Durante los últimos años, la evaluación ha ganado protagonismo dentro de las administraciones públicas de diferentes países. Sin embargo, en muchos casos, se la lleva a cabo en forma fragmentada, en respuesta a pedidos puntuales y aislados. Por el contrario, hablar de un “sistema” en materia de monitoreo y evaluación (M&E) implica que su práctica deriva de arreglos institucionales estables que contemplan la distribución de funciones entre aquellos involucrados en estos procesos, así como también otras definiciones orientadas a contar con información evaluativa de calidad en forma regular y sostenida.

Este documento analiza diferentes arreglos institucionales que un conjunto de países con sistemas de gobierno federal se han dado en materia de M&E. Los casos analizados son los de Canadá, España, México, Brasil y Argentina. También se incluyen experiencias de gobiernos sub-nacionales: Cataluña, Jalisco, Pernambuco y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dichas experiencias muestran que si bien no existe un único patrón de institucionalización de las funciones de M&E, es importante considerar algunos aspectos que de manera transversal afectan su desarrollo.

En el marco de la decisión del presidente Donald Trump de que Estados Unidos abandone el Acuerdo de París, el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, es oportuno para reflexionar sobre las consecuencias de esta decisión. El Acuerdo se centra en la transparencia y el compromiso moral de los países mediante estándares públicos comunes de emisiones de gases de efecto invernadero; la responsabilidad de los países hacia un escenario de emisiones cero (de no exceder los 2ºC); y objetivos claros para lograr la resiliencia (es decir, la capacidad de absorber eventos climáticos extremos, adaptarse y recuperarse preservando las funciones y estructuras del lugar).

Ahora existe el riesgo de que en que otros países utilicen la inacción de Estados Unidos como excusa para relajar sus propios esfuerzos, lo que significaría que se sobrepasaría el límite de temperatura de 2 ºC como promedio mundial. También puede tener consecuencias para países como la Argentina, en términos de cooperación, tanto en la transición energética e industrial como en el financiamiento orientado a medidas de adaptación.

La Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, asumió un liderazgo político en materia de cambio climático, que se remonta a 1993, con la Ley Nº 24.295 que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pasando por múltiples instrumentos normativos. Recientemente, se destacan la adhesión al Acuerdo mediante la Ley Nº 27.270 y el Decreto 891/2016, mediante el cual se crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático.

Los impactos del cambio climático afectaron profundamente a la Argentina en los últimos años. No estamos preparados para hacer frente a estragos que suceden cada vez con mayor frecuencia y no en todos los lugares por igual.

En la provincia de Buenos Aires, las consecuencias del cambio climático son contundentes: incremento de la frecuencia e intensidad de eventos extremos, como inundaciones, sequías, tornados, rayos y olas de calor. En la primera mitad del siglo pasado, los días con precipitaciones mayores a 100 milímetros no pasaban de dos o tres por década. A partir de 1970 esa cifra se elevó a seis por década. En 2000-2010 hubo siete días de eventos climáticos extremos, con consecuencias serias para la infraestructura, la economía y la vida de las personas.

Cantidad de precipitaciones mayores a 100 mm. por década en la provincia de Buenos Aires

También la Región Metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad de Buenos Aires y los municipios del Conurbano Bonaerense, es una zona vulnerable frente al impacto del cambio climático. Según el Índice Síntesis de Vulnerabilidad Social frente a Desastres en la Conurbación, elaborado en el marco de la Tercera Comunicación Nacional de la Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2015), de los 35 municipios que conforman la Región Metropolitana, 15 tienen un índice alto; 17, uno medio; y sólo tres municipios poseen un valor bajo de vulnerabilidad frente al cambio climático. El índice identifica las posibilidades de cada municipio para prepararse, hacer frente y recuperarse de los efectos de una inundación, una sequía o un tornado.

El gran desafío para la región es entonces pensar en una agenda de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que aborde las consecuencias del cambio climático, que reduzca la vulnerabilidad de la población y, por consiguiente, el riesgo. Las medidas de adaptación pueden ir desde obras y mantenimiento de infraestructuras que controlen las crecidas de los ríos; pasando por un sistema robusto de captación y análisis de variables climáticas; hasta acciones de evacuación, capacitación y concientización con los vecinos, diseñadas para cada barrio, en función de sus características, necesidades y costumbres particulares.

