El Proyecto de Presupuesto Nacional 2018 (PPN 2018) contiene una pauta de crecimiento de la actividad económica estimada en 3,5%, la inflación promedio se ubicaría en 15% anual y el déficit fiscal primario sería de 3,2% del PBI, en línea con la meta fiscal oportunamente explicitada por el gobierno.

Si se adicionan los intereses de la deuda, el resultado financiero alcanza 5,5% del PBI. Este resultado
presupuestario es consecuencia del aumento proyectado de los ingresos de 19% para el año
siguiente y una suba del gasto primario y total de 14,5% y 16,2%, respectivamente. Este
comportamiento esperado de recursos y erogaciones se encuentra muy por debajo de lo observado
en lo que va del año, donde recursos totales, gasto primario y gasto total presentan variaciones
interanuales de 31%, 28% y 31%, respectivamente.

Principales supuestos macroeconómicos – Presupuesto 2018

Fuente: CIPPEC

En línea con lo observado en los dos últimos años, la clave de la política presupuestaria pasa por la
estrategia de financiamiento del déficit, fundamentalmente a través de la colocación de deuda en
los mercados voluntarios, limitando la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro. Las
condiciones de elevada liquidez, bajas tasas de interés y disminución de la prima de riesgo país,
parecen fortalecer la estrategia oficial de gradualismo fiscal con endeudamiento. Sin embargo, esta
modalidad solo debería valorarse como alternativa de transición para alcanzar en un tiempo
perentorio la solvencia fiscal.

El proyecto de presupuesto nacional para 2018 estima que la actividad económica continuará creciendo por segundo año consecutivo, acompañada de una nueva baja de la inflación, y una evolución del tipo de cambio en línea con la variación de precios.

Sin embargo, alcanzar reducciones adicionales del déficit fiscal no resultará una tarea fácil. Sin los ingresos provenientes del sinceramiento fiscal y con una estructura de erogaciones sumamente rígida, con más de la mitad del gasto que ajusta automáticamente, el gobierno concentrará todos sus esfuerzos en la reducción de los subsidios económicos.

De la reducción del déficit primario de 0,8 puntos del PBI (pasaría de 4% a 3,2% del PBI) 0,6pp provendrán del recorte de subsidios económicos. El cambio en la modalidad de financiamiento del déficit ha generado un incremento significativo en el stock de deuda pública (de mercado), situación que se trasladará al ejercicio siguiente.

De acuerdo con la información oficial, la deuda pública se incrementaría de U$S 275.000 millones a U$S 317.000 millones de dólares entre 2016 y 2017, pasando de representar 54,2% a 58,7% del producto, y se espera para 2018 un incremento similar. Por su parte, se estima que las provincias registrarán en 2017 un resultado financiero deficitario de $ 87.404 millones equivalente a 0,9% del PBI, estimándose para el año próximo una reducción que lo ubicaría en $44.775 millones, 0,4% del PBI. Tanto en el caso de la nación como en el consolidado provincial, la pauta de crecimiento del gasto primario corriente ronda 15% para 2018, en línea con la inflación esperada en las proyecciones del gobierno.

De este modo, se pretende que la evolución del gasto público se encuadre en las restricciones que contiene el nuevo proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, recientemente ingresado al Senado. Dicho proyecto, que se espera entre en vigencia a partir del 1 de enero próximo, establece como una de las reglas cuantitativas que el incremento del gasto (primario, corriente y con algunas deducciones) no podrá superar a la inflación.

Es en las ciudades donde se presentan los principales conflictos y oportunidades para la sociedad y el medio ambiente en este siglo metropolitano. Entendemos que es necesario ofrecer a los principales tomadores de decisión una agenda de desarrollo urbano capaz de generar evidencia para el diseño de política pública, así como promover el desarrollo de ecosistemas de líderes locales.

El programa de Ciudades de CIPPEC presenta un enfoque orientado al desarrollo integral de las ciudades, entendido como un esfuerzo de articulación intersectorial, inter-jurisdiccional e interdisciplinaria, con el objeto de mejorar la calidad de vida, la resiliencia urbana, la prosperidad y la gobernanza en las principales urbes de nuestro continente.

