El programa de Ciudades de CIPPEC propone el desarrollo integral de ciudades (DeIC) como un enfoque innovador que promueve la articulación intersectorial, interjurisdiccional e interdisciplinar en el territorio. El objetivo del DeIC es incidir en la mejora de las condiciones de equidad, promover procesos que incrementen la resiliencia urbana, propiciar el empleo de las nuevas tecnologías en la gestión urbana, y fortalecer la gobernanza metropolitana en las principales urbes de nuestro país y del continente.

El DeIC otorga un lugar primordial a la planificación para la acción, a través de una metodología que favorece la articulación del diagnóstico basado en información cuali-cuantitativa -apoyado en los diagnósticos preexistentes- y que incorpora además el análisis de la dimensión territorial. Asimismo, prioriza el empoderamiento de líderes locales a partir de la cocreación de propuestas concretas de política pública fundamentadas en evidencia.

De esta manera, el programa de Ciudades busca definir y ofrecer a los principales tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano para el diseño de políticas públicas actualizado con los principales desafíos contemporáneos, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los ecosistemas de actores sociales capaces de incidir en la producción del espacio urbano.

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2018 (PPN 2018) contiene una pauta de crecimiento de la actividad económica estimada en 3,5%, la inflación promedio se ubicaría en 15% anual y el déficit fiscal primario sería de 3,2% del PBI, en línea con la meta fiscal oportunamente explicitada por el gobierno.

Si se adicionan los intereses de la deuda, el resultado financiero alcanza 5,5% del PBI. Este resultado
presupuestario es consecuencia del aumento proyectado de los ingresos de 19% para el año
siguiente y una suba del gasto primario y total de 14,5% y 16,2%, respectivamente. Este
comportamiento esperado de recursos y erogaciones se encuentra muy por debajo de lo observado
en lo que va del año, donde recursos totales, gasto primario y gasto total presentan variaciones
interanuales de 31%, 28% y 31%, respectivamente.

Principales supuestos macroeconómicos – Presupuesto 2018

Fuente: CIPPEC

En línea con lo observado en los dos últimos años, la clave de la política presupuestaria pasa por la
estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en
los mercados voluntarios, limitando la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. Las
condiciones de elevada liquidez, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país,
parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal con endeudamiento. Sin embargo, esta
modalidad solo debería valorarse como alternativa de transición para alcanzar en un tiempo
perentorio la solvencia fiscal.

El proyecto de presupuesto nacional para 2018 estima que la actividad económica continuará creciendo por segundo año consecutivo, acompañada de una nueva baja de la inflación, y una evolución del tipo de cambio en línea con la variación de precios.

Sin embargo, alcanzar reducciones adicionales del déficit fiscal no resultará una tarea fácil. Sin los ingresos provenientes del sinceramiento fiscal y con una estructura de erogaciones sumamente rígida, con más de la mitad del gasto que ajusta automáticamente, el gobierno concentrará todos sus esfuerzos en la reducción de los subsidios económicos.

De la reducción del déficit primario de 0,8 puntos del PBI (pasaría de 4% a 3,2% del PBI) 0,6pp provendrán del recorte de subsidios económicos. El cambio en la modalidad de financiamiento del déficit ha generado un incremento significativo en el stock de deuda pública (de mercado), situación que se trasladará al ejercicio siguiente.

De acuerdo con la información oficial, la deuda pública se incrementaría de U$S 275.000 millones a U$S 317.000 millones de dólares entre 2016 y 2017, pasando de representar 54,2% a 58,7% del producto, y se espera para 2018 un incremento similar. Por su parte, se estima que las provincias registrarán en 2017 un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones equivalente a 0,9% del PBI, estimándose para el año próximo una reducción que lo ubicaría en $44.775 millones, 0,4% del PBI. Tanto en el caso de la nación como en el consolidado provincial, la pauta de crecimiento del gasto primario corriente ronda 15% para 2018, en línea con la inflación esperada en las proyecciones del gobierno.

