La paridad de género en el Congreso Nacional

El Congreso de la Nación está debatiendo un proyecto de reforma electoral elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto propone reemplazar el sistema de votación, y el modo de presentación y selección de los candidatos. Sin embargo, no hace referencia a la ley de cupo femenino (24.012) que actualmente rige a nivel nacional para la conformación de las listas legislativas.

Argentina pionera del cupo femenino. Nuestro país junto a Costa Rica (1990) fue pionero en Latinoamérica al introducir el cupo femenino en 1991.  No obstante, la ley era insuficiente para garantizar el acceso de las mujeres a espacios de poder. Los partidos resistieron desde el comienzo su implementación reinterpretando la norma a conveniencia, pero los modos de hacerlo variaron a lo largo de los años. En respuesta, fueron adoptándose distintas disposiciones legales (Decreto reglamentario 379/93; Decreto reglamentario 1246/2000) tendientes a hacer efectiva la implementación del cupo. La justicia no colaboró tampoco: fue poco receptiva a los planteos judiciales de las candidatas afectadas por el incumplimiento de la ley. El Consejo Nacional de la Mujer (que a partir de 1995 por disposición de la CNE pudo efectuar acciones legales en nombre de todas las candidatas) y la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la resolución de una controversia que involucraba la interpretación de esta norma fueron elementos clave para forzar una aplicación más efectiva.[1]

Sin embargo, hoy sigue habiendo resistencias a la aplicación del cupo. Los partidos políticos continúan siendo reticentes y los controles y sanciones no parecen ser del todo eficaces. En efecto, durante la elección general 2015, en al menos 4 provincias (Misiones, Santa Fe, Buenos Aires, y Salta) hubo listas que incumplieron con alguno de los requisitos establecidos en la ley de cupo: presencia de mujeres, alternancia, suplencias (ELA, 2015).

De la vanguardia al retraso en la legislación. La regulación sobre la representación de las mujeres en la cámara de diputados vigente en Argentina se encuentra rezagada respecto de otros países de la región (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, entre otros) y europeos (Francia y España) que ya han introducido una regla de equidad en la representación legislativa (paridad).  Incluso se encuentra rezagada respecto de algunas provincias argentinas que han adoptado el mismo criterio: Córdoba (2000), Santiago del Estero (2000)  y Río Negro (2002).

Dinero, partidos y campañas. Cómo avanzar hacia un sistema de financiamiento más eficiente y transparente

Desde la reforma electoral nacional de 2009, Argentina tiene un régimen de financiamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales que se basa principalmente en aportes públicos.
Hasta ahora la norma fue aplicada en tres procesos electorales y sirvió de marco para el ejercicio del financiamiento ordinario de los partidos. El balance de esa experiencia acumulada es desparejo. Por un lado, se garantiza un piso de equidad al permitir el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación masiva. Por otro, hay fuertes indicios de que la mayor parte del gasto de los partidos y las campañas ocurre informalmente, ya sea en forma de aportes y gastos no declarados o del abuso de recursos públicos con fines partidistas.

Esta informalidad tiene efectos perjudiciales para la transparencia e integridad de las instituciones democráticas: interfiere con el derecho de todo elector a hacer un voto informado; facilita la captura o influencia por parte de intereses de grupos particulares y genera el riesgo de que la política partidaria y electoral se financie con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Este documento analiza el desempeño del régimen de financiamiento de partidos y campañas desde la reforma de 2009 y discute la evidencia que sugiere altos niveles de informalidad y los mecanismos e incentivos que la propician. También propone reformas destinadas a alentar una mayor transparencia y control de los recursos de la política partidaria y electoral.

Entre las principales recomendaciones se destacan: prohibir los aportes en efectivo; permitir aportes de empresas a las campañas y discutir la posibilidad de permitir los aportes de sindicatos; permitir la reversibilidad de los aportes; crear un mecanismo de declaración en línea y de monitoreo de las actividades partidarias y de campaña para agilizar la publicación de la información y los controles; agilizar la apertura y operación de las cuentas y subcuentas y la habilitación de medios electrónicos de pago para hacer aportes; ampliar el período de campaña para que comience al inscribirse las precandidaturas.

Para fortalecer el efecto disuasorio de las sanciones: hacer a los candidatos corresponsables y disponer que las alianzas no puedan disolverse hasta que se haya aprobado su rendición de campañas.
Para evitar el abuso de los recursos del estado: prohibir los anuncios y la publicidad de actos de gobierno durante todo el período de campaña, regular la publicidad oficial; revisar los requisitos que deben cumplir los partidos para mantener la personería y acceder al financiamiento y prohibir el uso de la cadena de radiodifusión nacional durante la campaña.

