La tasa de pobreza en niñez y adolescencia descendió de 48% a 41,9% entre el segundo trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017. Sin embargo, la situación de los niños y adolescentes mejoró menos que la de los adultos. Así, la tasa de pobreza en niñez y adolescencia casi duplica la de mayores de 18 años.

Según cálculos realizados por CIPPEC sobre los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes al 1º trimestre de 2017, 41,9% (3.112.202) de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años viven en situación de pobreza en Argentina. Esto representa un descenso de 6 puntos respecto de la medición del segundo trimestre de 2016, cuando se publicaron por primera vez los datos de pobreza con la nueva canasta básica total.

“Es difícil atribuir la disminución a un único factor. Lo que muestran estos datos es que los ingresos de los hogares crecieron algo por encima de la inflación. Algunos de los elementos que pueden ayudar a ese crecimiento en los ingresos es la creación del ingreso universal para adultos mayores, la actualización de la AUH, y la ampliación de las asignaciones familiares a los monotributistas”, explica Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social.

A pesar de esta relativa mejora, la Argentina sigue concentrando los peores indicadores de pobreza en los niños, fenómeno conocido como infantilización de la pobreza. Si bien la situación de los niños y adolescentes mejoró durante este período, lo hizo en menor medida que la mejora en la situación de los adultos. 39.1% de los niños menores de 5 años viven en situación de pobreza, mientras que 42,28% de los niños entre 5 y 14 años y 42,45% de los adolescentes entre 15 y 17 años se encuentran en esta situación.

“Revertir la infantilización de la pobreza y su profundización implica un arduo desafío en el largo plazo, ya que supone abordar causas estructurales que están arraigadas en patrones culturales y factores socioeconómicos. Sin embargo, a pesar de esta complejidad, se trata de un desafío que debe ser abordado con urgencia”, dice Díaz Langou.

Según el estudio “¿Qué transferencias realiza el Estado a las familias con niños y adolescentes en Argentina? Una propuesta desde la equidad” realizado por CIPPEC en 2016, el actual esquema de transferencias del Estado a las familias con hijos tiene algunos aspectos en los que es fragmentado e inequitativo.

De acuerdo al estudio, el esquema de transferencias es fragmentado porque los múltiples tipos de cobertura dependen de la condición laboral de los adultos, cuando el foco debería colocarse en los derechos de los niños y adolescentes. Y es inequitativo porque:

– El valor de las prestaciones no es igual y tampoco progresivo (por ejemplo, hay casos en los que el Estado transfiere más a quienes deducen de ganancias que a quienes reciben Asignaciones Familiares o AUH).
– Los criterios para determinar la elegibilidad para percibir prestaciones son heterogéneos.
– No todas las familias con niños están cubiertas. Todavía hay exclusiones por normativa injustas, como que los hijos de autónomos fueron sistemáticamente excluidos de toda prestación a pesar de ser un grupo comparable con quienes deducen ganancias.
– También sigue habiendo muchos que no fueron alcanzados por las intervenciones a pesar de cumplir los requisitos normativos; este porcentaje es mayor en el quintil más pobre y menor en el más rico.

“Por todo esto, el actual esquema de transferencias necesita ser modificado”, señala Díaz Langou.

Publicado en julio de 2017 (actualizado en mayo de 2021)

Desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos. Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos.

El balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Estas son las 13 recomendaciones de CIPPEC para avanzar hacia un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas más transparente y efectivo. Para alentar la formalización del financiamiento de la política se recomienda:

