En la Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas se realiza a voluntad de los funcionarios. Por ejemplo, los ministerios de Educación, Trabajo y Empleo, y Producción de la Nación tienen áreas específicas dedicadas a la evaluación de las políticas. En algunas provincias como Santa Fe se observa el esfuerzo por evaluar políticas como el Plan Abre o el Plan del Norte, y el de la ciudad de Rafaela por crear una Agencia Municipal de Evaluación. En la provincia de Buenos Aires existe un esfuerzo por la evaluación de la gestión. Sin embargo, los esfuerzos están desarticulados.

La Constitución Nacional otorga a la Jefatura de Gabinete la misión monitorear y evaluar, articular los sistemas de evaluación sectoriales, y desarrollar un sistema de seguimiento de los programas de gobierno. Sin embargo, 23 años después de creada su figura, no es evidente una estrategia nacional de evaluación de las políticas públicas.

El camino que eligieron algunos países federales fue el de crear organismos estatales dedicados a regular o coordinar las evaluaciones de políticas. Canadá, México, España y Brasil son ejemplos de enfoques distintos que buscan garantizar la práctica de la evaluación de los resultados e impactos de planes y programas para generar aprendizajes que permitan gobernar mejor.

En los últimos años, el Congreso Nacional produjo por lo menos cinco proyectos de ley (dos en diputados y tres en senadores) para crear una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que no llegaron a ser tratados con profundidad.

En la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017), desde CIPPEC pensamos que la creación de un organismo de evaluación en Argentina podría:

1. Generar mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas que permitan a los funcionarios tomar mejores decisiones.

2. Garantizar procesos transparentes de producción y difusión de información, contribuyendo a aumentar la transparencia de la función pública.

3. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, como el Informe sobre el Estado de la Nación o el Informe mensual sobre la marcha del Gobierno que realiza el Jefe de Gabinete.

4. Articular y mejorar los esfuerzos actuales de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública.

Entre sus posibles funciones podría incluirse la regulación del diseño de planes y programas con criterios rectores y conductas en evaluación; el desarrollo de un Plan Nacional de Evaluación que oriente y coordine la gestión de la evaluación; la articulación de recursos e información con actores relevantes de todos los sectores; el desarrollo de capacidades de evaluación a nivel federal; la gestión del conocimiento que surge de evaluaciones (seguimiento de las recomendaciones, difusión de resultados, hallazgos y aprendizajes); y la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde el organismo con otros poderes del Estado y la sociedad civil.

“El rol de los think tanks en la era de la post verdad” fue el tema que sobrevoló el encuentro del T20 que se desarrolló el 29 y 30 de mayo en Berlín, del que CIPPEC tuvo el honor de participar. La necesidad de comunicar mejor las recomendaciones de política que realizamos los thinks tanks en todo el mundo, sobre todo en un momento de crisis de valores, se vuelve central.

Durante el encuentro diversas organizaciones propusieron políticas públicas destinadas a reducir los efectos del cambio climático, uno de los temas más importantes del encuentro de líderes del G20 que se desarrollará este año el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Con la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, recientemente anuncia, el trabajo de los think tanks con evidencia y propuestas concretas, se vuelve aún más relevante.

Por esto les quiero acercar aquí (click sobre la imagen) las propuestas para frenar el cambio climático que think tanks de todo el mundo le elevaron a los líderes del G20.

La competencia electoral legislativa suele crear la expectativa en la opinión pública de que podremos identificar un claro ganador de la contienda. Puede ser el presidente porque consolida su poder en el Congreso o un líder de la oposición que se anticipa como el challenger de las presidenciales. Sin embargo, es muy improbable que las elecciones 2017 consagren un único ganador nacional.

En primer lugar, porque la legislativa de mitad de mandato es una elección eminentemente provincial que tendrá ganadores y perdedores distritales. Es verdad que el oficialismo nacional puede utilizar recursos de poder de la presidencia para influenciar el armado de listas de candidatos provinciales, pero no existe el arrastre del nivel nacional al provincial que suele producir las presidenciales. Podría haber más arrastre allí donde los gobernadores deciden hacer las elecciones provinciales en simultáneo con las nacionales. Pero hay más incentivos para que los partidos ajusten su estrategia electoral en base a las oportunidades y riesgos que les dan los territorios políticos donde efectivamente compiten: el nivel local. Puede haber alianzas electorales con combinaciones similares en algunas provincias pero hay un grado importante de variación y alianzas cruzadas en distintas provincias que vuelve poco verosímil sumar votos a nivel nacional.

Segundo, porque es muy probable que la composición del Congreso de la Nación no se modifique sustancialmente: el oficialismo seguirá ostentando la primera minoría en Diputados y el Senado continuará dominado por el peronismo. De modo que, no parece estar en juego un fortalecimiento o debilitamiento legislativo del Presidente. Pero además, la configuración institucional actual del federalismo argentino podría generar mayores incentivos a la cooperación parlamentaria. Si los nuevos legisladores serán más cercanos y leales a los gobernadores que quienes terminan su mandato las delegaciones provinciales nuevas podrían ser más propensas a colaborar con la presidencia para lograr acuerdos e iniciativas conjuntas que beneficien la gestión de su gobernador.

En tercer lugar, es posible que los candidatos de la provincia de Buenos Aires y la CABA intenten nacionalizar las campañas. Sin embargo, suele ser un fenómeno porteño no aplicable al resto de los distritos cuyas campañas se limitan mayormente a temas locales. Además, la fragmentación y desnacionalización de la política argentina redujeron el poder de instalación de liderazgos nacionales de provincias como Buenos Aires, con mucho peso electoral e institucional. La división en tercios del electorado de la provincia de Buenos Aires muy difícilmente genere un ganador lo suficientemente claro como para presentarse de un modo convincente como el líder que podrá aglutinar el voto opositor en 2019.

