Resumen metodológico

Es un análisis de tipo ecológico que busca conocer el impacto en la proporción de votos positivos y la probabilidad de votar por candidatos del mismo partido para distintas categorías se estimó comparando los resultados de los escrutinios definitivos de las elecciones provinciales de 2007 con las de 2011.

Principales hallazgos y recomendaciones

Al analizar cuál es el impacto que tienen los nuevos sistemas de votación, se puede argumentar que el reemplazo del viejo sistemas de boletas puede disminuir la proporción de votos positivos en las categorías legislativas, ya que los votantes tienden a emitir votos en blanco en las mismas, por falta de información y, asimismo, también pueden llegar a cometer errores por falta de familiaridad con el nuevo sistema. Con el paso del tiempo y a medida que de que los votantes adquieran experiencias los votos positivos deberían volver a sus niveles habituales. En segundo lugar, los nuevos sistemas no implican que aumente la probabilidad de que los partidos obtengan diferentes porcentajes de apoyo en las distintas categorías.

En septiembre de 2016 entró en vigencia la Ley 27.275, que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública. Dentro del universo obligado se encuentra la totalidad de los organismos públicos, entre ellos, las empresas de propiedad estatal (EPE) o empresas públicas.

El universo de empresas públicas en el Sector Público Nacional conforma en la actualidad un mosaico muy heterogéneo en cuanto al tipo de actividad económica que llevan adelante, sus distintas formas jurídicas y su envergadura en términos del presupuesto y la dotación de recursos humanos que administran. En la Argentina, así como en la mayoría de los países, las empresas públicas poseen un alto nivel de participación en sectores clave para el desarrollo socioeconómico tales como la energía, el agua y el transporte. Aquello que diferencia fundamentalmente a las empresas públicas de las empresas del sector privado es su objetivo y los tipos de controles aplicables a ellas. Mientras que las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades, la mayor parte de las empresas públicas se orientan al interés general y la responsabilidad por la gestión y administración de bienes y servicios públicos.

Debido a estas características específicas, las empresas públicas deben desarrollar mecanismos de información, divulgación y transparencia orientados a satisfacer tanto las necesidades del accionista (el Estado), de los reguladores y auditores, de los grupos de interés vinculados a la empresa y de los ciudadanos. El derecho consagrado en la ley 27.275 comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados e incorpora la dimensión de la transparencia activa (publicación de información en forma proactiva), ausente en la normativa vigente hasta entonces.

No obstante los avances que esta ley significa, su aplicación efectiva supone grandes y múltiples desafíos en materia de regulación, implementación, control y sanciones para las empresas públicas.

Este documento analiza los niveles de transparencia existentes en las empresas públicas del Sector Público Nacional previo a la entrada en vigencia de la Ley 27.275.

Para esto, realizamos un estudio descriptivo exploratorio de transparencia a partir de la observación de los sitios web oficiales de las empresas públicas, tomando como base los requerimientos de transparencia activa establecidos por la ley 27.27520. Si bien la Ley detalla 20 ítems de la información a publicar por parte de los sujetos obligados, la investigación se concentró en aquellos elementos que revisten relevancia para el universo de las empresas públicas, dada su actividad específica y su naturaleza funcional, jurídica y organizacional. A partir de este criterio, los ítems observados en el presente estudio son: a) estatuto; b) directorio; c) normativa interna; d) estructura orgánica y funciones; e) informes de gestión y estados financieros; f) compras y contrataciones; e g) informes de auditoría.

La investigación se encuentra orientada a observar primariamente si se publica o no la información mencionada, sin analizar en esta instancia si se cumplen además con los principios de accesibilidad, reusabilidad, sostenibilidad y no discriminación establecidos por la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) o con los principios establecidos por la propia Ley, a saber: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

El programa de Ciudades de CIPPEC propone el desarrollo integral de ciudades (DeIC) como un enfoque innovador que promueve la articulación intersectorial, interjurisdiccional e interdisciplinar en el territorio. El objetivo del DeIC es incidir en la mejora de las condiciones de equidad, promover procesos que incrementen la resiliencia urbana, propiciar el empleo de las nuevas tecnologías en la gestión urbana, y fortalecer la gobernanza metropolitana en las principales urbes de nuestro país y del continente.

El DeIC otorga un lugar primordial a la planificación para la acción, a través de una metodología que favorece la articulación del diagnóstico basado en información cuali-cuantitativa -apoyado en los diagnósticos preexistentes- y que incorpora además el análisis de la dimensión territorial. Asimismo, prioriza el empoderamiento de líderes locales a partir de la cocreación de propuestas concretas de política pública fundamentadas en evidencia.

De esta manera, el programa de Ciudades busca definir y ofrecer a los principales tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano para el diseño de políticas públicas actualizado con los principales desafíos contemporáneos, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los ecosistemas de actores sociales capaces de incidir en la producción del espacio urbano.

El Proyecto de Presupuesto Nacional 2018 (PPN 2018) contiene una pauta de crecimiento de la actividad económica estimada en 3,5%, la inflación promedio se ubicaría en 15% anual y el déficit fiscal primario sería de 3,2% del PBI, en línea con la meta fiscal oportunamente explicitada por el gobierno.

Si se adicionan los intereses de la deuda, el resultado financiero alcanza 5,5% del PBI. Este resultado
presupuestario es consecuencia del aumento proyectado de los ingresos de 19% para el año
siguiente y una suba del gasto primario y total de 14,5% y 16,2%, respectivamente. Este
comportamiento esperado de recursos y erogaciones se encuentra muy por debajo de lo observado
en lo que va del año, donde recursos totales, gasto primario y gasto total presentan variaciones
interanuales de 31%, 28% y 31%, respectivamente.

Principales supuestos macroeconómicos – Presupuesto 2018

Fuente: CIPPEC

En línea con lo observado en los dos últimos años, la clave de la política presupuestaria pasa por la
estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en
los mercados voluntarios, limitando la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. Las
condiciones de elevada liquidez, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país,
parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal con endeudamiento. Sin embargo, esta
modalidad solo debería valorarse como alternativa de transición para alcanzar en un tiempo
perentorio la solvencia fiscal.

El proyecto de presupuesto nacional para 2018 estima que la actividad económica continuará creciendo por segundo año consecutivo, acompañada de una nueva baja de la inflación, y una evolución del tipo de cambio en línea con la variación de precios.

Sin embargo, alcanzar reducciones adicionales del déficit fiscal no resultará una tarea fácil. Sin los ingresos provenientes del sinceramiento fiscal y con una estructura de erogaciones sumamente rígida, con más de la mitad del gasto que ajusta automáticamente, el gobierno concentrará todos sus esfuerzos en la reducción de los subsidios económicos.

De la reducción del déficit primario de 0,8 puntos del PBI (pasaría de 4% a 3,2% del PBI) 0,6pp provendrán del recorte de subsidios económicos. El cambio en la modalidad de financiamiento del déficit ha generado un incremento significativo en el stock de deuda pública (de mercado), situación que se trasladará al ejercicio siguiente.

De acuerdo con la información oficial, la deuda pública se incrementaría de U$S 275.000 millones a U$S 317.000 millones de dólares entre 2016 y 2017, pasando de representar 54,2% a 58,7% del producto, y se espera para 2018 un incremento similar. Por su parte, se estima que las provincias registrarán en 2017 un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones equivalente a 0,9% del PBI, estimándose para el año próximo una reducción que lo ubicaría en $44.775 millones, 0,4% del PBI. Tanto en el caso de la nación como en el consolidado provincial, la pauta de crecimiento del gasto primario corriente ronda 15% para 2018, en línea con la inflación esperada en las proyecciones del gobierno.

De este modo, se pretende que la evolución del gasto público se encuadre en las restricciones que contiene el nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, recientemente ingresado al Senado. Dicho proyecto, que se espera entre en vigencia a partir del 1 de enero próximo, establece como una de las reglas cuantitativas que el incremento del gasto (primario, corriente y con algunas deducciones) no podrá superar a la inflación.