Resumen metodológico

Se utilizaron técnicas cuantitativas (encuestas de percepciones y opiniones de votantes y autoridades de mesa) y cualitativas (observación no participante y entrevistas a autoridades electorales y apoderados de partidos políticos) orientadas a dar a conocer las opiniones y percepciones por parte de los diferentes actores en el proceso electoral. Las encuestas fueron realizadas de manera presencial a 1502 votantes y a 112 presidentes de mesa en los municipios de Salta capital (30 escuelas, 15 de voto tradicional y 15 de voto electrónico), San Lorenzo (2 escuelas), San José Metán (2 escuelas), y San Ramón de la Nueva Orán (2 escuelas) respetando cuotas por sexo y edad. Asimismo, se realizó una observación no participante en escuelas de Salta capital y San Lorenzo y  13 entrevistas en profundidad a apoderados partidarios, autoridades de la Secretaría Electoral, del Ministerio de Gobierno y de la empresa proveedora del servicio (Magic Software Argentina).

Principales hallazgos y recomendaciones

Entre los hallazgos se descubrió que, en primer lugar, el voto electrónico facilitó la tarea de autoridades de mesa y aceleró el escrutinio. En segundo lugar, que el nuevo sistema es fácil de usar y tuvo amplia aceptación por parte del electorado salteño. Y, en tercer lugar, el cambio reforzó la confianza en el registro correcto del voto y debilitó la confianza en la protección del secreto; si bien ambos son efectos leves -en cuarto lugar- la reforma volvió obsoletas las capacidades de fiscalización que los partidos desarrollaron con el sistema anterior. Esto genera incertidumbre y preocupación sobre su capacidad de controlar la operatoria del nuevo sistema.

Resumen metodológico

Es un análisis de tipo ecológico que busca conocer el impacto en la proporción de votos positivos y la probabilidad de votar por candidatos del mismo partido para distintas categorías se estimó comparando los resultados de los escrutinios definitivos de las elecciones provinciales de 2007 con las de 2011.

Principales hallazgos y recomendaciones

Al analizar cuál es el impacto que tienen los nuevos sistemas de votación, se puede argumentar que el reemplazo del viejo sistemas de boletas puede disminuir la proporción de votos positivos en las categorías legislativas, ya que los votantes tienden a emitir votos en blanco en las mismas, por falta de información y, asimismo, también pueden llegar a cometer errores por falta de familiaridad con el nuevo sistema. Con el paso del tiempo y a medida que de que los votantes adquieran experiencias los votos positivos deberían volver a sus niveles habituales. En segundo lugar, los nuevos sistemas no implican que aumente la probabilidad de que los partidos obtengan diferentes porcentajes de apoyo en las distintas categorías.

En septiembre de 2016 entró en vigencia la Ley 27.275, que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia de la gestión pública. Dentro del universo obligado se encuentra la totalidad de los organismos públicos, entre ellos, las empresas de propiedad estatal (EPE) o empresas públicas.

El universo de empresas públicas en el Sector Público Nacional conforma en la actualidad un mosaico muy heterogéneo en cuanto al tipo de actividad económica que llevan adelante, sus distintas formas jurídicas y su envergadura en términos del presupuesto y la dotación de recursos humanos que administran. En la Argentina, así como en la mayoría de los países, las empresas públicas poseen un alto nivel de participación en sectores clave para el desarrollo socioeconómico tales como la energía, el agua y el transporte. Aquello que diferencia fundamentalmente a las empresas públicas de las empresas del sector privado es su objetivo y los tipos de controles aplicables a ellas. Mientras que las empresas privadas buscan maximizar sus utilidades, la mayor parte de las empresas públicas se orientan al interés general y la responsabilidad por la gestión y administración de bienes y servicios públicos.

Debido a estas características específicas, las empresas públicas deben desarrollar mecanismos de información, divulgación y transparencia orientados a satisfacer tanto las necesidades del accionista (el Estado), de los reguladores y auditores, de los grupos de interés vinculados a la empresa y de los ciudadanos. El derecho consagrado en la ley 27.275 comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos y organismos mencionados e incorpora la dimensión de la transparencia activa (publicación de información en forma proactiva), ausente en la normativa vigente hasta entonces.

No obstante los avances que esta ley significa, su aplicación efectiva supone grandes y múltiples desafíos en materia de regulación, implementación, control y sanciones para las empresas públicas.

Este documento analiza los niveles de transparencia existentes en las empresas públicas del Sector Público Nacional previo a la entrada en vigencia de la Ley 27.275.

Para esto, realizamos un estudio descriptivo exploratorio de transparencia a partir de la observación de los sitios web oficiales de las empresas públicas, tomando como base los requerimientos de transparencia activa establecidos por la ley 27.27520. Si bien la Ley detalla 20 ítems de la información a publicar por parte de los sujetos obligados, la investigación se concentró en aquellos elementos que revisten relevancia para el universo de las empresas públicas, dada su actividad específica y su naturaleza funcional, jurídica y organizacional. A partir de este criterio, los ítems observados en el presente estudio son: a) estatuto; b) directorio; c) normativa interna; d) estructura orgánica y funciones; e) informes de gestión y estados financieros; f) compras y contrataciones; e g) informes de auditoría.

La investigación se encuentra orientada a observar primariamente si se publica o no la información mencionada, sin analizar en esta instancia si se cumplen además con los principios de accesibilidad, reusabilidad, sostenibilidad y no discriminación establecidos por la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto (2016) o con los principios establecidos por la propia Ley, a saber: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.

El programa de Ciudades de CIPPEC propone el desarrollo integral de ciudades (DeIC) como un enfoque innovador que promueve la articulación intersectorial, interjurisdiccional e interdisciplinar en el territorio. El objetivo del DeIC es incidir en la mejora de las condiciones de equidad, promover procesos que incrementen la resiliencia urbana, propiciar el empleo de las nuevas tecnologías en la gestión urbana, y fortalecer la gobernanza metropolitana en las principales urbes de nuestro país y del continente.

El DeIC otorga un lugar primordial a la planificación para la acción, a través de una metodología que favorece la articulación del diagnóstico basado en información cuali-cuantitativa -apoyado en los diagnósticos preexistentes- y que incorpora además el análisis de la dimensión territorial. Asimismo, prioriza el empoderamiento de líderes locales a partir de la cocreación de propuestas concretas de política pública fundamentadas en evidencia.

De esta manera, el programa de Ciudades busca definir y ofrecer a los principales tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano para el diseño de políticas públicas actualizado con los principales desafíos contemporáneos, promoviendo la conformación y el fortalecimiento de los ecosistemas de actores sociales capaces de incidir en la producción del espacio urbano.