Cuarto, las legislativas de medio término diluyen el peso del electorado de los centros urbanos (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza) que suelen decidir las presidenciales y limita su influencia a cada distrito.

En suma, hay razones para sostener que los resultados electorales brindarán oportunidades a muchos candidatos distritales para considerarse ganadores de la elección y es muy probable que esos triunfos no modifiquen sustancialmente la configuración institucional y que se repartan entre los candidatos oficialistas y opositores. En ese contexto de fragmentación y paridad de fuerzas difícilmente las elecciones 2017 contribuyan a consolidar un liderazgo nacional.

Las elecciones 2017 serán, entonces, un fascinante laboratorio para el análisis político. Se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 diputados) y un tercio del Senado (24 senadores). Las 24 provincias elegirán diputados; 8 de ellas también escogerán senadores. En 13 provincias se escoge diputados provinciales. En 6 provincias también se elige senadores. Los electores de Corrientes y Santiago del Estero, provincias que modificaron sus calendarios electorales luego de las intervenciones federales de 1999 y 2005, votan para gobernador. El panorama de elecciones provinciales es heterogéneo: se elige distintos cargos, se utilizará diversas tecnologías de emisión y recuento de votos y se votará en distintas fechas.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se aplicarán por cuarta vez y se llevarán a cabo el 13 de agosto. Podremos observar si pueden contener y reducir la fragmentación, e investigar cuando las PASO estimulan la competencia interna y frente a qué contextos obstaculizan la competencia o empeoran tensiones internas dificultando su resolución. Una hipótesis a probar con nueva evidencia de las elecciones 2017 sugiere las PASO son más frecuentemente utilizadas para la formación de coaliciones que agregan liderazgos partidarios dispersos (suma positiva). Y que son eludidas o pueden volverse muy conflictivas para la disputa del liderazgo interno de un partido (suma cero). En este segundo caso, el líder que domina el partido enfrenta con las PASO mucho más riesgo que el challenger porque pierde el control del padrón de la elección.

En las provincias argentinas hay además diferencias en las reglas electorales y las formas de votación que invitan la observación de las diferencias. Como hemos argumentado desde CIPPEC, la forma de votar importa. El instrumento de votación tiene efectos sobre el comportamiento del elector debido a que cambia la presentación de las opciones electorales. En las elecciones 2017 para la elección de cargos representativos a nivel nación se utiliza el mismo instrumento de votación (boletas partidarias) pero para los cargos provinciales hay grupos de provincias que utilizan instrumentos de distintos tipos. Los ciudadanos de Santa Fe utilizan la boleta única por categoría. Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han implementado el voto electrónico. La Rioja vota con boletas partidarias. De modo que se puede dar el caso en Salta de que el ciudadano deba votar en la misma fecha para cargos nacionales con boletas partidarias y para provinciales con voto electrónico.

A poco más de un siglo de la creación del primer jardín de infantes del país, la oferta de educación inicial sigue siendo insuficiente y dispar.

La sala de cinco es obligatoria hace más de 20 años, la sala de cuatro hace dos años y se está debatiendo en el Congreso que la de tres años también lo sea. Sin embargo, garantizar la oferta es todavía un desafío, especialmente en los primeros años del jardín.

La cobertura de la sala de cinco es casi universal pero la de niños de cuatro años es muy dispar: en provincias como Tierra del Fuego y La Rioja asiste más del 90% de los chicos; mientras que en Tucumán o Formosa asiste poco más que la mitad. Para la sala de tres las diferencias son más marcadas: mientras la Ciudad de Buenos Aires posee una cobertura de más del 65%; en provincias como San Juan, Salta o Misiones no supera el 10%.

Las tres salas que integran el jardín maternal (45 días, un año y dos años) conforman una oferta educativa marginal en la mayoría de las jurisdicciones: en muchas (como Tucumán, San Juan, Misiones, Catamarca, San Luis y Córdoba), la participación de los niños no supera el 1%.

El déficit en la oferta es claro y contundente. A su vez, si se contempla que la participación del sector privado en el nivel inicial es del 68% —la más alta en el sistema educativo argentino— la ausencia estatal es aún más notoria. Pero, como las políticas para la primera infancia están atravesadas por tradiciones y posicionamientos socioculturales, religiosos, políticos y pedagógicos, las disparidades señaladas no son solo un reflejo de las políticas públicas sino también de las decisiones de las familias.

Hay que tener en cuenta, además, que el mapa de instituciones que se ocupa de los más chicos trasciende al nivel Inicial. Existen otras ofertas menos formalizadas y sobre la que hay menos información. Las iniciativas comunitarias (movimientos barriales, eclesiásticos o gremiales), jardines de gestión privada no incorporados a la enseñanza oficial y los Espacios de Primera Infancia (dependientes del Ministerio de Desarrollo Social) son algunos ejemplos.

En este escenario, ante todo, se necesita un diagnóstico certero de la distribución y las  características de la oferta de crianza, enseñanza y cuidado, especialmente para los niños menores de tres años, donde se encuentran los mayores déficits. Solo así podrá realizarse un plan para garantizar la oferta de vacantes y superación de las diferencias de acceso.

Pero no basta con garantizar el acceso y las cuestiones materiales (infraestructura, mobiliario y recursos didácticos). Para reducir las desigualdades y que la experiencia de los niños sea significativa, hace falta además establecer acuerdos respecto de qué debe aprender un niño a esta edad y cómo deben formarse y capacitarse los profesionales que trabajan con ellos.