Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentan un nuevo marco para la política de desarrollo. Esta agenda representa un enfoque interdisciplinario y universalista que propone no sólo la erradicación de la pobreza extrema para el año 2030, sino también la reducción de altos niveles de desigualdad.

Los 17 objetivos plantean un gran desafío para América Latina. Los países cuentan con el apoyo del PNUD -el brazo sobre desarrollo de la ONU para volver realidad esta visión, pero éstos serán difíciles de implementar y de medir. A pesar del crecimiento económico que experimentó la región desde el comienzo del nuevo milenio (CEPAL, 2015), América Latina sigue siendo el área más desigual del mundo.

Para lograr los objetivos establecidos, los países tendrán que llevar adelante un esfuerzo colectivo para crear y compartir nuevo conocimiento, trabajar con múltiples actores de forma intersectorial y generar nuevos consensos. En este contexto, los think tanks también tendrán un papel clave para colaborar en la implementación de los ODS.

CIPPEC trabaja alrededor de 10 de los 17 ODS (los objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16 y 17), centrados principalmente en los pilares sociales y económicos. Buscamos colaborar informando el debate público, aportando evidencia, promoviendo reformas y monitoreando el progreso de los compromisos específicos que Argentina asumió con la Agenda para el Desarrollo. En algunos casos lo hacemos mediante la producción de investigación aplicada, generando evidencia para mejorar la toma de decisiones de política pública. En otros, traemos la mejor política internacional y experiencias provinciales para buscar aquellos procesos que han logrado construir las mejores políticas públicas.

Planteamos propuestas de política pública, costeadas y factibles. Producimos herramientas concretas para los diferentes niveles de gobierno e implementamos instancias de capacitación a los equipos encargados de la gestión de las políticas sectoriales. También construimos redes de expertos y promovemos diálogos públicos. Queremos ser un puente para funcionarios, medios, cooperación internacional, el sector privado y especialistas.

Las líneas que siguen detallan los ejes de nuestra agenda que conversan con los ODS.

Las políticas gubernamentales relacionadas con la deuda pública de las provincias se orientaron históricamente a la resolución de crisis fiscales. Si bien las regulaciones no alcanzan para garantizar la sostenibilidad de las deudas provinciales, para no repetir errores, hay que establecer un marco de exigencias. Un organismo fiscal federal, como el previsto en la Constitución Nacional y aún no creado, podría cumplir este rol.

El stock de deuda de las provincias fue de $ 240.000 millones a fines de 2015, lo que representa el 23,7% de los ingresos totales y el 4,2% del PBI del país. El peso del endeudamiento cayó paulatinamente en 2003-2015, pero con fuertes diferencias por provincia. Algunas presentan niveles de endeudamiento extremadamente bajos, donde la deuda no excede el 5 % del total de los recursos. En otras, estos indicadores superan el 40%. Por otra parte, los pasivos provinciales vienen dolarizándose.

La combinación de desequilibrio fiscal con la posibilidad de acceso masivo a nuevo financiamiento exige una política pública que impida un endeudamiento desmedido. Dado el federalismo fiscal argentino, las provincias gozan de una elevada probabilidad de rescates por parte del gobierno nacional, que actúa como prestamista de última instancia.

Las provincias regulan su endeudamiento a través de sus constituciones. Así, los límites cuantitativos y cualitativos difieren entre provincias y, en muchos casos, son difíciles de interpretar. Además, en casi todas las provincias también hay leyes de administración financiera que, si bien carecen de reglas numéricas sobre endeudamiento, incluyen la denominada “regla de oro” (los estados solo pueden endeudarse para financiar inversión, no para gastos corrientes), cuya aplicación en muchos casos está exceptuada por otras leyes o es incumplida. La regulación del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional opera más a modo de control procedimental que para asegurar la capacidad de repago y prevalece, en la práctica, sobre las normas provinciales.

Esta multiplicidad de normas hace que la autorización del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional sea difusa y discrecional. Además, la información fiscal se publica de forma diferente en cada provincia y, generalmente, con mucha demora, lo que impide un seguimiento de los procesos de endeudamiento por parte de la ciudadanía.

Hay que coordinar el endeudamiento provincial en un ámbito específico. La creación del Organismo Fiscal Federal previsto en la Constitución Nacional podría cumplir, entre otras funciones, este rol. Por otra parte, si bien la Ley de Responsabilidad Fiscal contenía normas comunes para controlar el endeudamiento, fueron suspendidas por leyes posteriores en la antesala de la crisis de 2001.