Nos enfocamos en cuatro lineamientos estratégicos:

• Ciudades más equitativas Agenda Hábitat es una iniciativa que promueve el desarrollo urbano integral y sostenible de las ciudades argentinas, a partir de la generación de evidencia sobre el estado de los aglomerados y del impulso a una política y una legislación nacional que establezcan lineamientos generales para la gestión del hábitat.

• Ciudades más resilientes La iniciativa Resiliencia Urbana busca mejorar las condiciones de respuesta al riesgo climático en las ciudades argentinas. A través de la generación de evidencia, la concientización sobre el estado actual en términos de vulnerabilidad frente al Cambio Climático y la implementación de políticas públicas, se busca un manejo coordinado e interdisciplinario del riesgo.

• Ciudades más inteligentes y colaborativas El objetivo es promover modelos de desarrollo urbano que incorporen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) así como los desarrollos de la economía colaborativa a la gestión integral de las ciudades de Argentina.

• Ciudades más integradas en la escala metropolitana La iniciativa Gob Metro se enfoca en mejorar la coordinación interjurisdiccional, a través del desarrollo de modelos de gobernanza metropolitana que fortalezcan la articulación de la gestión, las políticas y la normativa de los aglomerados urbanos de Argentina.

En esta publicación sobre el desarrollo integral de Bahía Blanca, la propuesta es reflexionar sobre la experiencia de planificación participativa llevada adelante en 2016 y 2017 junto a líderes locales del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

Para potenciar el desarrollo territorial, es necesario pasar de la planificación tradicional, tal como la conocemos, a la planificacción: planes + acción. Esto implica formular planes que rápidamente den pequeñas victorias y resultados tanto para la sociedad, como para quienes se ocupan de la gestión pública. Es cuestión de demostrar que se están haciendo proyectos concretos y no solo escribiendo documentos que luego quedarán guardados en una biblioteca, mientras las ciudades no consiguen resolver sus problemas.

El método de planificacción desarrollado en Bahía Blanca promovió la co-creación de propuestas de política pública enfocadas en dos temáticas críticas para el futuro de la ciudad: la resiliencia y el hábitat. En este documento presentamos el proceso llevado a cabo y el resultado alcanzado por quienes participaron por el desarrollo de su ciudad. Con este grupo de personas nos enfocamos, por un lado, en el desarrollo de un sistema de gestión multi-riesgo para Bahía Blanca, y por el otro, en una estrategia para la creación y gestión de un corredor verde que ponga en relación al campo, la ciudad y la ría, reconvirtiendo espacios degradados y promoviendo el desarrollo de la ciudad compacta.

Agradezco a las instituciones que nos acompañaron y a quienes participaron de las reuniones, en particular a Dow Argentina y al Municipio de Bahía Blanca. Con su apoyo permitieron que la apuesta por la construcción colaborativa de propuestas de política pública encuentre los espacios de debate y desarrollo necesarios para incidir en la construcción de ciudades más equitativas. Junto con los proyectos, queda también conformado un ecosistema de líderes locales que debe potenciarse para que las propuestas se conviertan en realidad y la planificacción decante en un Plan de Ciudad Inteligente para las próximas generaciones. Desde el Programa de Ciudades continuaremos impulsando este tipo de iniciativas.

El 9 de septiembre se cumplen 70 años de la sanción de la ley que habilitó a millones de mujeres a votar. Hasta ese momento la mujer no era un sujeto de derecho político. En los años subsiguientes, otras conquistas (como la sanción del cupo femenino en 1991) contribuyeron a menguar las barreras de acceso y a propiciar una mayor incursión de las mujeres en la actividad política, de modo que pudieran ejercer sus derechos políticos más plenamente. Sin embargo, a tantos años de aquel hito fundante las mujeres aún se enfrentan a barreras informales y culturales que impiden alcanzar la igualdad real de oportunidades consagrada constitucionalmente.

