Resumen metodológico

Se aplicó una metodología de triangulación cuali-cuantitativa orientada a dar cuenta de las informaciones, opiniones y percepciones brindadas por los diferentes actores.

Principales hallazgos y conclusiones

El objetivo de este estudio consistió en evaluar integralmente el Programa de Centros de Primera Infancia, indagando en aquellos aspectos que pueden condicionar o contribuir al aumento de su cobertura y/o réplica.
Este análisis pone de manifiesto el acuerdo acerca del alto grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y la valoración positiva en cuanto a los servicios brindados y los efectos generados en la población, tanto en los niños/as (mejoras en salud, nutrición y educación) como en sus padres/madres (incorporación al mercado laboral).

La gestión asociada del Programa es vista como un aspecto positivo, que contribuye (más allá de los objetivos del programa) al fortalecimiento de las acciones impulsadas desde la sociedad civil. En este marco, el nivel central cumple con las funciones requeridas para tender a una calidad homogénea del servicio prestado por los diferentes ejecutores: definición de estrategias y criterios de funcionamiento, capacitación en temas centrales, supervisión. A pesar de ello, hay diferencias entre los CPI en cuanto a sus recursos (equipamiento, estado de las instalaciones, materiales pedagógicos) lo cual se asocia en gran medida a la capacidad de gestión de cada uno de ellos. Las principales limitaciones se registran en torno a las condiciones de contratación, el monto de los sueldos, la falta de personal, la cantidad excesiva de niños/as por sala, y la alta rotación de los docentes.

Si se quiere avanzar en la propuesta de extender y/o replicar los CPI a mayor escala se requiere atender a algunas cuestiones críticas: a) la ampliación de la cobertura (particularmente más allá de la Ciudad de Buenos Aires) manteniendo el modelo de gestión asociada requeriría contar con contrapartes con características básicas en cuanto a capacidad administrativa y de gestión, presencia en los barrios donde se requiere intervenir, trabajo previo con vecinos, abordaje desde la perspectiva de derechos; b) este modelo de gestión supone al menos tres importantes funciones a cargo del Estado: la definición de los objetivos del Programa y la comunicación de los mismos a las organizaciones asociadas, la definición de claros parámetros de funcionamiento y la supervisión acerca de su aplicación; y c) dentro de los aspectos que deben ser fortalecidos en las organizaciones sociales, uno de los centrales es el referido a las condiciones de contratación y laborales de quienes forman parte de los equipos de los CPI.

En un mundo lleno de amenazas referidas a la educación, este libro aparece lleno de esperanzas practicables. Su objetivo central es abrir nuevas puertas al aprendizaje en profundidad.

La innovación educativa no es un juego; requiere un abordaje sistemático y científico que permita generar evidencias de sus usos, posibilidades y efectos. Es por eso que la recopilación tiene como propósito poner en juego una concepción pedagógica y una visión educativa renovadoras.

El Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa se propone como un catalizador de cambios posibles, con base en la investigación y la articulación de diversas voces para repensar la educación.

Este libro es, además, un material que dialoga con una página web en la que se han compartido otros materiales de interés para invitar a la exploración en profundidad de las innovaciones recopiladas.

La situación fiscal de nuestro país en los últimos años podría resumirse en tres cuestiones centrales: gasto público en niveles récords, presión tributaria alta con impuestos de baja calidad, y severo desequilibrio fiscal, lo cual ha requerido alternativamente de financiamiento inflacionario vía emisión monetaria y/o endeudamiento. Argentina tiene indicadores de gasto público y presión tributaria similares a los de los países desarrollados, pero su provisión de bienes públicos difiere notablemente en cantidad y calidad a la de esas naciones.

Entre 1998 y 2016, la presión tributaria consolidada pasó de ser 21% del PIB a representar 34% del producto, un valor equivalente al promedio de los países de la OCDE. El sistema tributario argentino se caracteriza por su complejidad, ineficiencia, falta de equidad y elevados niveles de evasión. Para sentar las bases de una reforma integral que se sostenga a largo plazo, deben contemplarse todos esos aspectos.