De este modo, se pretende que la evolución del gasto público se encuadre en las restricciones que contiene el nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, recientemente ingresado al Senado. Dicho proyecto, que se espera entre en vigencia a partir del 1 de enero próximo, establece como una de las reglas cuantitativas que el incremento del gasto (primario, corriente y con algunas deducciones) no podrá superar a la inflación.

Es en las ciudades donde se presentan los principales conflictos y oportunidades para la sociedad y el medio ambiente en este siglo metropolitano. Entendemos que es necesario ofrecer a los principales tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano capaz de generar evidencia para el diseño de política pública, así como promover el desarrollo de ecosistemas de líderes locales.

El programa de Ciudades de CIPPEC presenta un enfoque orientado al desarrollo integral de las ciudades, entendido como un esfuerzo de articulación intersectorial, inter-jurisdiccional e interdisciplinaria, con el objeto de mejorar la calidad de vida, la resiliencia urbana, la prosperidad y la gobernanza en las principales urbes de nuestro continente.

Nos enfocamos en cuatro lineamientos estratégicos:

• Ciudades más equitativas Agenda Hábitat es una iniciativa que promueve el desarrollo urbano integral y sostenible de las ciudades argentinas, a partir de la generación de evidencia sobre el estado de los aglomerados y del impulso a una política y una legislación nacional que establezcan lineamientos generales para la gestión del hábitat.

• Ciudades más resilientes La iniciativa Resiliencia Urbana busca mejorar las condiciones de respuesta al riesgo climático en las ciudades argentinas. A través de la generación de evidencia, la concientización sobre el estado actual en términos de vulnerabilidad frente al Cambio Climático y la implementación de políticas públicas, se busca un manejo coordinado e interdisciplinario del riesgo.

• Ciudades más inteligentes y colaborativas El objetivo es promover modelos de desarrollo urbano que incorporen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) así como los desarrollos de la economía colaborativa a la gestión integral de las ciudades de Argentina.

• Ciudades más integradas en la escala metropolitana La iniciativa Gob Metro se enfoca en mejorar la coordinación interjurisdiccional, a través del desarrollo de modelos de gobernanza metropolitana que fortalezcan la articulación de la gestión, las políticas y la normativa de los aglomerados urbanos de Argentina.

En esta publicación sobre el desarrollo integral de Bahía Blanca, la propuesta es reflexionar sobre la experiencia de planificación participativa llevada adelante en 2016 y 2017 junto a líderes locales del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

Para potenciar el desarrollo territorial, es necesario pasar de la planificación tradicional, tal como la conocemos, a la planificacción: planes + acción. Esto implica formular planes que rápidamente den pequeñas victorias y resultados tanto para la sociedad, como para quienes se ocupan de la gestión pública. Es cuestión de demostrar que se están haciendo proyectos concretos y no solo escribiendo documentos que luego quedarán guardados en una biblioteca, mientras las ciudades no consiguen resolver sus problemas.

El método de planificacción desarrollado en Bahía Blanca promovió la co-creación de propuestas de política pública enfocadas en dos temáticas críticas para el futuro de la ciudad: la resiliencia y el hábitat. En este documento presentamos el proceso llevado a cabo y el resultado alcanzado por quienes participaron por el desarrollo de su ciudad. Con este grupo de personas nos enfocamos, por un lado, en el desarrollo de un sistema de gestión multi-riesgo para Bahía Blanca, y por el otro, en una estrategia para la creación y gestión de un corredor verde que ponga en relación al campo, la ciudad y la ría, reconvirtiendo espacios degradados y promoviendo el desarrollo de la ciudad compacta.

