Este trabajo argumenta: a. Que la capacidad de progreso tecnológico e innovador de las empresas en el contexto productivo actual está estrechamente vinculada al desarrollo de formas colaborativas de producción estructuras desintegradas o en red en el marco de un contexto dominado por una incertidumbre creciente; b. Que la capacidad de estas redes para identificar y vincularse con actores portadores de conocimientos distintos pero complementarios, traspasando los limites sectoriales y disciplinarios tradicionales, es crucial para superar las limitaciones de recursos o conocimientos relevantes para el upgrading tecnológico y la innovación conjunta; y c) Que el diseño de las políticas públicas de CTI, más allá de los avances registrados en la última década, debe incorporar las lecciones obtenidas de la experiencia reciente en el país en materia de ecosistemas productivos intensivos en tecnología y conocimiento para fungir como mecanismos catalizadores de una mayor masa crítica de tales configuraciones productivas.
Presupuesto 2017: más realismo, déficit fiscal y nueva modalidad de financiamiento
CIPPEC estima -bajo determinados supuestos- que en 2017 el déficit fiscal primario podría alcanzar los $ 503.234 millones, ampliándose a $ 759.164 si se adicionan los intereses de la deuda. Considerando los compromisos en materia de amortización de la deuda, las necesidades financieras ascenderían a $ 1.986.428 millones, de los cuales aproximadamente el 50% deberá cubrirse con emisión de deuda.
Informe de coyuntura
El gobierno de Mauricio Macri inició su gestión económica con una excelente largada. El diagnóstico sobre los problemas a resolver era adecuado: para volver a crecer sostenidamente había que evitar que las tensiones inflacionarias y de escasez de divisas dominen la escena, y se necesitaba, además, cambiar las fuentes del crecimiento desde el consumo hacia la inversión y las exportaciones. Los primeros pasos en esa dirección involucraron tres objetivos de política: romper con la dominancia fiscal, recuperar competitividad externa y acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.
Sobre el atraso cambiario, la política de unificación cambiaria y devaluación del peso también fue inicialmente en el sentido correcto: según el BCRA, entre comienzos de diciembre y marzo, el tipo de cambio real multilateral (que, aunque imperfectamente, refleja la competitividad externa) se depreció aproximadamente un 45%. Adicionalmente, la solución del conflicto con los holdouts abrió las puertas para la recuperación del crédito externo. En cuanto a la desactivación de los mecanismos de la dominancia fiscal, un paso crucial era corregir el atraso tarifario. Las políticas anunciadas por el gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas y de transporte fueron en ese sentido: de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2016 los subsidios económicos se redujeron un 21% en términos nominales.
Sin embargo, el gobierno no logró evitar que el traslado (pass through) de la devaluación a precios desatase una espiral de aumentos de precios y salarios. Para colmo, los reajustes preventivos de precios habían comenzado antes de la devaluación, no sólo en bienes transables sino también en no transables (cuyos costos no están ligados al tipo de cambio). Esto y el impacto directo del aumento del tipo de cambio nominal producto del levantamiento del cepo elevaron de manera considerable el ritmo de inflación por encima de los registros observados al final del gobierno precedente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones paritarias y que se concretara el reajuste de tarifas.
El stock de capital en la industria pyme: condiciones para modernizar la maquinaria y el equipo de producción
La capacidad tecnológica de la empresa es una de las variables determinantes del desarrollo productivo de un país. De su posición tecnológica depende la productividad de la economía, su competencia en los mercados mundiales, sus posibilidades de abastecer el mercado local con productos de calidad, y de generar empleo de altos estándares que permitan mejores condiciones de vida.
Los empresarios mantienen una actitud pasiva frente a la modernización tecnológica, descuidando la formación del capital como elemento indispensable para construir una función de producción de alta competitividad. Pero modificar esa conducta requiere que el Estado argentino, que por décadas premió la inversión especulativa y castigó la productiva, tome un rol activo en políticas comprometidas: impulsar a los bancos a otorgar créditos en función del proyecto de inversión y no de las garantías reales, extender, simplificar y bajar costos de los mecanismos de leasing, o limitar el porcentaje de crédito que los bancos destinan a consumo, hasta desgravaciones tributarias agresivas para incorporar tecnología de punta.
Corriendo los desequilibrios en el sector energético: impacto de una convergencia tarifaria gradual con tarifa social
Parte del desequilibrio en el sector proviene de una política de tarifas prácticamente congeladas en términos reales en la última década. En este contexto, CIPPEC propone una convergencia tarifaria planteada en forma gradual, a lo largo de 8 años, con un componente social que exima de las subas a los hogares más vulnerables.
La convergencia tarifaria planteada requiere ajustes reales importantes y sostenidos, cuya profundidad depende de la trayectoria futura de los precios internacionales. El impacto directo de un ajuste tarifario como el propuesto en este documento sobre la inflación rondaría el medio punto porcentual y reduciría el ritmo de crecimiento del producto en 0,5 puntos en los primero 8 años de aumentos tarifarios. La contracara sería una reducción del peso de los subsidios energéticos equivalentes a 6 puntos del PIB hacia 2019.
Un esquema de aumentos graduales de las tarifas en el sector energético, permitiría una adecuación progresiva del nivel y la estructura de la demanda. Asumiendo el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales con precios y costos adecuados, este escenario de demanda permitiría recuperar en el año 2029 el autoabastecimiento energético perdido a partir del año 2011.