Finalmente, es crucial buscar mecanismos de acuerdo para que las provincias adhieran a la legislación nacional o sancionen sus propias normas de forma que se complementen con el régimen nacional; y el compromiso de las autoridades partidarias y los referentes de los sectores que hoy aportan informalmente a las campañas, para acordar mecanismos, esfuerzos coordinados y metas de formalización.

América Latina después de PISA: lecciones aprendidas en siete países (2000-2015)

Este libro presenta el primer análisis sistemático comparado de los siete países que participaron regularmente de las pruebas PISA entre 2000 y 2012: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Quince años después, podemos analizar cómo evolucionaron los países y qué hay detrás de los resultados.

¿Qué pasó en la educación de América Latina durante el siglo XXI? ¿Qué políticas educativas implementaron los países entre 2000 y 2015? ¿Cuáles fueron sus resultados educativos? ¿Qué hipótesis explican esos resultados? ¿Qué lecciones podemos aprender para el futuro de la educación?

Para evitar los mitos asociados con las pruebas, que no son ni una verdad revelada ni pueden ser ignoradas para entender los cambios educativos. Para evitar las explicaciones simplificadas y de las lecturas acusatorias. Para comprender qué pasó en los países con una mirada profunda y sensata.

Más de 100 entrevistas con especialistas y actores políticos de la educación de los siete países. Más de 500 documentos revisados. Una sistematización rigurosa de múltiples fuentes estadísticas, entre ellas las evaluaciones de calidad de todos los países, las pruebas TERCE de la UNESCO y las PISA de la OCDE. “América Latina después de PISA” es uno de los mayores estudios comparados de corte cualitativo y cuantitativo sobre la política educativa en la región de los últimos años.

El proyecto original, titulado MAPEAL (Mapa de la Política Educativa en América Latina) fue desarrollado por CIPPEC con el apoyo de Natura Regional e Instituto Natura. Contó con la colaboración de Educación 2020 (Chile), Empresarios por la Educación (Colombia), Vía Educación (México) y GRADE (Perú).

De qué hablan los Presidentes. La rendición de cuentas desde la reforma constitucional de 1994

El estudio permite identificar los sectores de política que priorizan los presidentes: empleo, producción, educación, salud y desarrollo social cuando rinden cuentas; educación, obra pública y vivienda y justicia cuando hacen propuestas.

Del análisis también se desprende que suele darse un aumento en la duración de los discursos y la cantidad de indicadores mencionados a lo largo del período analizado.

Sin embargo, la calidad de la información es mejorable, ya que predominan los indicadores relativos a la gestión y administración del Estado y no los indicadores vinculados con el impacto y los resultados de las políticas públicas. Sólo en el 9% de los casos se puede ver la evolución de un mismo indicador a lo largo del período analizado.

Índice de transparencia presupuestaria provincial. Edición 2016.

Esta edición del ITPP muestra una revisión histórica de los niveles de transparencia presupuestaria provincial desde 2010. Allí se evidencia que Córdoba es la provincia que ocupó más veces el primer lugar del ranking, y es la que obtuvo el mejor promedio de todas las mediciones. La Pampa es, por el contrario, la que ocupó en más ediciones el último lugar. Al analizar la variación porcentual en los puntajes de todas las jurisdicciones entre la medición de 2010 y la de 2016, la provincia que evidencia un mayor avance es Chaco, que aumentó su puntaje en un 148%. Le siguen La Rioja, Tierra del Fuego y Santa Fe que mejoraron en más de un 40% sus puntajes. Las jurisdicciones más constantes fueron Neuquén, Catamarca, San Juan, Río Negro y Salta.

Un análisis completo de transparencia debe tener en cuenta sus dos dimensiones: el derecho de acceso a la información y la transparencia activa. La primera refiere al deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregarla, salvo que exista un motivo fundado de secreto o reserva, y fue reconocido legalmente en la ley 27275 aprobada en septiembre de este año por el Congreso de la Nación. La segunda dimensión apunta a la provisión permanente de información pública, por ejemplo, a través de los sitios web de los organismos oficiales. La transparencia activa en materia presupuestaria por parte de las jurisdicciones provinciales es el eje de la evaluación que realiza CIPPEC desde 2010 a través del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP).