Qué aprendimos de la evaluación de políticas en la Argentina

Desde 2011 CIPPEC elabora evaluaciones independientes y externas de impacto, resultados, procesos y diseño de políticas, planes y programas de gobierno y de instituciones de la sociedad civil. A través de enfoques metodológicos inteligentes, que buscan el mejor camino analítico con base en los datos existentes, intentamos dar respuesta a preguntas relevantes para las políticas públicas: ¿se logran los objetivos de planes y programas?, ¿son los efectos los esperados?, ¿se pueden mejorar los resultados que se obtienen?, ¿hay chance de perfeccionar la gestión?

Además, sistematizamos evidencia para entender los sectores en los que evaluamos y conocer los efectos comprobados de políticas con enfoques de intervención similares. Así, los hallazgos y las recomendaciones se utilizan para informar a los tomadores de decisión; mejorar el diseño, análisis e implementación y rendir cuentas.

Estos análisis se pueden ver en imPPacto, el banco de evaluaciones de impacto de CIPPEC.

De esta manera, contribuimos con el fortalecimiento de las instituciones y los sistemas de evaluación para avanzar hacia una política nacional de evaluación en la Argentina. Pero, ¿qué aprendimos después de 20 evaluaciones independientes en los sectores económico, social, educativo, justicia, salud e institucional?

  • La evaluación de impacto y resultados que tienen las políticas públicas depende de la voluntad de los funcionarios o de los compromisos internacionales asumidos en el marco de proyectos con financiamiento externo. Por ejemplo, el ministerio de educación, el de trabajo y empleo, y el de producción de la Nación tienen áreas específicas dedicadas a la evaluación de las políticas. Sin embargo, no es una regla para todas las carteras sectoriales.
  • Los datos disponibles para la realización de estudios cuantitativos es insuficiente pero se puede mejorar. La escasez de líneas de base para el diseño de los programas, la debilidad estadística de agencias gubernamentales, el foco en los procesos y no en los efectos de las intervenciones dificultan la capacidad metodológica de las evaluaciones.
  • No hay plata para evaluar. Por ejemplo, sólo el 33% de las políticas sociales nacionales en 2015 tenía presupuesto para desplegar un sistema de monitoreo y una estrategia de evaluación. Sin recursos no hay implementación.
  • La Argentina carece de una política nacional de evaluación ordenadora de la función de monitoreo y evaluación de las acciones del Estado. Sin una política nacional de evaluación ordenadora las capacidades institucionales para diseñar, planificar, implementar, monitorear y evaluar políticas difieren entre ministerios, agencias de gobierno, provincias y municipios.
  • Las provincias tienen capacidades diversas y en muchos casos se prioriza la mirada sobre los procesos antes que el impacto o los resultados. En algunas provincias como Santa Fe, se observa el esfuerzo por evaluar políticas como el Plan Abre o el Plan del Norte y el de la ciudad de Rafaela por crear una Agencia de Evaluación. En la provincia de Buenos Aires existe un esfuerzo por la evaluación de la gestión y en San Miguel se está evaluando el programa “1000 días”. En Córdoba se dieron evaluaciones de programas y de diseño de políticas. Sin embargo, los esfuerzos están desarticulados y muchos se discontinuaron.

Sin política, con un sistema débil y sin organismo rector, la Argentina queda relegada en un debate necesario sobre el impacto y la efectividad de las políticas públicas nacionales o provinciales. También se reduce la capacidad de aprender sobre los resultados de las intervenciones estatales ya que no existen marcos y prácticas que faciliten y exijan la medición y el análisis sistemático de planes y programas.

Desde CIPPEC proponemos la consolidación de una política nacional de evaluación que fortalezca el sistema nacional de monitoreo y evaluación, cree una Agencia Nacional de Evaluación, desarrolle capacidades a nivel nacional y provincial y, por supuesto, impulse la realización de más y mejores evaluaciones para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos de calidad.

