Una propuesta para modificar el régimen de licencias desde la equidad

Las licencias por maternidad, paternidad y familiares son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de las familias y a ser cuidado de los niños. Contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y oportunidades que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida. Todas las familias deberían tener acceso a las licencias.

Sin embargo, en Argentina, solo el 47,5% de los trabajadores y el 51,1% de las trabajadoras que son padres o madres están cubiertos. Las familias cubiertas acceden a distintos tipos de licencia según el sector y la provincia en la que trabajen. El piso para el empleo privado establece, solo para trabajadores formales en relación de dependencia, 90 días de licencia para maternidad y 2 días por paternidad.

Es necesaria una reforma del régimen de licencias pero no de cualquier tipo. En primer lugar, tiene que ser una reforma universalista, incluyendo a todas las familias independientemente de su categoría laboral. Las licencias por maternidad y paternidad son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de los padres y a ser cuidado de los niños, por lo cual su acceso debería ser para todos por igual.

Segundo, debe ser una reforma co-parental, lo que implica extender mucho más que proporcionalmente la licencia por paternidad y crear las licencias familiares. Hoy, al ser la licencia por maternidad mucho más larga que la licencia por paternidad, se contribuye a la injusta sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado y a la discriminación por género en el mercado laboral.

En tercer lugar, la reforma debe ser equitativa y permitir su adaptación a los diversos formatos de familia. Hoy el esquema nuclear (papá, mamá e hijos) convive en Argentina con familias ensambladas, monoparentales u homoparentales, entre otras, con padres biológicos y adoptivos, y las licencias no atienden sus necesidades. La creación de las licencias familiares (con días que pueden repartirse flexiblemente entre los adultos de la familia) contribuye a esta adaptación.

Esta reforma es necesaria para avanzar en la garantía de derechos pero también es una cuestión estratégica. En 2043 la sociedad argentina estará envejecida (con más personas mayores proporcionalmente que adultos económicamente activos). Para enfrentar esa fase demográfica exitosamente es necesario brindar las mejores condiciones para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para una mejor conciliación entre vida productiva y reproductiva, y para la formación de mayor capital humano. Una reforma de esta naturaleza del régimen de licencias contribuiría a estas tres estrategias. Modificar el régimen de licencias es una de las mejores inversiones que el país puede realizar en pos de la equidad y el crecimiento.

Este documento plantea una reforma gradual y largoplacista del régimen de licencias para alcanzar, en 2030, una cobertura universal con 98 días de licencia por maternidad, 30 días de licencia por paternidad y 60 días de licencia familiar. Propone la modificación de los instrumentos que regulan el régimen actual para el empleo formal y la creación de un esquema específico para los trabajadores en la informalidad, desocupados o inactivos.

Autopsia de PBA 2015: los datos electorales hablan

Resumen metodológico

La investigación del proceso electoral se llevo acabo mediante un análisis forense analizando la cobertura, precisión y consistencia de los daros de cada mesa electoral. En el mismo se buscan anomalías o irregularidades en los patrones del comportamiento electoral, mediante indicios de tres tipos de eventos: votos agregados, votos omitidos y votos reemplazados. Dichas anomalías no necesariamente implican que haya habido una manipulación intencional para cambiar los resultados de de la mesa. En este sentido, el análisis forense no permite determinar si las anomalías detectadas fueron causadas por un error o intencionalmente. Pero si permite estimar en qué proporción ocurrieron, dónde y si beneficiaron sistemáticamente a un partido o no.

Principales hallazgos y recomendaciones

En este análisis se evidencia que en las elecciones 2015 en la provincia de Buenos Aires el conteo provisorio fue exhaustivo y preciso ya que hay pocas mesas y circuitos con valores atípicos (que salen del patrón). Asimismo, esos valores que podrían indicar error o manipulación fueron más frecuentes en las categorías a Intendentes y a Gobernador y ocurrieron en unas pocas mesas concentradas en pequeñas regiones de algunos municipios. Por otro lado, por su frecuencia y poca magnitud ninguna de las anomalías detectadas podría haber afectado el resultado de la elección para ninguno de los cargos estudiados porque hay valores atípicos para cada uno de los tres principales partidos; de modo que no hay sesgo sistemático en favor de ninguno de los principales contendientes.

Candidato ¿qué bien se te ve?

