analizan algunas alternativas que, aunque no han sido contempladas en las propuestas oficiales, permitirían una sustitución definitiva del impuesto por otro más neutral.

¿Qué países mejoraron la calidad educativa? América Latina en las evaluaciones de aprendizajes

La prueba PISA de la OECD mide competencias en lectura, matemática y ciencias de los alumnos de 15 años. En la última edición de 2015 hubo cambios en la metodología que afectaron de manera pronunciada a los países de América Latina. Esto no fue suficientemente desarrollado por los informes oficiales de la OECD. Este estudio de CIPPEC demuestra que la comparabilidad de los resultados en el tiempo ha quedado afectada y ya no es posible reconstruir la serie histórica desde el año 2000, cuando comenzó PISA.

No sabemos ahora con claridad qué países mejoraron en PISA. ¿Cuál fue el cambio metodológico principal? Hasta 2012 las preguntas no contestadas implicaban nota baja, desde 2015 no son válidas. Sólo en los países de América Latina este cambio afectó la comparabilidad de los resultados. Por ejemplo: Uruguay y Colombia tuvieron mejoras notables entre 2012 y 2015 pero sólo se explican por el cambio de metodología. Al recalibrar la medición de manera estrictamente comparable sus resultados no mejoraron.

En otros países esta variación también fue importante: Argentina, Chile, Perú. En realidad lo que sabemos ahora es que los resultados de ediciones pasadas no eran tan bajos si se considera la metodología actual. Se podría decir que entre 2006 y 2015 los países de América latina “no mejoraron” (salvo alguna excepción) pero también que “estaban mejor antes” (y sólo ahora, con el cambio metodológico, podemos constatarlo).

Lamentablemente PISA no publica la comparación correcta en sus informes centrales sino que la relega a un anexo, confundiendo a las audiencias de lectores más apresurados. En Colombia se festejó una mejora de la calidad educativa que no existió. Las recalibraciones metodológicas tampoco van más allá del año 2006 y nos dejan la serie histórica de PISA incomparable para América Latina.

¿Esto quiere decir que hay que dejar de mirar los resultados de las pruebas PISA? No. Quiere decir que hay que leerlos con muchos cuidados para saber qué es comparable y qué no. El estudio de CIPPEC es una clara guía para comprender qué países mejoraron su calidad educativa en América Latina, tomando en cuenta todos los recaudos metodológicos.

Puntaje promedio en PISA, por área. Resultados originales y reescalados (*). Promedio de 7 países seleccionados de América Latina. 2000-2015

(*) Nota: Debido a los cambios metodológicos implementados en la edición 2015 de la prueba PISA, y analizados en el capítulo 2 de este documento, no es posible comparar directamente los resultados de 2015 con los de años anteriores. Para ello, deben utilizarse los desempeños de años anteriores reescalados por PISA con la nueva metodología, cuyos resultados solo fueron publicados hasta el año 2006. Por esta razón, se presentan dos series: la graficada en color naranja representa los resultados con la metodología de PISA 2015 (disponible hasta 2006), y la azul que incluye los resultados previos al cambio metodológico. Fuente: CIPPEC, sobre la base de OCDE – PISA 2000 – 2015

Para escapar a las limitaciones y confusiones de PISA son necesarias más y mejores evaluaciones educativas, no una vuelta al oscurantismo donde no se sabe qué derechos de aprendizaje garantizan los países. El estudio de CIPPEC analizó todas las evaluaciones de la calidad de los 7 países que participan regularmente en PISA: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. También analizó otras pruebas internacionales y diversos indicadores educativos que amplían y contextualizan la mirada de los sistemas educativos.

El estudio se centró en la pregunta sobre la evolución de los resultados educativos medidos por las evaluaciones estandarizadas en América Latina durante las últimas dos décadas. Esto no implica asumir que la calidad educativa es igual a lo que se mide en las pruebas estandarizadas, que constituyen un recorte limitado. Estas pruebas permiten dar cuenta parcial del cumplimiento del derecho a la educación en términos de los aprendizajes que logran demostrar los alumnos en determinadas edades. Conocer la evolución de cada país permite comprender mejor la situación del derecho a la educación en América Latina.

Algunos países parecen haber logrado una franca mejoría en todas las evaluaciones nacionales e internacionales. Perú es un claro ejemplo de mejora desde un punto de partida muy bajo. Chile parece haber mejorado durante los años 2000 pero su ciclo está estancado en las pruebas de los años recientes. Brasil, México y Argentina mejoraron levemente en la primaria pero no en la secundaria. Colombia y Uruguay están estables desde que aparecieron las mediciones.

La publicación de los resultados de PISA 2015 de la OCDE en el mes de diciembre de 2016 constituye una nueva oportunidad para acceder a un caudal diverso y prolífero de información que permite evaluar los avances de América Latina en materia de calidad y equidad de los aprendizajes.

La relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias: la película

El federalismo fiscal argentino sufre de un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables.

Esa brecha intenta ser compensada con un régimen de trasferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548. Adicionalmente existen regímenes especiales complementarios -derivados de la propia coparticipación o de determinados impuestos- y otras trasferencias presupuestarias de carácter discrecional que el gobierno nacional gira a las provincias bajo diferentes modalidades.

Las relaciones fiscales entre gobiernos transcurren en un complejo sistema de transferencias configurado al calor de las recurrentes crisis fiscales, y procesos de descentralización con financiamiento parcial. El marco de este sistema es la Ley de Coparticipación Federal con sus innumerables alteraciones que, a pesar del mandato constitucional de 1994, no ha podido ser modificada.

El objetivo del trabajo consiste en analizar cómo han evolucionado estas transferencias nacionales, en sus diferentes variantes, remitidas al conjunto de las provincias durante los últimos doce años, no solo desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo, observando su incidencia tanto en los recursos tributarios nacionales como en el total de recursos provinciales. Asimismo y en virtud de sus potenciales derivaciones en la distribución de la renta federal, se analiza la situación planteada en torno al reclamo de actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense por parte de la provincia de Buenos Aires.

Por último, se describen las principales reglas cuantitativas a las que deberán ceñirse la Nación y las provincias a partir del año próximo, en caso de que el reciente proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal sea aprobado en el Congreso Nacional.