El programa de Ciudades de CIPPEC está desarrollando propuestas de política pública para enfrentar las consecuencias del cambio climático en el marco de “AMBA Resiliente”, una iniciativa que buscará reunir a los principales actores del sector público, sector privado y la sociedad civil para que el área metropolitana esté preparada.

Hacer las ciudades resilientes es responsabilidad de todos: gobiernos nacionales; asociaciones de gobiernos locales; organizaciones internacionales y regionales; y la sociedad civil, el sector privado; las instituciones académicas y asociaciones profesionales; así como todos los ciudadanos. Todas las partes interesadas deben estar a bordo, asumir su papel y contribuir a construir ciudades resistentes.

En la Argentina la evaluación de los resultados e impactos que tienen las políticas públicas se realiza a voluntad de los funcionarios. Por ejemplo, los ministerios de Educación, Trabajo y Empleo, y Producción de la Nación tienen áreas específicas dedicadas a la evaluación de las políticas. En algunas provincias como Santa Fe se observa el esfuerzo por evaluar políticas como el Plan Abre o el Plan del Norte, y el de la ciudad de Rafaela por crear una Agencia Municipal de Evaluación. En la provincia de Buenos Aires existe un esfuerzo por la evaluación de la gestión. Sin embargo, los esfuerzos están desarticulados.

La Constitución Nacional otorga a la Jefatura de Gabinete la misión monitorear y evaluar, articular los sistemas de evaluación sectoriales, y desarrollar un sistema de seguimiento de los programas de gobierno. Sin embargo, 23 años después de creada su figura, no es evidente una estrategia nacional de evaluación de las políticas públicas.

El camino que eligieron algunos países federales fue el de crear organismos estatales dedicados a regular o coordinar las evaluaciones de políticas. Canadá, México, España y Brasil son ejemplos de enfoques distintos que buscan garantizar la práctica de la evaluación de los resultados e impactos de planes y programas para generar aprendizajes que permitan gobernar mejor.

En los últimos años, el Congreso Nacional produjo por lo menos cinco proyectos de ley (dos en diputados y tres en senadores) para crear una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que no llegaron a ser tratados con profundidad.

En la Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe (EVAL 2017), desde CIPPEC pensamos que la creación de un organismo de evaluación en Argentina podría:

1. Generar mayor conocimiento y aprendizajes sobre las políticas públicas que permitan a los funcionarios tomar mejores decisiones.

2. Garantizar procesos transparentes de producción y difusión de información, contribuyendo a aumentar la transparencia de la función pública.

3. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, como el Informe sobre el Estado de la Nación o el Informe mensual sobre la marcha del Gobierno que realiza el Jefe de Gabinete.

4. Articular y mejorar los esfuerzos actuales de planificación y evaluación al interior de la Administración Pública.

Entre sus posibles funciones podría incluirse la regulación del diseño de planes y programas con criterios rectores y conductas en evaluación; el desarrollo de un Plan Nacional de Evaluación que oriente y coordine la gestión de la evaluación; la articulación de recursos e información con actores relevantes de todos los sectores; el desarrollo de capacidades de evaluación a nivel federal; la gestión del conocimiento que surge de evaluaciones (seguimiento de las recomendaciones, difusión de resultados, hallazgos y aprendizajes); y la articulación tanto hacia el interior del gobierno, como desde el organismo con otros poderes del Estado y la sociedad civil.

“El rol de los think tanks en la era de la post verdad” fue el tema que sobrevoló el encuentro del T20 que se desarrolló el 29 y 30 de mayo en Berlín, del que CIPPEC tuvo el honor de participar. La necesidad de comunicar mejor las recomendaciones de política que realizamos los thinks tanks en todo el mundo, sobre todo en un momento de crisis de valores, se vuelve central.

Durante el encuentro diversas organizaciones propusieron políticas públicas destinadas a reducir los efectos del cambio climático, uno de los temas más importantes del encuentro de líderes del G20 que se desarrollará este año el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. Con la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París, recientemente anuncia, el trabajo de los think tanks con evidencia y propuestas concretas, se vuelve aún más relevante.

Por esto les quiero acercar aquí (click sobre la imagen) las propuestas para frenar el cambio climático que think tanks de todo el mundo le elevaron a los líderes del G20.