Resumen metodológico

El monitoreo fue realizado durante las semanas del 5 al 12 de agosto, del 5 al 9 de octubre y del 14 al 21 de octubre de 2011. El mismo buscó determinar si -efectivamente- la distribución establecida por ley se cumplía, para esto se realizó una  muestra aleatoria se subdividió en tres etapas: en la primera se seleccionaron los medios especificos a cubrir dentro de cada subuniverso de interés (Tv abierta – que se cubrió en su totalidad-, Tv por cable, Radio AM, Radio FM y Diarios). En la segunda se seleccionaron los medios que serían cubiertos cada día mediante un esquema sistemático de rotación. Y la tercera consistió en seleccionar aleatoriamente cinco segmentos de horarios para cada uno de los medios y días seleccionados en las etapas anteriores. En este sentido y con el objetivo de tener estimaciones que tengan en cuenta el tamaño relativo de las audiencias de cada medio, se generó un sistema de ponderaciones que le da a cada uno de ellos el peso proporcional a su audiencia estimada.

Principales hallazgos y recomendaciones

La investigación muestra que la emisión de la publicidad electoral audiovisual en los medios monitoreados cumplió con la distribución estipulada por la Ley 26571 tanto durante la campaña de las PASO como durante las elecciones generales. De esta forma, el nuevo régimen acotó la incidencia de los recursos económicos de origen privado en la publicidad electoral y permitió un acceso más equitativo de los candidatos y partidos a la radio y televisión. Al mismo tiempo, la deficiente regulación respecto del uso de la publicidad oficial y la publicidad de actos de gobierno durante el período de campaña significó una ventaja para los oficialismos en todos los niveles de gobierno. Si bien durante el período analizado su incidencia fue baja, la escasa regulación de esta categoría persiste como fuente de inequidad en la competencia política. Asimismo, CIPPEC recomienda: establecer la autoridad de aplicación autárquica; limitar el uso de recursos públicos con fines proselitistas y avanzar hacia mecanismos de control y sanción más efectivos y eficientes.

La primera vez de las primarias: logros y desafíos

Resumen metodológico

El análisis se basa en el relevamiento sistemático de datos electorales, y de percepciones y opiniones de los funcionarios, autoridades electorales, apoderados y dirigentes de partidos nacionales recogidas a través de  15 entrevistas en profundidad realizadas entre julio y septiembre de 2011.

 

Principales hallazgos y recomendaciones

En el análisis se puede vislumbrar que las primeras PASO se desarrollaron con normalidad y contaron con un alto nivel de participación de la ciudadanía (78,67%). También cumplieron con el objetivo de lograr una oferta electoral menos voluminosa. Sin embargo, no habilitaron una oferta electoral más ordenada, fundamentalmente debido a las alianzas cruzadas, las listas colectoras y los acuerdos de adhesión. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones que podrían contribuir al logro de objetivos de las PASO: incentivar la competencia, fortalecer a los partidos nacionales y ordenar la oferta electoral. Entre las propuestas se destacan la flexibilización del régimen de elección de la fórmula presidencial y la determinación por ley de una fórmula proporcional para la integración de listas definitivas de diputados; el traspaso a la Justicia Electoral en función de oficialización de listas; el establecimiento de requisitos más exigentes para el reconocimiento de partidos de orden nacional; la definición de un cronograma más holgado; la prohibición de las listas colectoras, y la eliminación de la posibilidad de establecer alianzas cruzadas.

Cambios en la forma de votar

Resumen metodológico

Se utilizaron técnicas cuantitativas (encuestas de percepciones y opiniones de votantes y autoridades de mesa) y cualitativas (observación no participante y entrevistas a autoridades electorales y apoderados de partidos políticos) orientadas a dar a conocer las opiniones y percepciones por parte de los diferentes actores en el proceso electoral. Las encuestas fueron realizadas de manera presencial a 1502 votantes y a 112 presidentes de mesa en los municipios de Salta capital (30 escuelas, 15 de voto tradicional y 15 de voto electrónico), San Lorenzo (2 escuelas), San José Metán (2 escuelas), y San Ramón de la Nueva Orán (2 escuelas) respetando cuotas por sexo y edad. Asimismo, se realizó una observación no participante en escuelas de Salta capital y San Lorenzo y  13 entrevistas en profundidad a apoderados partidarios, autoridades de la Secretaría Electoral, del Ministerio de Gobierno y de la empresa proveedora del servicio (Magic Software Argentina).

Principales hallazgos y recomendaciones

Entre los hallazgos se descubrió que, en primer lugar, el voto electrónico facilitó la tarea de autoridades de mesa y aceleró el escrutinio. En segundo lugar, que el nuevo sistema es fácil de usar y tuvo amplia aceptación por parte del electorado salteño. Y, en tercer lugar, el cambio reforzó la confianza en el registro correcto del voto y debilitó la confianza en la protección del secreto; si bien ambos son efectos leves -en cuarto lugar- la reforma volvió obsoletas las capacidades de fiscalización que los partidos desarrollaron con el sistema anterior. Esto genera incertidumbre y preocupación sobre su capacidad de controlar la operatoria del nuevo sistema.