En una situación de lenta recuperación de la actividad económica y alto déficit fiscal como la actual, el restablecimiento de límites cuantitativos parecería no reunir el consenso político necesario. Pero, al menos, debería prohibirse usar deuda para financiar gastos corrientes, lo cual exige capacitar a los funcionarios provinciales para que gestionen su deuda pública y acordar que la publicación de la información fiscal se haga de igual forma en todo el país.

Early childhood is a crucial stage for the physical, cognitive and emotional development of people. All children have the right to achieve the full development of their capabilities and potentialities; yet in Argentina, in spite of significant progress, the rights of children are still being undermined.

The current state of affairs reveals that during the last decade Argentina has experienced an ‘infantilisation’ of poverty, as in spite of a decline, over 44% of children live in poverty. In addition, malnutrition has increasingly become a concern for public health, due to unhealthy and nutrient-deficient diets, and it is more prevalent in the most vulnerable sectors of society.

Moreover, in Argentina, the State provides universal healthcare and there is a high share of the population that resorts to alternative healthcare providers. Nonetheless, maternal and infant mortality are still pending matters of attention, access to sexual and reproductive health services is not guaranteed, and the adolescent fertility rate remains high.

It is also worth noting that female poverty is the counterpart of the infantilisation of poverty. The households with more children are also proportionately more feminine. One of the reasons for this is the unequal distribution of upbringing and care between genders. This also impacts on women having fewer possibilities of accessing and staying in the labour market, which impedes poverty alleviation.

What this reveals is that social protection floors are not guaranteed for all. One of the main obstacles for this is the lack of follow-up, monitoring and evaluation in policy implementation.

This document, prepared for CIPPEC’s participation at the United Nations ECOSOC’S High Level Political Forum in 20017, describes Argentina’s situation, the existing regulations and the public policies implemented, and provides policy recommendations that can contribute to the achievement of the SDGs.

El stock de deuda de las provincias fue de $ 240.000 millones a fines de 2015, lo que representa el 23,7% de los ingresos totales y el 4,2% del PBI del país. El peso del endeudamiento cayó paulatinamente en 2003-2015, pero con fuertes diferencias por provincia. Algunas presentan niveles de endeudamiento extremadamente bajos, donde la deuda no excede el 5 % del total de los recursos. En otras, estos indicadores superan el 40%. Por otra parte, los pasivos provinciales vienen dolarizándose.

La combinación de desequilibrio fiscal con la posibilidad de acceso masivo a nuevo financiamiento exige una política pública que impida un endeudamiento desmedido. Dado el federalismo fiscal argentino, las provincias gozan de una elevada probabilidad de rescates por parte del gobierno nacional, que actúa como prestamista de última instancia.

Las provincias regulan su endeudamiento a través de sus constituciones. Así, los límites cuantitativos y cualitativos difieren entre provincias y, en muchos casos, son difíciles de interpretar. Además, en casi todas las provincias también hay leyes de administración financiera que, si bien carecen de reglas numéricas sobre endeudamiento, incluyen la denominada “regla de oro” (los estados solo pueden endeudarse para financiar inversión, no para gastos corrientes), cuya aplicación en muchos casos está exceptuada por otras leyes o es incumplida. La regulación del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional opera más a modo de control procedimental que para asegurar la capacidad de repago y prevalece, en la práctica, sobre las normas provinciales.

Esta multiplicidad de normas hace que la autorización del endeudamiento provincial por parte del gobierno nacional sea difusa y discrecional. Además, la información fiscal se publica de forma diferente en cada provincia y, generalmente, con mucha demora, lo que impide un seguimiento de los procesos de endeudamiento por parte de la ciudadanía.

Hay que coordinar el endeudamiento provincial en un ámbito específico. La creación del Organismo Fiscal Federal previsto en la Constitución Nacional podría cumplir, entre otras funciones, este rol. Por otra parte, si bien la Ley de Responsabilidad Fiscal contenía normas comunes para controlar el endeudamiento, fueron suspendidas por leyes posteriores en la antesala de la crisis de 2001.

En una situación de lenta recuperación de la actividad económica y alto déficit fiscal como la actual, el restablecimiento de límites cuantitativos parecería no reunir el consenso político necesario. Pero, al menos, debería prohibirse usar deuda para financiar gastos corrientes, lo cual exige capacitar a los funcionarios provinciales para que gestionen su deuda pública y acordar que la publicación de la información fiscal se haga de igual forma en todo el país.