El lugar del currículum en el mapa de la educación de la primera infancia

La educación de la primera infancia se ha convertido progresivamente en una prioridad para las políticas educativas en distintos países de la región y del mundo. La importancia creciente de la primera infancia en la agenda política estuvo acompañada por el desarrollo de regulación específica para distintas modalidades de educación de esta franja etaria.

Sin embargo, el desafío fundamental que enfrentan la mayoría de los instrumentos curriculares para la educación de la primera infancia es el de regular un panorama de educación sumamente heterogéneo. Así, en la mayor parte de los países que desarrollaron este tipo de regulación, el escenario de educación de la primera infancia excede a las instituciones que dependen del sistema educativo formal. Predomina, en cambio, un mapa fragmentado, compuesto por un mosaico de establecimientos heterogéneos con distintas rectorías. La fragmentación mencionada atraviesa tanto a las instituciones como a los intentos por regular su provisión a través de normativa de tipo curricular.

Este documento presenta las distintas configuraciones que se desprenden de analizar los instrumentos curriculares de seis países y una jurisdicción en sus respectivos contextos de regulación. El análisis se concentra en en el documento curricular que reviste mayor preponderancia en cada uno de los países y jurisdicciones seleccionados. En concreto, el trabajo se ocupa de las bases de Argentina, Canadá (Ontario), Chile, Escocia, Nueva Zelanda, Singapur y Suecia.

Los siete casos fueron seleccionados a partir de los siguientes criterios: (1) disponibilidad y factibilidad del análisis de la base curricular para el análisis, es decir, que los casos contaran con una base curricular común para la educación de la primera infancia disponible en línea y publicada en portugués, español, inglés o francés (2) coherencia, claridad y rigurosidad de la base curricular. Se buscó que las bases representen, en relación a las dimensiones de análisis, aportes para el proceso de construcción de nuevos instrumentos curriculares en países de la región (3) calidad de la política de educación de la primera infancia—que los casos ofrecieran una propuesta de calidad y, por último, (4) representatividad de distintas tradiciones curriculares y presencia latinoamericana —que los casos dieran cuenta de distintas tradiciones curriculares y distintos modos de resolver la política curricular para el nivel en el mundo, en general, y en América Latina, en particular.

Análisis de los Centros de Primera Infancia

Resumen metodológico

Se aplicó una metodología de triangulación cuali-cuantitativa orientada a dar cuenta de las informaciones, opiniones y percepciones brindadas por los diferentes actores.

Principales hallazgos y conclusiones

El objetivo de este estudio consistió en evaluar integralmente el Programa de Centros de Primera Infancia, indagando en aquellos aspectos que pueden condicionar o contribuir al aumento de su cobertura y/o réplica.
Este análisis pone de manifiesto el acuerdo acerca del alto grado de cumplimiento de los objetivos del Programa y la valoración positiva en cuanto a los servicios brindados y los efectos generados en la población, tanto en los niños/as (mejoras en salud, nutrición y educación) como en sus padres/madres (incorporación al mercado laboral).

La gestión asociada del Programa es vista como un aspecto positivo, que contribuye (más allá de los objetivos del programa) al fortalecimiento de las acciones impulsadas desde la sociedad civil. En este marco, el nivel central cumple con las funciones requeridas para tender a una calidad homogénea del servicio prestado por los diferentes ejecutores: definición de estrategias y criterios de funcionamiento, capacitación en temas centrales, supervisión. A pesar de ello, hay diferencias entre los CPI en cuanto a sus recursos (equipamiento, estado de las instalaciones, materiales pedagógicos) lo cual se asocia en gran medida a la capacidad de gestión de cada uno de ellos. Las principales limitaciones se registran en torno a las condiciones de contratación, el monto de los sueldos, la falta de personal, la cantidad excesiva de niños/as por sala, y la alta rotación de los docentes.

