La Argentina enfrenta desafíos importantes y urgentes para garantizar los derechos de los niños, en particular en su primera infancia. El principal problema es la desigualdad: los niños se encuentran condicionados en el ejercicio de sus derechos de acuerdo con el lugar donde nacen y la condición sociolaboral de sus familias. Sumado a ello, en la Argentina la tasa de pobreza en la niñez es superior a la del resto de la población. Es necesario revertir la situación de este grupo etario para asegurar el pleno desarrollo de sus potencialidades y de la sociedad en su conjunto.

In recent years, evaluation has gained importance within public administrations of different countries. Even still, in many cases, it is implemented in a fragmented manner, in response to specific and isolated requests. On the other hand, to speak of a “system” with regards to monitoring and evaluation (M&E) implies that the practice derives from stable institutional arrangements that distribute the functions between those involved in the process, as well as other definitions with an orientation towards quality assessment information in a regular and sustained manner.

This document analyzes different institutional arrangements of a set of countries with federal governments with respect to M&E. Those analyzed include Canada, Spain, Mexico, Brazil and Argentina. The case studies of the following sub-national governments are included as well: Catalonia, Jalisco, Pernambuco and the Autonomous City of Buenos Aires. Said studies demonstrate that if a single pattern of institutionalization of M&E functions does not exist, it is important to consider transversal aspects that affect its development.

The formation of a system does not end with the creation of an agency or body responsible for M&E. For this organism to have the necessary capacities to carry out its functions, it requires an institutional insertion that guarantees a certain degree of political independence, while also enabling it to promote evaluations as a management tool.

Likewise, it is necessary to establish rules defining responsibilities, rules that establish the obligation to evaluate and define quality standards in addition to defining a financing mechanism that guarantees the autonomy, perdurability of the system, and the commitments of evaluated programs or organisms.

With respect to the evaluative practice, it is important to consider, not only the definition of an evaluative plan, but also quality control of information produced, and the promotion of evaluation, the use of which improves accountability, transparency of government actions, and decision making. This last facet requires the instauration of mechanisms promoting the use of information in management but also the generation of M&E information that could easily translate into decisions, improving programs and policies.

The analyzed case studies demonstrate that M&E systems have started to expand to a level of sub-national states. These governments should act as an active partner in the design and implementation of the national M&E systems and promoters of their own systems. Because of this, the development of capacities and the institutionalization of areas in the government with these specific attributions from said matters are key.

Las licencias por maternidad, paternidad y familiares son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de las familias y a ser cuidado de los niños. Contribuyen a la conciliación de la vida productiva y reproductiva, y ayudan a equiparar las condiciones de vida y oportunidades que pueden tener acceso los niños desde sus primeros momentos de vida. Todas las familias deberían tener acceso a las licencias.

Sin embargo, en Argentina, solo el 47,5% de los trabajadores y el 51,1% de las trabajadoras que son padres o madres están cubiertos. Las familias cubiertas acceden a distintos tipos de licencia según el sector y la provincia en la que trabajen. El piso para el empleo privado establece, solo para trabajadores formales en relación de dependencia, 90 días de licencia para maternidad y 2 días por paternidad.

Es necesaria una reforma del régimen de licencias pero no de cualquier tipo. En primer lugar, tiene que ser una reforma universalista, incluyendo a todas las familias independientemente de su categoría laboral. Las licencias por maternidad y paternidad son un instrumento clave para garantizar el derecho a cuidar de los padres y a ser cuidado de los niños, por lo cual su acceso debería ser para todos por igual.

Segundo, debe ser una reforma co-parental, lo que implica extender mucho más que proporcionalmente la licencia por paternidad y crear las licencias familiares. Hoy, al ser la licencia por maternidad mucho más larga que la licencia por paternidad, se contribuye a la injusta sobrecarga de las mujeres en tareas de cuidado y a la discriminación por género en el mercado laboral.

En tercer lugar, la reforma debe ser equitativa y permitir su adaptación a los diversos formatos de familia. Hoy el esquema nuclear (papá, mamá e hijos) convive en Argentina con familias ensambladas, monoparentales u homoparentales, entre otras, con padres biológicos y adoptivos, y las licencias no atienden sus necesidades. La creación de las licencias familiares (con días que pueden repartirse flexiblemente entre los adultos de la familia) contribuye a esta adaptación.

Esta reforma es necesaria para avanzar en la garantía de derechos pero también es una cuestión estratégica. En 2043 la sociedad argentina estará envejecida (con más personas mayores proporcionalmente que adultos económicamente activos). Para enfrentar esa fase demográfica exitosamente es necesario brindar las mejores condiciones para la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para una mejor conciliación entre vida productiva y reproductiva, y para la formación de mayor capital humano. Una reforma de esta naturaleza del régimen de licencias contribuiría a estas tres estrategias. Modificar el régimen de licencias es una de las mejores inversiones que el país puede realizar en pos de la equidad y el crecimiento.

Este documento plantea una reforma gradual y largoplacista del régimen de licencias para alcanzar, en 2030, una cobertura universal con 98 días de licencia por maternidad, 30 días de licencia por paternidad y 60 días de licencia familiar. Propone la modificación de los instrumentos que regulan el régimen actual para el empleo formal y la creación de un esquema específico para los trabajadores en la informalidad, desocupados o inactivos.

Resumen metodológico

La investigación del proceso electoral se llevo acabo mediante un análisis forense analizando la cobertura, precisión y consistencia de los daros de cada mesa electoral. En el mismo se buscan anomalías o irregularidades en los patrones del comportamiento electoral, mediante indicios de tres tipos de eventos: votos agregados, votos omitidos y votos reemplazados. Dichas anomalías no necesariamente implican que haya habido una manipulación intencional para cambiar los resultados de de la mesa. En este sentido, el análisis forense no permite determinar si las anomalías detectadas fueron causadas por un error o intencionalmente. Pero si permite estimar en qué proporción ocurrieron, dónde y si beneficiaron sistemáticamente a un partido o no.

Principales hallazgos y recomendaciones

En este análisis se evidencia que en las elecciones 2015 en la provincia de Buenos Aires el conteo provisorio fue exhaustivo y preciso ya que hay pocas mesas y circuitos con valores atípicos (que salen del patrón). Asimismo, esos valores que podrían indicar error o manipulación fueron más frecuentes en las categorías a Intendentes y a Gobernador y ocurrieron en unas pocas mesas concentradas en pequeñas regiones de algunos municipios. Por otro lado, por su frecuencia y poca magnitud ninguna de las anomalías detectadas podría haber afectado el resultado de la elección para ninguno de los cargos estudiados porque hay valores atípicos para cada uno de los tres principales partidos; de modo que no hay sesgo sistemático en favor de ninguno de los principales contendientes.