Un haz de luz sobre la Revisión Tarifaria Integral en Distribución Eléctrica en el AMBA

El presente trabajo analiza el proyecto de Revisión Tarifaria Integral (RTI) que está llevando a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para las dos distribuidoras de la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajo su órbita, EDENOR y EDESUR, que debe concluir con una nueva tarifa para fines de diciembre de 2016. El trabajo se detiene sobre dos variables claves a este proceso como son la determinación de la base de activos regulada, y la tasa de retorno aplicada por el regulador (WACC).
Esta es la primer RTI que tiene el servicio de distribución eléctrica nacional en su historia y se da luego de un período de aproximadamente quince años de cuasi-congelamiento tarifario, y en un momento en el cual variables macroeconómicas claves para este proceso de revisión, como las tasas de inflación y de interés están lejos de sus valores de equilibrio. En este contexto, es importante que el regulador lleve un cronograma claro de información y apertura de las decisiones que vaya tomando, para que las mismas sean debatidas y explicadas con su debido tiempo a todos los interesados. Se observa que en algunos casos, esto no ha ocurrido en esta RTI.

El ENRE no ha brindado documentación que permita justificar, en base a lo estipulado por la Ley 24.965, el cálculo de la tasa de rentabilidad. El regulador debería explicar la elección final de cada una de las variables que componen los costos de capital y de la deuda, como también la ponderación elegida entre los mismos. También sería conveniente que realice estudios de sensibilidad sobre el WACC y ver cómo los diferentes escenarios impactan en las tarifas que pagan los consumidores.

El surgimiento de ecosistemas productivos de alta tecnología en Argentina: Evidencias, aprendizajes y el rol de las políticas públicas

Este trabajo argumenta: a. Que la capacidad de progreso tecnológico e innovador de las empresas en el contexto productivo actual está estrechamente vinculada al desarrollo de formas colaborativas de producción –estructuras desintegradas o en red– en el marco de un contexto dominado por una incertidumbre creciente; b. Que la capacidad de estas redes para identificar y vincularse con actores portadores de conocimientos distintos pero complementarios, traspasando los limites sectoriales y disciplinarios tradicionales, es crucial para superar las limitaciones de recursos o conocimientos relevantes para el upgrading tecnológico y la innovación conjunta; y c) Que el diseño de las políticas públicas de CTI, más allá de los avances registrados en la última década, debe incorporar las lecciones obtenidas de la experiencia reciente en el país en materia de ecosistemas productivos intensivos en tecnología y conocimiento para fungir como mecanismos catalizadores de una mayor masa crítica de tales configuraciones productivas.

Presupuesto 2017: más realismo, déficit fiscal y nueva modalidad de financiamiento

CIPPEC estima -bajo determinados supuestos- que en 2017 el déficit fiscal primario podría alcanzar los $ 503.234 millones, ampliándose a $ 759.164 si se adicionan los intereses de la deuda. Considerando los compromisos en materia de amortización de la deuda, las necesidades financieras ascenderían a $ 1.986.428 millones, de los cuales aproximadamente el 50% deberá cubrirse con emisión de deuda.

Informe de coyuntura

El gobierno de Mauricio Macri inició su gestión económica con una excelente largada. El diagnóstico sobre los problemas a resolver era adecuado: para volver a crecer sostenidamente había que evitar que las tensiones inflacionarias y de escasez de divisas dominen la escena, y se necesitaba, además, cambiar las fuentes del crecimiento desde el consumo hacia la inversión y las exportaciones. Los primeros pasos en esa dirección involucraron tres objetivos de política: romper con la dominancia fiscal, recuperar competitividad externa y acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.

Sobre el atraso cambiario, la política de unificación cambiaria y devaluación del peso también fue inicialmente en el sentido correcto: según el BCRA, entre comienzos de diciembre y marzo, el tipo de cambio real multilateral (que, aunque imperfectamente, refleja la competitividad externa) se depreció aproximadamente un 45%. Adicionalmente, la solución del conflicto con los holdouts abrió las puertas para la recuperación del crédito externo. En cuanto a la desactivación de los mecanismos de la dominancia fiscal, un paso crucial era corregir el atraso tarifario. Las políticas anunciadas por el gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas y de transporte fueron en ese sentido: de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2016 los subsidios económicos se redujeron un 21% en términos nominales.

Sin embargo, el gobierno no logró evitar que el traslado (pass through) de la devaluación a precios desatase una espiral de aumentos de precios y salarios. Para colmo, los reajustes preventivos de precios habían comenzado antes de la devaluación, no sólo en bienes transables sino también en no transables (cuyos costos no están ligados al tipo de cambio). Esto y el impacto directo del aumento del tipo de cambio nominal producto del levantamiento del cepo elevaron de manera considerable el ritmo de inflación por encima de los registros observados al final del gobierno precedente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones paritarias y que se concretara el reajuste de tarifas.

El stock de capital en la industria pyme: condiciones para modernizar la maquinaria y el equipo de producción

La capacidad tecnológica de la empresa es una de las variables determinantes del desarrollo productivo de un país. De su posición tecnológica depende la productividad de la economía, su competencia en los mercados mundiales, sus posibilidades de abastecer el mercado local con productos de calidad, y de generar empleo de altos estándares que permitan mejores condiciones de vida.

Los empresarios mantienen una actitud pasiva frente a la modernización tecnológica, descuidando la formación del capital como elemento indispensable para construir una función de producción de alta competitividad. Pero modificar esa conducta requiere que el Estado argentino, que por décadas premió la inversión especulativa y castigó la productiva, tome un rol activo en políticas comprometidas: impulsar a los bancos a otorgar créditos en función del proyecto de inversión y no de las garantías reales, extender, simplificar y bajar costos de los mecanismos de leasing, o limitar el porcentaje de crédito que los bancos destinan a consumo, hasta desgravaciones tributarias agresivas para incorporar tecnología de punta.