1. Prohibir los aportes en efectivo (con la única excepción de las pequeñas donaciones), para alentar la bancarización y poder trazar y controlar el dinero que circula en política.
2. Permitir aportes de personas jurídicas (empresas y sindicatos) a los partidos y a las campañas, con montos máximos que impidan el predominio de un donante o sector y excluyendo a quienes tienen un conflicto de interés. Reconsiderar esta prohibición ayudaría a alentar la formalización de los aportes de campaña que se realizan informalmente o través de los partidos.
3. Permitir la reversibilidad de los aportes para que las agrupaciones políticas puedan rechazar contribuciones que estén prohibidas por ley o de los cuales no puedan demostrar su origen.
4. Disponer un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña. Estas herramientas permitirían la publicación inmediata de los aportes y gastos de financiamiento ordinario y de las campañas electorales, agilizando el proceso de rendición y publicación y facilitando tanto el control por parte de la autoridad de aplicación como el control social. Esto debería generar incentivos para rendiciones más precisas, porque la detección de inconsistencias o problemas podría acarrear sanciones durante la campaña o un costo político inmediato.
5. Agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la habilitación de pago mediante tarjetas de crédito y medios electrónicos. La implementación de mecanismos más ágiles de recaudación relacionados a la apertura de cuentas y subcuentas en el Banco Nación en tiempos compatibles con los períodos de campañas facilitaría a los partidos políticos la operatoria de las mismas y los incentivaría a transparentar sus finanzas. Alentar la utilización de tarjetas de crédito y nuevas tecnologías como páginas web y telefonía para recaudar podría ayudar tanto a la bancarización del dinero de los partidos y las campañas como a un financiamiento menos concentrado.
6. Ampliar el período de campaña para que comience al momento de vencer el plazo para la inscripción de listas de pre-candidatos y termine 48 horas antes de la elección general o, en su caso, de la segunda vuelta electoral. De esta forma quedaría comprendido en el plazo de campaña la actividad proselitista más intensa que se desencadena cuando se oficializan los precandidatos.
7. Hacer a los candidatos corresponsables por las violaciones a la ley de financiamiento de modo que se les generen incentivos para controlar que la recaudación y la rendición se ajusten a la ley.
8. Responsabilizar a las alianzas. Disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas, de modo que los partidos que las integran no puedan pensar en formar nuevos acuerdos si sus rendiciones no están en orden.
9. Límites al abuso de la publicidad oficial y los actos de gobierno. Prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gobierno durante todo el período de campaña. Regular los usos y la distribución de la publicidad oficial de modo que no pueda utilizarse con fines partidistas ni para promover el conocimiento público de los funcionarios de gobierno, y para que no pueda emitirse durante el período de campaña (salvo en casos de emergencia o interés público expresamente descriptos en la ley). De esta forma se eliminaría el margen que hoy deja la ley para el uso partidista de la publicidad oficial, los actos y los anuncios de gobierno.
10. Prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña, salvo cuando por cuestiones excepcionales el gobierno lo solicite y la Cámara Nacional Electoral lo autorice. Con estas medidas se busca evitar que los candidatos oficialistas puedan abusar de su posición institucional para hacer política partidaria.
11. Revisar los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al financiamiento. Se pueden evaluar opciones que no obturen el surgimiento de nuevos partidos introduciendo condiciones no demasiado exigentes para el reconocimiento legal, pero que demanden demostrar un piso de desempeño electoral para mantener la personería y acceder a los subsidios. Si los subsidios son distribuidos sólo entre los partidos que demuestren un piso mínimo de representatividad, se pondría en valor la inversión pública y, al mismo tiempo, se reducirían los incentivos a la creación y el mantenimiento de sellos, que afecta a nuestro sistema de partidos.
12. Buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias normas de forma que se complementen con el régimen nacional. Para abordar el problema de la falta de normas en el nivel provincial pueden explorarse distintos caminos que no son excluyentes: A) Establecer un mecanismo para que las provincias puedan adherir a la legislación nacional de financiamiento. B) Modificar la Ley de Simultaneidad para que en caso de realizar las elecciones de forma simultánea a las nacionales las normas de financiamiento rijan también para los cargos provinciales. C) Alentar a las provincias a establecer sus regímenes de financiamiento de manera articulada con las normas nacionales. La articulación debe centrarse en el tipo de financiamiento que se admite, los plazos de campaña, las instancias de control y las sanciones. La puesta en funcionamiento de una plataforma de rendición online podría funcionar como base para la cooperación y la armonización de las obligaciones y controles.
13. Buscar el compromiso de las autoridades partidarias y los referentes de los sectores que hoy aportan informalmente a las campañas con el fin de acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas de formalización para la implementación efectiva de cara a 2019. No basta con aumentar los controles sobre los partidos y las campañas, también tiene que haber un compromiso de transparencia de parte de las organizaciones, los candidatos, y los todos los actores que hoy participan del lado de la oferta por canales informales.

Este año el Congreso de la Nación renueva parte de su composición. Nuevos Diputados y Senadores tendrán la responsabilidad de elaborar, debatir y sancionar las leyes que la Argentina requiere para enfrentar sus problemas estructurales.

En CIPPEC creemos que nuestro país necesita resolver varios dilemas centrales, como la infantilización de la pobreza, la estructura impositiva, la calidad de la educación, el financiamiento de la política y la matriz de desarrollo sostenible. También creemos que la solución a estos problemas comienza en el debate parlamentario, en donde existen numerosas iniciativas impulsadas en los últimos años que aguardan su discusión.

Muchos de los cambios más relevantes en nuestra sociedad fueron impulsados por la sanción de una ley.

Cualquier persona puede educarse íntegramente en el sistema público gracias a que la Ley de Educación Común permitió la expansión de la educación pública (Ley 1420).

Un ciudadano puede pedirle información pública a cualquiera organismo del Estado, y el Estado está obligado a dársela (Ley 27275).

Un argentino puede casarse y luego divorciarse si lo desea (Ley 23515).

La campaña está empezando. Durante 100 días veremos actos y discursos. La política se discutirá en las calles y en las redes. En CIPPEC queremos aportar contenido a ese debate. Estas siete propuestas buscan contribuir a que el nuevo Congreso que asumirá el 10 de diciembre impulse a la Argentina hacia el futuro.

Este documento revisa la experiencia nacional e internacional para contribuir a pensar un régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales para la provincia de Buenos Aires, que articule con el régimen nacional y procure mejorar la transparencia, la equidad, y la integridad de la política y las elecciones.

Entre las principales recomendaciones se destacan la bancarización de las transacciones, la posibilidad de permitir los aportes de empresas, sindicatos y organizaciones intermedias con topes y reglas para evitar el conflicto de interés y, el desarrollo de capacidades para la transparencia y el control público y social.

También, se propone articular con las autoridades del nivel nacional y agencias de control; definir e implementar de forma equitativa y transparente el financiamiento público de los partidos y las campañas; dimensionar el esfuerzo presupuestario y fijar condiciones para el acceso a los subsidios a partidos y campañas. Finalmente, se recomienda introducir sanciones que afecten las posibilidades de competir de las agrupaciones y las carreras de los candidatos.