La Ley N° 27.260, conocida como de Reparación a jubilados y blanqueo de capitales, creó en mayo de 2016 la Comisión Especial para la Reforma Tributaria, que analiza y evalúa las propuestas del Poder Ejecutivo nacional. De acuerdo con la norma, la reforma debe observar principios de progresividad, equidad, simplificación, certidumbre y coordinación federal. La iniciativa está en la agenda de prioridades del Gobierno y se percibe un cierto grado de consenso respecto de la necesidad de reformar el sistema actual, aunque no parece ocurrir lo mismo con relación a cómo hacerlo.

Recientemente, el Poder Ejecutivo ha hecho saber su intención de encarar un proceso de reforma que, en caso de prosperar, dará lugar a la primera propuesta integral que llegue a consideración del Congreso en décadas. En este contexto, se inicia un debate con relación al diagnóstico y las alternativas de rediseño de la estructura tributaria.

Desde CIPPEC, consideramos oportuno en esta instancia avanzar en una detallada caracterización del sistema tributario vigente. Este documento indaga acerca de: la composición del sistema tributario; el nivel y la evolución de la carga tributaria; y las principales diferencias y semejanzas de la estructura tributaria local con respecto a las de los países de la región y la OCDE

Entre 1998 y 2016 la presión tributaria total —nación, provincias y municipios— pasó de 21,4% a 34% del PIB, involucrando un incremento de 12,6 puntos porcentuales. El piso mínimo de presión se registró en 2002 (20% del PIB) y el pico máximo, en 2015 (34,8%).

Así lo revela el documento de CIPPEC “El ABC del sistema tributario argentino”, elaborado por Walter Agosto, investigador principal del programa de Desarrollo Económico, que además determina que “en 2016 la presión tributaria registró una caída de 0,8 p.p., aunque esa reducción se acrecienta si se excluye del análisis el efecto del sinceramiento fiscal, en cuyo caso la presión tributaria del año pasado fue del 33% del PIB”.

Entre los factores que explican el aumento sostenido de la presión tributaria en ese período de análisis se encuentran “la creación y suba de impuestos en la crisis de la Convertibilidad —Débitos y Créditos Bancarios, y Derechos de Exportación—; la recuperación de la actividad económica y el empleo; la suba de los precios internacionales de las materias primas; la nacionalización de los fondos de pensión; y la falta de actualización de los parámetros del Impuesto a las Ganancias”, sostiene Agosto.

Por su parte, las contribuciones a la seguridad social constituyen el rubro de mayor aporte al aumento global de la presión tributaria a lo largo del periodo, con un incremento de 3,5% del producto. El Impuesto a las Ganancias está en segundo lugar, con un aumento de 2,4%, seguido por el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el incremento de los Derechos de Exportación, y el aumento en la tributación de Ingresos Brutos e IVA.

“La situación fiscal de nuestro país en los últimos años podría resumirse en tres cuestiones centrales: gasto público en niveles récords; presión tributaria alta con impuestos de baja calidad; y severo desequilibrio fiscal, lo cual ha requerido alternativamente de financiamiento inflacionario vía emisión monetaria y/o endeudamiento”, describe Agosto.

Además, el investigador principal de Desarrollo Económico de CIPPEC, enfatiza que, “si bien la Argentina tiene indicadores de gasto público y presión tributaria similares a los de los países desarrollados, su provisión de bienes públicos difiere notablemente en cantidad y calidad de la de esas naciones”. “El sistema tributario argentino se caracteriza por su complejidad, ineficiencia, falta de equidad y elevados niveles de evasión. Para sentar las bases de una reforma integral que se sostenga a largo plazo, deben contemplarse todos esos aspectos”, concluye Agosto.