La historia

• En 1947 a través de la ley de voto femenino, también llamada ley Evita (Ley 13.010) se incorporó formalmente a las mujeres argentinas en el ámbito político, garantizándoles legalmente la posibilidad de elegir y ser elegidas. Sin embargo desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas nacionales fue de 6.33 % lo que pone en evidencia que, a pesar del derecho a elegir y ser elegida, operaron preferencias masculinas a la hora de seleccionar las candidaturas.
• En 1991, con la sanción de la ley de cupo femenino (Ley 24.012) Argentina fue pionera mundial en adoptar una acción afirmativa que exigiera la incorporación de, al menos, un 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos de todos los partidos políticos. Los años subsiguientes la aplicación de la norma fue problemática tanto por la resistencia de las agrupaciones políticas como por la falta de criterios unívocos en su aplicación, a lo cual se sumó una interpretación minimalista de la ley por parte de la justicia. El decreto 379/93 buscó corregir estas falencias y esclarecer los criterios de aplicación de la ley. Inicialmente, la ley solo regía para la selección de diputados y convencionales constituyentes. Más tarde, tras la reforma de 1994, se puso en práctica para las listas de candidatos al Senado Nacional y desde 2015, se ha hecho extensiva a las listas de candidatos al Parlasur.
• En 2009 la ley 26.571 modificó la ley orgánica de los partidos políticos y estableció el cumplimiento de la ley de cupo también para la elección de autoridades partidarias. No obstante, algunas agrupaciones continúan siendo reticentes al cumplimiento de esta disposición. Recientemente, la Cámara Nacional Electoral asumió una postura activa en defensa del principio de igualdad y emitió un fallo donde exhortó a todos los partidos políticos del país a respetar y promover la paridad de género en sus organizaciones.

Situación actual

• Desde 1991 está vigente la ley de cupo femenino que establece la obligatoriedad de integrar las listas legislativas nacionales con un 30% de mujeres en lugares expectables. Los efectos del cupo fueron inmediatos, la presencia femenina en el Poder Legislativo aumentó: la Cámara baja pasó de tener un 6% de diputadas a un 39% y la Cámara alta, de un 8% a un 40% de senadoras.
• Pese a la efectividad inicial de la ley de cupo, a partir de 2009 la evolución de la participación de las mujeres en el Congreso de la Nación se amesetó. Desde entonces, se mantiene en torno al 35 al 39%. A nivel latinoamericano, Argentina perdió su posición de liderazgo en la región ya que otros países sancionaron reglas de paridad lo que repercutió en un aumento de las bancas ocupadas por mujeres. En Argentina no existen leyes similares al cupo que garanticen el acceso de las mujeres a otros poderes del Estado (ejecutivo y judicial). La baja cantidad de mujeres en ambos es concluyente acerca de la necesidad de garantizar legalmente un piso de igualdad (Ver gráfico 1)Gráfico 1. Evolución de la cantidad de bancas ocupadas por mujeres (Cámara de Diputados, 1993-2017

  
  Fuente: CIPPEC

• Aunque el cupo femenino posibilitó la llegada de una mayor cantidad de mujeres al Congreso Nacional, dentro de esta institución continúa habiendo una distribución de tareas sexista. En comparación con los hombres, las mujeres ocupan pocos cargos jerárquicos dentro de las Cámaras (presidencias) y lo mismo sucede en las comisiones de trabajo. Por ejemplo, desde el retorno de la democracia, nunca una mujer ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados y actualmente, presiden 15 de 38 (39%) bloques. En las provincias se da una situación similar. Del total de comisiones presididas por mujeres, más de la mitad se concentra en temas socioculturales: asuntos sociales, salud, niñez, familia, juventud, entre otros pero hay una baja presencia femenina en las comisiones más estratégicas (hacienda, presupuesto, etc.).
• Argentina no posee una ley de paridad nacional, aunque hay dos proyectos con media sanción en el Congreso. A nivel subnacional, 7 provincias tienen leyes de paridad para cargos legislativos provinciales: Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Chubut, Salta, Bs. As. y Neuquén. El resto de las provincias tiene ley de cupo del 30% a excepción de Entre Ríos donde el cupo es inferior (25%).

Argumentos a favor de la paridad

La democracia se fundamenta en la convicción de que todas las personas son igualmente dignas de consideración y respeto y tienen el derecho a intervenir en pie de igualdad en la decisión de los asuntos comunes. Por eso debe garantizar a todos los ciudadanos iguales derechos políticos y establecer los mecanismos necesarios para mitigar distorsiones cuando como en este caso está en juego tanto el derecho a ser elegido, así como el derecho de los distintos grupos a estar representados en el gobierno.