Agradezco a las instituciones que nos acompañaron y a quienes participaron de las reuniones, en particular a Dow Argentina y al Municipio de Bahía Blanca. Con su apoyo permitieron que la apuesta por la construcción colaborativa de propuestas de política pública encuentre los espacios de debate y desarrollo necesarios para incidir en la construcción de ciudades más equitativas. Junto con los proyectos, queda también conformado un ecosistema de líderes locales que debe potenciarse para que las propuestas se conviertan en realidad y la planificacción decante en un Plan de Ciudad Inteligente para las próximas generaciones. Desde el Programa de Ciudades continuaremos impulsando este tipo de iniciativas.

El 9 de septiembre se cumplen 70 años de la sanción de la ley que habilitó a millones de mujeres a votar. Hasta ese momento la mujer no era un sujeto de derecho político. En los años subsiguientes, otras conquistas (como la sanción del cupo femenino en 1991) contribuyeron a menguar las barreras de acceso y a propiciar una mayor incursión de las mujeres en la actividad política, de modo que pudieran ejercer sus derechos políticos más plenamente. Sin embargo, a tantos años de aquel hito fundante las mujeres aún se enfrentan a barreras informales y culturales que impiden alcanzar la igualdad real de oportunidades consagrada constitucionalmente.

La historia

• En 1947 a través de la ley de voto femenino, también llamada ley Evita (Ley 13.010) se incorporó formalmente a las mujeres argentinas en el ámbito político, garantizándoles legalmente la posibilidad de elegir y ser elegidas. Sin embargo desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas nacionales fue de 6.33 % lo que pone en evidencia que, a pesar del derecho a elegir y ser elegida, operaron preferencias masculinas a la hora de seleccionar las candidaturas.
• En 1991, con la sanción de la ley de cupo femenino (Ley 24.012) Argentina fue pionera mundial en adoptar una acción afirmativa que exigiera la incorporación de, al menos, un 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos de todos los partidos políticos. Los años subsiguientes la aplicación de la norma fue problemática tanto por la resistencia de las agrupaciones políticas como por la falta de criterios unívocos en su aplicación, a lo cual se sumó una interpretación minimalista de la ley por parte de la justicia. El decreto 379/93 buscó corregir estas falencias y esclarecer los criterios de aplicación de la ley. Inicialmente, la ley solo regía para la selección de diputados y convencionales constituyentes. Más tarde, tras la reforma de 1994, se puso en práctica para las listas de candidatos al Senado Nacional y desde 2015, se ha hecho extensiva a las listas de candidatos al Parlasur.
• En 2009 la ley 26.571 modificó la ley orgánica de los partidos políticos y estableció el cumplimiento de la ley de cupo también para la elección de autoridades partidarias. No obstante, algunas agrupaciones continúan siendo reticentes al cumplimiento de esta disposición. Recientemente, la Cámara Nacional Electoral asumió una postura activa en defensa del principio de igualdad y emitió un fallo donde exhortó a todos los partidos políticos del país a respetar y promover la paridad de género en sus organizaciones.

Situación actual

• Desde 1991 está vigente la ley de cupo femenino que establece la obligatoriedad de integrar las listas legislativas nacionales con un 30% de mujeres en lugares expectables. Los efectos del cupo fueron inmediatos, la presencia femenina en el Poder Legislativo aumentó: la Cámara baja pasó de tener un 6% de diputadas a un 39% y la Cámara alta, de un 8% a un 40% de senadoras.
• Pese a la efectividad inicial de la ley de cupo, a partir de 2009 la evolución de la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación se amesetó. Desde entonces, se mantiene en torno al 35 al 39%. A nivel latinoamericano, Argentina perdió su posición de liderazgo en la región ya que otros países sancionaron reglas de paridad lo que repercutió en un aumento de las bancas ocupadas por mujeres. En Argentina no existen leyes similares al cupo que garanticen el acceso de las mujeres a otros poderes del Estado (ejecutivo y judicial). La baja cantidad de mujeres en ambos es concluyente acerca de la necesidad de garantizar legalmente un piso de igualdad (Ver gráfico 1)Gráfico 1. Evolución de la cantidad de bancas ocupadas por mujeres (Cámara de Diputados, 1993-2017