Si se quiere avanzar en la propuesta de extender y/o replicar los CPI a mayor escala se requiere atender a algunas cuestiones críticas: a) la ampliación de la cobertura (particularmente más allá de la Ciudad de Buenos Aires) manteniendo el modelo de gestión asociada requeriría contar con contrapartes con características básicas en cuanto a capacidad administrativa y de gestión, presencia en los barrios donde se requiere intervenir, trabajo previo con vecinos, abordaje desde la perspectiva de derechos; b) este modelo de gestión supone al menos tres importantes funciones a cargo del Estado: la definición de los objetivos del Programa y la comunicación de los mismos a las organizaciones asociadas, la definición de claros parámetros de funcionamiento y la supervisión acerca de su aplicación; y c) dentro de los aspectos que deben ser fortalecidos en las organizaciones sociales, uno de los centrales es el referido a las condiciones de contratación y laborales de quienes forman parte de los equipos de los CPI.

50 innovaciones educativas para escuelas

En un mundo lleno de amenazas referidas a la educación, este libro aparece lleno de esperanzas practicables. Su objetivo central es abrir nuevas puertas al aprendizaje en profundidad.

La innovación educativa no es un juego; requiere un abordaje sistemático y científico que permita generar evidencias de sus usos, posibilidades y efectos. Es por eso que la recopilación tiene como propósito poner en juego una concepción pedagógica y una visión educativa renovadoras.

El Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa se propone como un catalizador de cambios posibles, con base en la investigación y la articulación de diversas voces para repensar la educación.

Este libro es, además, un material que dialoga con una página web en la que se han compartido otros materiales de interés para invitar a la exploración en profundidad de las innovaciones recopiladas.

El ABC del sistema tributario argentino

La situación fiscal de nuestro país en los últimos años podría resumirse en tres cuestiones centrales: gasto público en niveles récords, presión tributaria alta con impuestos de baja calidad, y severo desequilibrio fiscal, lo cual ha requerido alternativamente de financiamiento inflacionario vía emisión monetaria y/o endeudamiento. Argentina tiene indicadores de gasto público y presión tributaria similares a los de los países desarrollados, pero su provisión de bienes públicos difiere notablemente en cantidad y calidad a la de esas naciones.

Entre 1998 y 2016, la presión tributaria consolidada pasó de ser 21% del PIB a representar 34% del producto, un valor equivalente al promedio de los países de la OCDE. El sistema tributario argentino se caracteriza por su complejidad, ineficiencia, falta de equidad y elevados niveles de evasión. Para sentar las bases de una reforma integral que se sostenga a largo plazo, deben contemplarse todos esos aspectos.

La Ley N° 27.260, conocida como de Reparación a jubilados y blanqueo de capitales, creó en mayo de 2016 la Comisión Especial para la Reforma Tributaria, que analiza y evalúa las propuestas del Poder Ejecutivo nacional. De acuerdo con la norma, la reforma debe observar principios de progresividad, equidad, simplificación, certidumbre y coordinación federal. La iniciativa está en la agenda de prioridades del Gobierno y se percibe un cierto grado de consenso respecto de la necesidad de reformar el sistema actual, aunque no parece ocurrir lo mismo con relación a cómo hacerlo.

Recientemente, el Poder Ejecutivo ha hecho saber su intención de encarar un proceso de reforma que, en caso de prosperar, dará lugar a la primera propuesta integral que llegue a consideración del Congreso en décadas. En este contexto, se inicia un debate con relación al diagnóstico y las alternativas de rediseño de la estructura tributaria.

Desde CIPPEC, consideramos oportuno en esta instancia avanzar en una detallada caracterización del sistema tributario vigente. Este documento indaga acerca de: la composición del sistema tributario; el nivel y la evolución de la carga tributaria; y las principales diferencias y semejanzas de la estructura tributaria local con respecto a las de los países de la región y la OCDE