Los derechos de participación política son constitucionales y están ratificados en tratados y pactos internacionales a los que adhiere la República Argentina. Hace 25 años, la ley de cupo se pensó como una medida de carácter transitorio, correctiva de las distorsiones existentes en la representación. Pero hoy resulta insuficiente para garantizar una composición equilibrada del Congreso dado que persisten prácticas culturales y barreras informales que dificultan el acceso de las mujeres a esta y otras instituciones de la vida pública y política. La paridad es una medida definitiva que pondría en pie de igualdad a mujeres y hombres para acceder a cargos electivos.

El amesetamiento de las bancas ocupadas por mujeres en el Congreso así como la evidencia surgida de la aplicación del cupo por más de 25 años sugieren que los partidos políticos tienden a respetar estas disposiciones solo en la medida que la Justicia no permite oficializar listas que incumplan la ley, es decir, porque existen sanciones.

Propuestas

1. De cara a la elección general de octubre próximo: si bien no hay una ley de paridad nacional no existen impedimentos para promover el armado de listas más igualitarias integradas por un porcentaje superior de mujeres que el establecido legalmente (30%). En efecto, en la PASO nacional de la Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante por su peso y su visibilidad electoral, 13 de 20 listas oficializadas superaron el cupo de 30% por 15 puntos porcentuales o más. La elección general de octubre representa una oportunidad para sostener este compromiso en el caso de las agrupaciones que concurrieron con más de una lista a la PASO (aunque en cierta medida la viabilidad de esta medida dependerá de la regla acordada por la alianza para la composición de la lista final de candidatos).

2. A mediano plazo: sancionar una ley de paridad nacional que de mínima, alcance al poder legislativo y de máxima, a los tres poderes del Estado.

3. Una discusión seria en torno del principio de paridad no debería prescindir de una reflexión más amplia en la que se incorpore al debate el peso que tienen las tareas de cuidado no remuneradas en la vida cotidiana de las mujeres, el peso que tiene la falta de acceso a financiamiento por parte de las candidatas, como así también la resistencia (y la penalización informal) que encuentran estas reglas o quienes las defienden dentro las estructuras partidarias tradicionales.

La presencia del Jefe de Gabinete en el Congreso todos los meses es fundamental para que los legisladores ejerzan su función de control sobre el Ejecutivo. Permite profundizar en temas de gobierno y de gestión de manera pública y abierta a partir de las preguntas que realizan los bloques a la Jefatura de Gabinete. También pone en evidencia la función de supervisión de las políticas públicas que realiza Jefatura al rendir cuentas sobre cada uno de los temas que se plantean.

Entre 1995 y 2015 los Jefes de Gabinete asistieron sólo el 34% de las veces previstas por la Constitución a brindar informes de gestión al Congreso (ver “20 años de rendir cuentas: los informes del Jefe de Gabinete de Ministros al Congreso (1995-2015)”). Respondieron 1562 preguntas y dejaron 883 sin responder durante la sesión informativa. Asistieron más a Senadores que a Diputados y asistieron menos en años electorales. Presentaron el 50% de los informes escritos.

Con la nueva gestión de Gobierno, se observan estos cambios en relación a la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Es importante tener en cuenta que la posición mayoritaria, sea del oficialismo o de la oposición, dentro de las Cámaras, puede afectar tanto la visita del Jefe de Gabinete (impidiendo la visita) como la cantidad y tipo de preguntas que realizan los legisladores.

Mejora la tasa de asistencia. Marcos Peña asistió al Congreso el 61,5% (excluyendo la visita del 30 de agosto de 2017, en curso mientras se escribe este análisis) de las veces que debía entre 2016 y 2017. Esto lo coloca por arriba del promedio histórico de 40,8% los Jefes de Gabinete y por debajo de la marca del 88,9% que dejó el Jefe de Gabinete que más visitas realizó (Jorge Capitanich, en su segunda gestión de 2015).

Aumenta el promedio de preguntas respondidas durante la sesión. El actual Jefe de Gabinete respondió el 85,1% de las preguntas que le realizaron, por encima del promedio del 61,2 % de todas las gestiones de sus predecesores en el cargo y superando la primera gestión de Capitanich (82,04%).

Se incrementa el tiempo de duración de las visitas, con un promedio de 393 minutos por cada sesión del actual Jefe de Gabinete.  Supera el histórico de 257,8 minutos y queda por debajo de los 425 minutos de la segunda gestión de Capitanich.