  
  Fuente: CIPPEC

• Aunque el cupo femenino posibilitó la llegada de una mayor cantidad de mujeres al Congreso Nacional, dentro de esta institución continúa habiendo una distribución de tareas sexista. En comparación con los hombres, las mujeres ocupan pocos cargos jerárquicos dentro de las Cámaras (presidencias) y lo mismo sucede en las comisiones de trabajo. Por ejemplo, desde el retorno de la democracia, nunca una mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados y actualmente, presiden 15 de 38 (39%) bloques. En las provincias se da una situación similar. Del total de comisiones presididas por mujeres, más de la mitad se concentra en temas socioculturales: asuntos sociales, salud, niñez, familia, juventud, entre otros pero hay una baja presencia femenina en las comisiones más estratégicas (hacienda, presupuesto, etc.).
• Argentina no posee una ley de paridad nacional, aunque hay dos proyectos con media sanción en el Congreso. A nivel subnacional, 7 provincias tienen leyes de paridad para cargos legislativos provinciales: Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Bs. As. y Neuquén. El resto de las provincias tiene ley de cupo del 30% a excepción de Entre Ríos donde el cupo es inferior (25%).

Argumentos a favor de la paridad

La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas son igualmente dignas de consideración y respeto y tienen el derecho a intervenir en pie de igualdad en la decisión de los asuntos comunes. Por eso debe garantizar a todos los ciudadanos iguales derechos políticos y establecer los mecanismos necesarios para mitigar distorsiones cuando como en este caso está en juego tanto el derecho a ser elegido, así como el derecho de los distintos grupos a estar representados en el gobierno.

Los derechos de participación política son constitucionales y están ratificados en tratados y pactos internacionales a los que adhiere la República Argentina. Hace 25 años, la ley de cupo se pensó como una medida de carácter transitorio, correctiva de las distorsiones existentes en la representación. Pero hoy resulta insuficiente para garantizar una composición equilibrada del Congreso dado que persisten prácticas culturales y barreras informales que dificultan el acceso de las mujeres a esta y otras instituciones de la vida pública y política. La paridad es una medida definitiva que pondría en pie de igualdad a mujeres y hombres para acceder a cargos electivos.

El amesetamiento de las bancas ocupadas por mujeres en el Congreso así como la evidencia surgida de la aplicación del cupo por más de 25 años sugieren que los partidos políticos tienden a respetar estas disposiciones solo en la medida que la Justicia no permite oficializar listas que incumplan la ley, es decir, porque existen sanciones.

Propuestas

1. De cara a la elección general de octubre próximo: si bien no hay una ley de paridad nacional no existen impedimentos para promover el armado de listas más igualitarias integradas por un porcentaje superior de mujeres que el establecido legalmente (30%). En efecto, en la PASO nacional de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante por su peso y su visibilidad electoral, 13 de 20 listas oficializadas superaron el cupo de 30% por 15 puntos porcentuales o más. La elección general de octubre representa una oportunidad para sostener este compromiso en el caso de las agrupaciones que concurrieron con más de una lista a la PASO (aunque en cierta medida la viabilidad de esta medida dependerá de la regla acordada por la alianza para la composición de la lista final de candidatos).

2. A mediano plazo: sancionar una ley de paridad nacional que de mínima, alcance al poder legislativo y de máxima, a los tres poderes del Estado.

3. Una discusión seria en torno del principio de paridad no debería prescindir de una reflexión más amplia en la que se incorpore al debate el peso que tienen las tareas de cuidado no remuneradas en la vida cotidiana de las mujeres, el peso que tiene la falta de acceso a financiamiento por parte de las candidatas, como así también la resistencia (y la penalización informal) que encuentran estas reglas o quienes las defienden dentro las estructuras partidarias tradicionales.