La dinámica de la sesión se hace de acuerdo a lo que indica el reglamento: el Jefe de Gabinete contesta las preguntas por bloque al final de cada ronda de preguntas. Las anteriores gestiones optaron por responder por legislador, al final y aceptando repreguntas.

Aumenta el promedio de preguntas en la visita al Congreso. Recibió un promedio de 101 preguntas por cada sesión informativa a la que asistió a presentar el informe: por arriba del promedio de 46 preguntas y superando el promedio de 70 de Capitanich en su segunda gestión en Jefatura.

La oposición domina las preguntas (en un Congreso en el que el oficialismo es minoría en ambas Cámaras). Del total de 779 preguntas que recibió el Jefe de Gabinete, el 60% fueron realizadas por el Frente para la Victoria y el 4,78% que le sigue por la Alianza Frente Progresista. Dentro de la oposición, los legisladores que más preguntaron fueron María Magdalena Odarda, Liliana Negre de Alonso, Alfredo Luenzo, Jaime Linares y Juan Manuel Abal Medina (todos con 17 preguntas o más). El oficialismo realizó el 6,8% de las preguntas y sobresale Luis Borsani con 7 preguntas.

Las preguntas en esta primera etapa (2016, 2017) se concentraron en energía, empleo, salud, justicia, obras públicas, protección social y educación. Predominan las respuestas vinculadas con las carteras de Interior, Obras Públicas y Vivienda.

Los informes escritos también cambiaron su estructura. Se articulan por bloque partidario tanto para senadores como diputados, facilitando su análisis. Están disponibles en línea en el sitio de Jefatura aunque son difíciles de trabajar por su formato PDF y el acceso no es tan sencillo de realizar.

Cómo mejorar la rendición de cuentas. Sesiones e informes comparten una dificultad: están pensados sobre las preguntas puntuales de los legisladores y no se vinculan con el plan de gobierno. Desde CIPPEC pensamos que una rendición de cuentas es más efectiva si se ancla en un marco común, conocido por todos. Los 8 objetivos y las 100 prioridades de gobierno constituyen una herramienta valiosa tanto para realizar las preguntas como para articular las respuestas. Son una lente para valorar los resultados de la gestión.

Además, pensar formatos que superen los PDF y provean acceso sencillo y abierto a los datos que demandan un gran esfuerzo tecnocrático es una mejora todavía posible y deseable en un contexto de mayor y mejor acceso a la información pública. Las exigencias que imponen los principios de máximo acceso y apertura vigentes en la ley están todavía por desarrollarse. También facilitaría el acceso que las respuestas se ordenaran por tema, referencia geográfica o grupo afectado y que se citen las fuentes que se utilizan para responder y se añadan vínculos a los portales de datos abiertos, que podrían alojar parte de la información solicitada.

Nota metodológica

1) Medición de la tasa de asistencia

El trabajo analiza las sesiones informativas que realiza el Jefe de Gabinete en cada Cámara del Congreso de la Nación en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. El artículo 101 instruye al Jefe de Gabinete a asistir una vez al mes alternativamente a cada una de las Cámaras del Congreso. En ese marco nuestro estudio toma como referencia los nueve meses que van desde el 1 de marzo al 30 de noviembre como el periodo donde deberían realizarse las sesiones informativas, excluyendo (si lo hubiera) el periodo de sesiones extraordinarias.

Como ni la Constitución ni el reglamento de las cámaras prevén la eximición de asistencia, el análisis no toma en cuenta las razones (acuerdo entre las partes, por ejemplo) por las que no se realiza la sesión sino que la observación comienza a partir del inicio de la sesión.

El cálculo de la tasa de asistencia del JGM, entonces, se construye a partir de la cantidad de sesiones informativas realizadas (numerador) sobre la cantidad de meses de gestión teóricos anuales (9 meses) de cada Jefe de Gabinete.

2) Medición de la tasa de respuestas a preguntas realizadas por los legisladores

Para cada sesión informativa en vivo se analiza su dinámica tomando como fuente las versiones taquigráficas. La tasa de respuesta a las preguntas realizadas en vivo por los legisladores se elabora a partir del análisis de las transcripciones que publica el Congreso. Se contabilizan las preguntas de los legisladores (denominador) y las respuestas (numerador) a esas intervenciones que el Jefe de Gabinete realiza en la sesión informativa. No se contabilizan las respuestas que se envíen a posteriori de la sesión porque son parte del informe escrito.